El consejero de Desregulación y Servicios Sociales anuncia que la región recurrirá a la vía judicial para oponerse a nuevos repartos
Regala esta noticia Añádenos en Google El consejero de Desregulación y Servicios Sociales, Óscar Fernández Calle, en una comparecencia en el Parlamento regional. (Asamblea)Juan Soriano
12/06/2026 a las 13:28h.La Junta de Extremadura pide permiso a la Fiscalía para hacer pruebas médicas a aquellos menores extranjeros no acompañados (conocidos como menas) sobre los que ... existen dudas sobre su edad real. En caso de superar los 18 años, dejarían de ser atendidos por el sistema autonómico de acogida.
«Queremos saber quién es realmente menor de edad», ha indicado. Con ello se pretende dar seguridad jurídica y «sentido común» al funcionamiento del sistema extremeño de acogida de menores, que según ha señalado se encuentra actualmente «al límite». Algo que, a su juicio, se debe a las «nefastas políticas» del Gobierno central de Pedro Sánchez, que en su opinión fomentan la «inmigración ilegal y masiva».
Fernández Calle, uno de los dos consejeros de Vox que forman parte del Ejecutivo extremeño de coalición con el PP, ha señalado que actualmente hay 104 menores extranjeros en el sistema de acogida regional. Se encuentran en centros como el de Caminomorisco y en viviendas repartidas por varias localidades de la comunidad.
El consejero de Desregulación y Servicios Sociales ha asegurado que no se pretende hacer pruebas «de forma indiscriminada», sino sólo en aquellos casos en los que no hay garantías de que se está ante un menor de edad, ya sea por falta de documentación o porque hay dudas sobre la veracidad de esos papeles. «Es una realidad que hay fraude en esos documentos». Pero no ha precisado sobre cuántos de los menores acogidos en la actualidad hay dudas.
Fernández Calle ha añadido que también se harán pruebas a aquellos que estaban en centros para adultos y que se han declarado menores, con lo que han pasado al sistema específico de acogida, que cuenta con más recursos y una atención distinta. Según ha indicado, en lo que va de año se han dado ocho casos de este tipo, mientras que en los dos ejercicios anteriores hubo más de treinta.
También ha explicado que la Junta de Extremadura no puede realizar estas pruebas de determinación de edad, sino que depende de la Fiscalía de Menores, con la que la Consejería de Servicios Sociales mantiene un contacto permanente debido a estas y otras competencias. En caso de que se dé el permiso, corresponderá al Servicio Extremeño de Salud hacer los exámenes pertinentes. Esas pruebas ya se hacían en determinados supuestos.
Óscar Fernández Calle ha añadido que la Junta actuará «conforme a la ley», pero que el objetivo es velar por los intereses de la región y el correcto uso de sus recursos. Según expuso el pasado miércoles en una comparecencia en la Asamblea de Extremadura, el coste mensual de una plaza de acogida de estos menores asciende a 7.100 euros al mes.
Recurrir nuevos repartos
Junto a esto, el vicepresidente y consejero de Desregulación ha anunciado que la Junta de Extremadura recurrirá a la vía judicial para tratar de evitar el reparto de nuevos menores extranjeros no acompañados a la región.
Fernández Calle ha explicado que existe la vía administrativa, pero que a partir de ahora también se acudirá a los tribunales para que no haya más traslados de «teóricos menores» a un sistema de acogida que considera colapsado. Hasta ahora se interponían alegaciones y recursos de reposiciones por vía administrativa, donde se ha conseguido paralizar más de 30. Y ahora se interpondrán recursos contenciosos administrativos, que se tramitan por la vía judicial.
En la actualidad, la asignación de plazas está regulada por un real decreto que está en vigor desde julio del pasado año, una norma que determina el traslado a otros territorios en los casos en los que una comunidad se declare en situación de contingencia migratoria extraordinaria. Ese decreto está recurrido ante el Tribunal Supremo El consejero ha añadido que desde su entrada en vigor Extremadura ha recibido a 43 menas.
Las medidas anunciadas están recogidas en el pacto de gobierno entre PP y Vox, que indica que la Junta de Extremadura «se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad». Asimismo, establece la realización de pruebas de edad «para evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios».
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