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La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo. SUR La Junta refuerza con respaldo jurídico y psicológico la autoridad del profesoradoUn decreto garantizará su asistencia jurídica gratuita en caso de sufrir violencia física o verbal y remitirá a la Fiscalía estos incidentes
Miércoles, 17 de diciembre 2025, 01:00
... jurídico y psicológico. Así lo contempla el decreto aprobado ayer por el Gobierno andaluz que desarrolla la Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado.Con esta norma, la declaración del profesorado como autoridad pública se traduce en que «su testimonio tendrá presunción de veracidad y contará con el respaldo legal necesario en el ejercicio de sus funciones».
Con este decreto la Junta remitirá a la Fiscalía los casos de agresiones físicas y verbales al profesorado, ya que impulsará ante al Ministerio Fiscal que califique como atentado esos episodios de violencia que sufran los docentes en los centros educativos, incluyendo incluso el ciberacoso.
Según la consejera, desde el comienzo del curso cerca de 70 profesores han solicitado la asistencia jurídica en Andalucía por agresiones físicas o verbales o daños personales y materiales.
Además, sostuvo que «en la mayoría de los centros la convivencia es modélica, aunque en algunos hay casos de falta de respeto y los casos de agresiones a profesores ha mejorado en los últimos años, entre cincuenta y setenta casos por curso, que obedece también a que se están mejorando los resultados escolares».
María del Carmen Castillo resaltó además que «se trata de una herramienta fundamental para garantizar que los colegios e institutos sean entornos de enseñanza seguros y respetuosos».
La asistencia psicológica se proporcionará para ayudar a superar la repercusión en el profesorado de agresiones o situaciones de conflicto en su salud y rendimiento laboral. Por su parte, la asistencia jurídica cubrirá la representación y defensa en juicio, tanto en procedimientos incoados contra el docente como en aquellos promovidos por él en defensa de sus derechos.
La norma contempla también apoyo especializado a los docentes a través de la creación de la Unidad de Apoyo al Profesorado en cada provincia y que ejercerán perfiles profesionales especializados.
Esa Unidad se encargará de atender e informar al personal docente afectado por situaciones conflictivas; tramitar las solicitudes de asistencia jurídica y psicológica y evaluar el grado de conflictividad para prevenir futuros problemas, entre otras.
Este órgano atenderá cada caso de forma individual en función de la problemática que se plantee e informará al docente afectado las acciones concretas que pudieran emprender.
El propósito principal de esta iniciativa es «reforzar la consideración y el respeto hacia el personal docente de centros educativos en el ejercicio de sus funciones y de esa forma generar un clima de convivencia y respeto en toda la comunidad educativa».
Este decreto busca «garantizar la protección y que puedan ejercer su labor con dignidad y seguridad» con la premisa de que un profesorado «reconocido y respaldado» es esencial para el prestigio de la educación.
En la norma se incluyen medidas para la valoración social de la función docente y se prevé realizar campañas informativas y divulgativas en aumento de la consideración, respeto y prestigio del profesorado, visibilizando la importancia de su labor.
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