El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en la presentación de la Fundación Avanza. EFE
Reportajes ELECCIONES GENERALES La legislatura 'bluf' de Pedro Sánchez: las 27 promesas incumplidas por falta de votos en España y de apoyos en la UEEl adelanto al 29-N deja sin culminar los PGE de 2027, reformas sociales clave y compromisos con Junts dentro y fuera de España
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Julio César Ruiz Aguilar Publicada 6 octubre 2026 05:00h SíguenosEl 9 de septiembre, Pedro Sánchez aseguró en Televisión Española que las elecciones generales llegarían en 2027. "Ese es el compromiso", respondió cuando le preguntaron por un posible adelanto. En la misma entrevista garantizó otra cosa: el Gobierno presentaría los Presupuestos Generales del Estado durante 2026 y el debate de las cuentas tendría lugar antes de que terminara el año.
Veintiséis días después, el presidente compareció en La Moncloa para anunciar la disolución de las Cortes y convocar elecciones para el próximo 29 de noviembre. Las dos promesas quedaron liquidadas con la misma decisión.
Son las dos últimas de una lista más larga. La legislatura termina con al menos 27 compromisos relevantes formulados por el PSOE y el Gobierno desde la campaña de 2023, incorporados después al acuerdo de coalición con Sumar, pronunciados por Sánchez durante su investidura, pactados con sus socios parlamentarios o anunciados a lo largo de estos tres años que no han llegado a cumplirse en los términos en los que fueron formulados.
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, durante la votación de los decretos sociales y de vivienda en el Congreso, el pasado 2 de octubre. Juan Medina / Reuters.
Su naturaleza es distinta: algunas reformas fueron rechazadas por el Congreso; otras avanzaron durante meses y decaen ahora sin haber completado la tramitación parlamentaria; varias se quedaron todavía en fase de anteproyecto y determinadas promesas electorales simplemente no alcanzaron el objetivo fijado.
En Bruselas, además, el Gobierno tampoco consiguió reunir los apoyos necesarios para hacer oficial el catalán en las instituciones comunitarias. El resultado es el mismo para el balance de la legislatura: el Ejecutivo acudirá a las urnas sin haber culminado buena parte de su agenda.
Sin Presupuestos
Los Presupuestos resumen mejor que ningún otro asunto la fragilidad parlamentaria que ha acompañado al Ejecutivo. España ha atravesado toda la legislatura con las cuentas de 2023 prorrogadas y el Gobierno no ha conseguido llevar un nuevo proyecto presupuestario a las Cortes.
Sánchez mantuvo hasta septiembre que presentaría los de 2027, aunque entonces ya admitía que desconocía la fecha exacta. El adelanto electoral acaba también con ese intento y convierte en definitiva una anomalía que hasta ahora Moncloa presentaba como provisional.
Vivienda pendiente
La vivienda ofrece el otro gran balance pendiente. Sánchez llegó a definirla como una de las prioridades centrales de la legislatura y en la campaña de 2023 prometió construir 183.000 viviendas públicas destinadas al alquiler asequible, la mitad para jóvenes.
Aquel programa incluía además una cuenta de ahorro para facilitar la compra de la primera vivienda con hasta 30.000 euros libres de tributación y el compromiso de garantizar el desalojo de ocupaciones ilegales en un máximo de 48 horas. Ninguna de esas tres metas se ha materializado en los términos anunciados.
La vivienda, además, ha terminado siendo el detonante inmediato del adelanto: los dos decretos con los que el Gobierno pretendía intervenir sobre alquileres, desahucios y fiscalidad fueron rechazados el viernes en el Congreso, después de una legislatura en la que el problema escaló hasta convertirse en una de las principales preocupaciones de los españoles.
El PSOE había prometido también que el transporte público urbano sería gratuito para niños y estudiantes de hasta 24 años; el sistema vigente mantiene bonificaciones y tarifas reducidas para los jóvenes, pero no aquella gratuidad general.
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El capítulo laboral concentra algunas de las derrotas más visibles de la coalición. PSOE y Sumar firmaron en octubre de 2023 que la jornada máxima legal bajaría progresivamente hasta las 37,5 horas semanales en 2025. El proyecto llegó finalmente al Congreso y fue rechazado.
Después de aquella derrota, Yolanda Díaz trató de salvar una parte de la reforma mediante un nuevo registro horario digital, accesible de forma remota por la Inspección de Trabajo y con mayores obligaciones para las empresas. Trabajo anunció que lo llevaría al Consejo de Ministros en septiembre de este año, pero el mes terminó sin que fuera aprobado.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Eduardo Parra / Europa Press
El pacto de Gobierno contenía igualmente el compromiso de aprobar el Estatuto del Becario: el Consejo de Ministros sí remitió el proyecto al Congreso el pasado marzo, aunque la legislatura acaba antes de que pueda convertirse en ley.
También queda pendiente una de las últimas concesiones de Trabajo a los sindicatos. El Gobierno pactó en febrero con CCOO y UGT que las futuras subidas del salario mínimo serían efectivas y que una regulación específica impediría que determinados complementos salariales sirvieran para absorberlas. El Ejecutivo aprobó el SMI de 2026 en 1.221 euros al mes, pero la segunda parte del compromiso no ha llegado a culminarse.
Agenda social
La agenda social deja otros proyectos a medio camino. La Ley de Familias fue enviada al Congreso en febrero de 2024 mediante procedimiento de urgencia y, más de dos años y medio después, continúa en fase de enmiendas. El acuerdo de coalición recogía además la ampliación hasta las 20 semanas de los permisos por nacimiento y cuidado; el Gobierno los extendió, pero la duración quedó en 19 semanas.
A eso se añade una promesa especialmente concreta pronunciada por Sánchez en su discurso de investidura: fijar por ley un máximo de 30 días para recibir prestaciones como las ayudas a la dependencia. Esa garantía legal tampoco se ha aprobado.
En sanidad ocurrió algo parecido. PSOE y Sumar se comprometieron a establecer tiempos máximos de espera en todo el Sistema Nacional de Salud: 120 días para una intervención quirúrgica, 60 para una consulta especializada, 30 para pruebas complementarias y 15 días para la atención de salud mental de niños y adolescentes.
El Gobierno termina la legislatura sin haber aprobado esa ley. En educación, Sánchez prometió durante la campaña la gratuidad de la universidad y de la Formación Profesional superior para los estudiantes que aprobaran sus asignaturas a la primera; tampoco existe hoy ese régimen general, mientras el Estatuto del Personal Docente e Investigador universitario anunciado durante la investidura sigue pendiente pese a que la propia Ley Orgánica del Sistema Universitario establecía un mandato para avanzar en su regulación.
Pedro Sánchez, durante una conferencia internacional celebrada en Sevilla en julio de 2025. Marcelo del Pozo / Reuters.
Financiación pendiente
Una de las grandes reformas territoriales llegó más lejos, aunque demasiado tarde para completar su recorrido. El programa socialista de 2023 se comprometía a impulsar en un plazo máximo de un año un nuevo modelo de financiación autonómica.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera lo aprobó finalmente el pasado 4 de septiembre, más de dos años después del plazo anunciado, con 20.975 millones adicionales para las comunidades de régimen común. Hacienda explicó aquel mismo día que el siguiente paso sería redactar la ley, aprobarla en primera vuelta en el Consejo de Ministros y remitirla al Congreso. La convocatoria electoral interrumpe ahora ese camino.
Pactos con Junts
La disolución de las Cortes deja además sin ejecutar uno de los acuerdos más controvertidos alcanzados por el PSOE con Junts durante la legislatura: la delegación a Cataluña de competencias en materia de inmigración. El compromiso se remonta a enero de 2024, cuando los siete diputados de Carles Puigdemont amenazaron con tumbar los primeros decretos del Gobierno y el PSOE aceptó avanzar en una "delegación integral" de competencias.
Ambas formaciones registraron conjuntamente en marzo de 2025 una proposición de ley orgánica, pero la norma quedó bloqueada por la falta de una mayoría absoluta que el Ejecutivo no consiguió reunir, entre otras razones por el rechazo de Podemos. La Generalitat no asumirá esas competencias antes del final de la legislatura.
Míriam Nogueras pasa junto a Pedro Sánchez durante la votación de los decretos sociales y de vivienda en el Congreso, el 2 de octubre. Juan Medina / Reuters.
Tampoco prosperó otro de los grandes compromisos adquiridos con Puigdemont: convertir el catalán, junto al euskera y el gallego, en lengua oficial de la Unión Europea. El Gobierno español llevó la propuesta hasta en ocho ocasiones al Consejo de Asuntos Generales y todavía el pasado 22 de septiembre trató de desbloquearla, pero países como Alemania, Suecia, Lituania y Croacia mantuvieron sus reservas.
La reforma exige unanimidad de los Veintisiete y la legislatura termina sin ella, pese a que el ministro José Manuel Albares aseguró apenas unos días después que el Ejecutivo no pararía hasta lograr la oficialidad.
Sánchez convoca elecciones el 29-N para "doblegar a las élites" porque "en el Parlamento se pisan los intereses de la gente"Reformas bloqueadas
El balance se amplía cuando se revisan las reformas institucionales prometidas. La modificación de la llamada Ley Mordaza, registrada por PSOE, Sumar, Bildu y PNV en octubre de 2024 y tramitada por el procedimiento de urgencia, continúa en fase de informe en la Comisión de Interior.
También permanece en fase de informe la ley destinada a regular los grupos de interés o lobbies, mientras la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, presentada por el Gobierno en diciembre de 2024 para sustituir el marco vigente desde 1992, sigue todavía en enmiendas.
La misma suerte ha corrido el intento de sustituir la Ley de Secretos Oficiales de 1968. El Consejo de Ministros aprobó en julio de 2025 el proyecto de Ley de Información Clasificada y lo envió a las Cortes, pero más de un año después continúa en la Comisión Constitucional, en fase de enmiendas.
Aquel mismo día el Ejecutivo presentó otra iniciativa largamente reclamada, la regulación del secreto profesional de los periodistas, que quedó en primera vuelta como anteproyecto y tampoco llegará a convertirse en ley antes de la disolución.
La Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos tampoco superó la fase previa. El acuerdo de coalición comprometía su tramitación y el propio Plan Anual Normativo de 2026 seguía incluyéndola este año entre los proyectos pendientes del Gobierno.
La Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero avanzó bastante más: su proyecto alcanzó el Senado, pero todavía el 24 de septiembre acumulaba un veto y 37 enmiendas, de modo que el organismo que debía resolver gratuitamente los conflictos entre clientes y bancos, aseguradoras y otras entidades tampoco ha llegado a ponerse en marcha.
El adelanto se lleva por delante también una iniciativa que había llegado prácticamente al final de su recorrido parlamentario: la concesión de la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española. La proposición, impulsada inicialmente por Sumar y que podría beneficiar a unas 80.000 personas, fue aprobada por el Congreso en septiembre y estaba pendiente del Senado, donde el PP había presentado enmiendas.
Su debate estaba previsto para esta misma semana, pero la disolución hace decaer la ley y obliga a comenzar de nuevo la tramitación en la próxima legislatura si los grupos deciden recuperarla. Este caso no forma parte de las 27 promesas contabilizadas, pero amplía el catálogo de iniciativas que quedan enterradas por el adelanto.
Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa en Madrid junto al canciller alemán Friedrich Merz, en septiembre de 2025. Susana Vera / Reuters.
Pleno empleo
Queda, finalmente, una promesa económica que Sánchez colocó en el centro de la campaña con la que pidió otros cuatro años en La Moncloa. En julio de 2023 anunció un "Pacto por el Pleno Empleo" para reducir el desempleo hasta el entorno del 8% antes de 2027.
España ha mejorado sustancialmente sus datos de ocupación durante la legislatura y alcanzó los 22,78 millones de trabajadores en el segundo trimestre de este año, pero la última Encuesta de Población Activa sitúa todavía la tasa de paro en el 9,87%, con 2,49 millones de desempleados. El objetivo queda así pendiente junto al resto de compromisos que dependían de un último año de legislatura que finalmente no existirá.
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