La ley de amnistía aprobada por unanimidad en un debate histórico en la Asamblea Nacional de Venezuela supone un punto de inflexión en la política venezolana, todavía dominada por el chavismo, aunque bajo la tutela de Estados Unidos. El gobierno de Delcy Rodríguez cree que la ley sienta las bases para un nuevo futuro político, aunque ONGs y opositores expresan dudas en torno a la posibilidad de una reconciliación.
Bajo la tutela política de la administración de Donald Trump, la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), el poder legislativo del país, aprobó ayer la Ley de Amnistía. Se trata de una norma con la que, al menos en teoría, se da por finiquitada la persecución política de los opositores al chavismo y se deja en libertad a las personas encarceladas por haber expresado su oposición al régimen.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo sentirse "muy complacida" con la aprobación de la ley que, a su juicio, abre una puerta para que los ciudadanos se reencuentren y para que el país aprenda a convivir pacífica y democráticamente.La mandataria pidió el cierre de la temida cárcel de el Helicoide, señalada como centro de torturas por opositores.
"Para que Venezuela se despoje del odio, de la intolerancia, que primen los derechos humanos, que prime el amor, el entendimiento, el reconocimiento", añadió tras rubricar la legislación en el palacio presidencial de Miraflores, acompañada del presidente de la AN, Jorge Rodríguez, y del ministro de Interior, Diosdado Cabello.
Amnistía y exclusiones
Los diputados aprobaron conceder la amnistía sobre hechos o "faltas cometidas" durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, como el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de ese año y principios de 2003 y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024. Rodríguez también pidió al Parlamento que evalúe casos que no están contemplados en la ley aprobada para "curar heridas, reencauzar la convivencia democrática" y la justicia.
En el artículo 9 de la nueva legislación se excluyen de la aplicación de la amnistía los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción.
Igualmente, establece la exclusión de personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por "promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial" de Venezuela por parte de "Estados, corporaciones o personas extranjeras".
La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos en el país, tras más de 400 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado. La mayoría de estos detenidos no han recibido una condena y, de acuerdo a denuncias de familiares, ha habido retrasos en las audiencias de presentación ante tribunales y también en los procesos de juicios.
ONG y opositores con reservas
ONG defensoras de derechos humanos y opositores venezolanos expusieron sus reservas en publicaciones hechas en las redes sociales tras la aprobación de la ley. El coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, dijo que lo aprobado no corresponde "con el espíritu de paz y reconciliación que debería tener una norma de esa naturaleza".
El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, indicó en X que hay que recibir con optimismo la aprobación de la ley pero que también es restrictiva y deja por fuera "muchos casos".
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón señaló que el texto aprobado es "revictimizante, excluyente y, en lo absoluto, garantiza la liberación plena de todos los presos políticos".
Igualmente, el partido opositor Primero Justicia sostuvo que la ley es "insuficiente y sesgada".
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