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Víctor De Aldama, uno de los investigados en la trama. Belén Díaz La licencia de hidrocarburos y los 231 millones de fraude fiscalEl juez Pedraz reactiva esta semana la causa contra Aldama y su socio Rivas, quienes ocultan 73 millones en el extranjero según la UCO, con una batería de declaraciones
Lunes, 26 de enero 2026, 00:05
... enorme botín del fraude, parte escondido en terceros países, en el circuito doméstico legal? Las respuestas a este interrogante se pondrán encima de la mesa esta semana en un juzgado de la Audiencia Nacional, encargado de investigar una de las tramas de hidrocarburos que han distorsionado el mercado nacional desde antes de la pandemia y han provocado un agujero en las arcas públicas superior a los 1.000 millones de euros.Pero para llegar a la cima y perpetrar este fraude Rivas contó con un elemento esencial: Víctor de Aldama, el corruptor confeso del 'caso Koldo' que se ha propuesto «derribar» al Gobierno con sus confesiones. Una colaboración que le permitió salir de prisión en noviembre de 2024 a petición de la Fiscalía Anticorrupción, tras ser arrestado junto a su socio por estos hechos y con quien compartió celda en la misma prisión madrileña, Soto del Real, en la que ahora se encuentran José Luis Ábalos y Koldo García por riesgo «extremo» de fuga por el 'caso mascarillas', la adjudicación de contratos del Ministerio de Transportes a la empresa Soluciones de Gestión, para la que también trabajó el «conseguidor» y comisionista De Aldama.
Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, policía judicial en esta causa, Rivas fichó a Aldama para dos cometidos concretos. De una parte, utilizar su influencia en Transportes, a través del asesor ministerial de Ábalos, para conseguir que otros departamentos, en este caso Industria y, sobre todo, Transición Ecológica, agilizasen la licencia de operadora para que Villafuel pudiera entrar en el sector de hidrocarburos. Lograron su cometido en septiembre de 2022, cuando Ábalos y Koldo ya habían salido de Transportes, aunque en ningún caso con la diligencia con la que contaba Rivas cuando se embarcó en este cometido en diciembre de 2020.
Del otro lado, Rivas utilizó el entramado societario y la presunta red de testaferros de Aldama para desviar al extranjero los millones acumulados del fraude fiscal. Un primer cálculo de la Agencia Tributaria cifra en 73,9 millones las transferencias a Portugal, Macao (China) y Colombia hasta marzo de 2024, algunos de los cuales retornaron a España en forma de inversiones inmobiliarias (Madrid, Málaga o Cádiz) o la adquisición de bienes de lujo como vehículos de alta gama (caso de un Ferrari F-12 valorado en 200.000 euros) o vino (una mercantil canaria de la trama llegó a pagar 30.000 euros por botellas de Vega Sicilia).
El último informe de la UCO, de diciembre pasado, asegura que existen «indicios bastantes de una posible penetración de la organización criminal en los niveles directivos» de hasta tres ministerios. El objetivo era conseguir la licencia para Villafuel y para ello la trama, detallan los investigadores, abrió una primera puerta en Transportes utilizando la influencia de Aldama sobre Koldo, al que sostienen que tuvo a sueldo (10.000 euros al mes) desde los contratos de mascarillas y que habrían gastado «un kilo» en comprar voluntades políticas.
Un expediente de 600 días
Según Anticorrupción, las influencias ante distintas instancias ministeriales se materializaron en las reuniones con Juan Ignacio Díaz Bidart, primero de forma informal el 21 de diciembre de 2020 y, después, en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el 28 de diciembre de 2020 y el 13 de enero de 2021. También en los contactos que Koldo García mantuvo con Marc Pons, jefe de gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los días 8 de abril y 8 de julio de 2021. Díaz Bidart fue la mano derecha de la exministra Reyes Maroto y Pons, de Teresa Rivera, hoy vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Competencia.
No obstante, estas menciones fueron rebatidas el pasado 13 de diciembre por el ministerio ahora dirigido por Sara Aagesen, negando cualquier «trato de favor» del equipo de su antecesora. Según la nota, el expediente de Villafuel, lejos de ser tramitado de manera exprés por influencias o presiones externas, «tardó en resolverse casi tres veces más que la media». Es decir, el proceso se demoró unos 600 días frente a los 230 días que tardan en gestionarse estos expedientes.
Pero esas cinco reuniones, rebatieron, no habrían tenido efecto alguno, ya que Transición Ecológica realizó sucesivas peticiones de información y aclaraciones para verificar el cumplimiento de los requisitos de Villafuel en dos procedimientos. En el primero, la administración inadmitió la solicitud el 9 de diciembre de 2021. La empresa presentó un recurso de reposición, que fue rechazado, y el expediente se cerró. Luego inició un segundo procedimiento en julio de 2022, volviendo a presentar su solicitud, y esta vez sí acreditó los requisitos técnicos y financieros exigidos por la normativa (aportar una fianza de tres millones de euros), de modo que empezó a operar el 15 de septiembre de 2022, es decir, 14 meses después de que Ábalos y Koldo salieran de Transportes y perdieran todo su poder.
En suma, todas estas versiones llegarán esta semana al juzgado con las testificales de Pons y Díaz Bidart este miércoles. El mismo día en que está citado Claudio Rivas, pero en calidad de investigado. Ya el jueves será el turno de Aldama y el viernes están llamadas dos lugartenientes de Rivas: la empresaria Carmen Pano, quien dijo haber llevado en bolsas 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz, un hecho desmentido por Aldama, y su hija Leonor González.
Más interrogatorios y la confusión de la UCO con el director de Minas
Esta ronda de declaraciones en el juzgado de la Audiencia Nacional también incluye la testifical de Manuel García Hernández, director general de Política Energética y Minas, con el que Aldama habría tratado de mediar para lograr la licencia de Villafuel; a Manuel Sallés Carceller, administrador de la mercantil Instalíbero District S.L. en la que fue contratado Koldo García; y a Álvaro Gallego, persona que, según la UCO, pudo estar relacionada con los 108.500 euros retirados en efectivo en diciembre de 2020 por Carmen Pano de la cuenta de una mercantil investigada.
Cabe recordar que, a raíz del informe policial de diciembre, desde Transición Ecológica explicaron que Manuel García Hernández nunca ha hablado ni mantenido contacto alguno con Aldama y entienden que la UCO pudo confundirse de persona porque los mensajes que se citan, fechados en marzo de 2021, van dirigidos a otra persona «que comparte nombre y primer apellido con el alto cargo del ministerio, pero no segundo apellido, Manuel García Maroto».
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