Míriam Nogueras, portavoz de Junts, este viernes durante el debate de los decretos de vivienda en el Congreso. EP
Política La última treta de Sánchez para atraer a Junts: ningún decreto tramitado como proyecto de ley se ha cambiado esta legislaturaJunts acusa al PSOE de ofrecer un "chantaje que sólo agrava el problema". Nogueras exhibe un 'decreto' propio en "defensa del pequeño propietario".
Más información:Miembros del Gobierno ven "muy probable" que Sánchez convoque elecciones si cae el decreto de la vivienda.
Alberto D. Prieto Publicada 2 octubre 2026 12:59h Actualizada 2 octubre 2026 13:47h LO ESENCIAL Exclusivo suscriptores Síguenos LO ESENCIAL Generado con IA Las clavesEl Gobierno ha hecho una oferta final, a la desesperada, a Junts: tramitar el decreto Maricarmen del PSOE como proyecto de ley, para poderle añadir enmiendas, pero que siga en vigor. Míriam Nogueras, portavoz de los independentistas catalanes, ha rechazado ese "chantaje".
Esa última oferta de Pedro Sánchez a Junts trata de salvar la norma de vivienda ofreciendo esa "garantía" para abrir el texto a aportaciones de Junts y otros grupos durante el trámite parlamentario.
Pero Nogueras lo considera una "treta" sin recorrido real. La formación de Carles Puigdemont sostiene que el Ejecutivo ha acreditado en estos años que los reales decretos enviados a esa vía mantienen intacta su redacción inicial mientras siguen desplegando efectos desde su publicación en el BOE.
De hecho, en esta legislatura ha habido ya 41 reales decretos-ley cuya tramitación como proyecto de ley fue aprobada por el Pleno del Congreso. Pero sólo dos se encuentran en fase de ponencia y ninguno ha culminado la tramitación parlamentaria.
Es decir, no ha sido modificado ni un solo texto legal respecto del texto aprobado previamente por el Consejo de Ministros.
Puigdemont y Nogueras apoyan el 'no' a los decretos pero Turull avisa del riesgo para Junts de que Sánchez vaya ya a las urnasTres ejemplos muy reveladores: uno, de la pasa legislatura, el decreto sobre la gestión de los fondos europeos de recuperación. Se tramitó como proyecto de ley, se fueron renovando los periodos de enmiendas sin pasar nunca a pleno, y decayó la legislatura con el decreto, intacto, en vigor.
Dos, uno para la suspensión de desahucios de hogares vulnerables. Su convalidación y tramitación como proyecto de ley se votó en junio de 2024; sigue en plazo de enmiendas, acumula 80 ampliaciones y la última fue acordada esta misma semana.
Tres, el Real Decreto-ley 6/2025, sobre las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas y ayuntamientos.
El Congreso aprobó por unanimidad tramitarlo como proyecto de ley, pero, un año después, el decreto ya ha producido sus efectos. Es decir, ha caducado mientras la iniciativa continúa en fase de enmiendas tras 41 prórrogas.
La conclusión es que la promesa de una posterior modificación no altera la norma que se vota este viernes.
Los partidos de la oposición sostienen que los grupos que acepten el compromiso de tramitar como ley los decretos del Gobierno estarán dando luz verde a un texto que, previsiblemente, seguirá vigente sin cambios.
El 'decreto Junts'
Frente a esa oferta del Ejecutivo, Junts ha elaborado su propio borrador de real decreto-ley. La iniciativa busca construir un relato alternativo: proteger a los hogares vulnerables, pero sin trasladar al pequeño arrendador el coste económico de la falta de vivienda pública.
La formación catalana acusa al PSOE de utilizar la crisis residencial como un "chantaje de los extremismos que sólo agrava el problema".
Sánchez cede ante la izquierda radical protegiendo a morosos y okupas y aleja el apoyo de Junts al 'decreto Maricarmen'Su argumento es que imponer más obligaciones, prórrogas o suspensiones a los propietarios particulares "aumenta la inseguridad", retrae viviendas del alquiler y termina presionando aún más los precios.
El texto de Junts sostiene que la crisis no responde principalmente al comportamiento de los propietarios, sino a la insuficiencia de oferta. La propuesta recuerda datos del Banco de España para señalar que las personas físicas son titulares del 91,9% del parque de alquiler a precio de mercado.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, defendió desde la tribuna esa distinción entre el pequeño propietario y los llamados "fondos buitre".
La diputada cuestionó que el Gobierno presente como política social una intervención que, en su opinión, obliga a particulares a asumir riesgos de impago, demora judicial y pérdida de renta.
Nogueras reivindicó que la protección de quien no puede pagar el alquiler debe sostenerse con presupuesto público. Junts sostiene que las administraciones deben financiar el realojo y las ayudas, en vez de convertir al arrendador en el "sujeto que soporta" la insuficiencia de esas políticas.
Propuestas de Junts
El primer bloque de la propuesta limita la suspensión de lanzamientos.
No se aplicaría de manera automática ni general, sino a procedimientos promovidos por bancos, filiales inmobiliarias, fondos de inversión, entidades de capital riesgo, fondos de titulización, gestoras de activos y grandes tenedores que hubieran comprado vivienda o deuda hipotecaria en bloque o con descuento.
El juez debería valorar cada caso, escuchar a las partes y comprobar que existe vulnerabilidad económica o social y falta de alternativa habitacional. La suspensión se acordaría por 12 meses, sólo podría renovarse si persisten las causas y no podría ir más allá del 31 de diciembre de 2028.
El lanzamiento tendría que reactivarse si desaparece la vulnerabilidad, si la Administración ofrece una vivienda alternativa adecuada o si la persona afectada la rechaza sin justificación.
La propuesta excluye al adquirente particular que necesite la vivienda adjudicada para sí mismo o para familiares de primer grado.
Tampoco habría suspensión cuando la vivienda hubiera sido okupada sin consentimiento y sin título, con violencia o intimidación, para actividades ilícitas o si se trata de una vivienda social ya adjudicada.
Junts separa esos supuestos de los procedimientos derivados de un contrato de alquiler o de una ejecución hipotecaria.
En los desahucios por impago, la Administración podría evitar el lanzamiento de un inquilino vulnerable mediante el pago o consignación íntegra de la deuda.
Debería incluir las rentas y el resto de cantidades reclamadas, así como las que se devenguen hasta el momento de abonar el importe.
El plazo máximo sería de dos meses, sin prórroga.
Si no se produce el pago completo, el procedimiento se reanudaría automáticamente y el arrendador podría recuperar la posesión; el Estado asumiría la financiación de estas enervaciones y transferiría los recursos por anticipado a las comunidades autónomas.
Contra 'fondos buitre'
La propuesta reserva su paquete más restrictivo para los llamados fondos buitre. Hasta el 31 de diciembre de 2028, bancos, fondos de inversión, entidades de capital riesgo, fondos de titulización y gestoras de activos no podrían adquirir vivienda ni edificios sobre suelo residencial.
El veto tendría excepciones para operaciones con una finalidad social.
El adquirente podría comprar si se compromete a destinar el inmueble durante al menos cinco años a alquiler social o asequible, atención sociosanitaria, alojamiento de colectivos vulnerables o protección de víctimas de violencia de género.
Las personas jurídicas y fondos sin personalidad que sean grandes tenedores tampoco podrían comprar vivienda por menos del 70% de su valor de tasación si incluyen la adquisición de inmuebles entre sus fines.
El notario no podría autorizar la operación sin declaración del comprador, tasación y, cuando sea necesario, compromiso de destino social.
El registrador de la propiedad tampoco inscribiría adquisiciones realizadas contra esas prohibiciones. La propuesta mantiene, no obstante, una excepción para las adjudicaciones en procesos de ejecución y las daciones en pago de deudas garantizadas con la propia vivienda.
Pequeños caseros
El borrador añade medidas para incentivar que los caseros mantengan viviendas en alquiler. La prórroga de hasta dos años para contratos que venzan antes del 30 de junio de 2028 sería voluntaria, sin obligaciones ni consecuencias si las partes no alcanzan un acuerdo.
El propietario que pacte esa continuidad tendría una reducción del 70% en el IRPF en el rendimiento neto positivo del alquiler. La reducción subiría al 90% si rebaja la renta al menos un 5%.
Junts propone también aplicar el IVA reducido del 10% a la reparación y renovación de viviendas destinadas al alquiler habitual.
Con este esquema, el partido busca oponer a la oferta de Sánchez el mismo paquete de medidas que le entregó en mano hace tres semanas y sobre el que se iniciaron las negociaciones "después traicionadas".
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