Los abogados piden que se le conmute la pena capital por la cadena perpetua tras el sufrimiento causado durante su frustrado intento de ejecución
Regala esta noticia Añádenos en Google Christa Pike, en una imagen de 2007 durante una vista de apelación a su condena. (Reuters) 02/10/2026 Actualizado a las 07:17h.Tennessee tiene ahora bajo su custodia a una mujer a la que intentó ejecutar, que sobrevivió a dos dosis del fármaco destinado a matarla y ... cuya condena sigue vigente. Christa Pike, de 50 años, salió el miércoles de la prisión de Riverbend en ambulancia. Y su caso, que ha conmocionado a Estados Unidos, deja una pregunta que va más allá del fallo médico de la inyección: qué puede hacer ahora el Estado con una presa que ha pasado por la cámara de ejecución sin morir.
El gobernador republicano, Bill Lee, ha encargado una revisión independiente y suspendido la única ejecución que quedaba programada para 2026, la de un varón llamado Gary Wayne Sutton, prevista para diciembre. Es una pausa, no una renuncia a la pena de muerte. Su explicación incide en que las sentencias deben cumplirse de manera legal, constitucional y efectiva. El problema es que Tennessee vuelve a tener que demostrar que sabe llevar a cabo estas ejecuciones.
Los testigos describieron a medios locales una escena que quedó parcialmente oculta. Las cortinas se cerraron varias veces mientras Pike permanecía sobre la camilla. La periodista Tori Gessner dijo que escuchó cómo la reo se quejaba de que el brazo parecía a punto de reventar. Después siguieron oyéndose respiraciones y ronquidos. Los observadores fueron desalojados sin haber presenciado una declaración de fallecimiento, que es lo habitual. Según sus abogados, la reclusa recibió dos dosis de pentobarbital y siguió con vida.
El Departamento de Prisiones sostiene que cumplió todos los pasos. Esa defensa desplaza parte del análisis que queda hacia las instrucciones: el protocolo contempla administrar una segunda tanda si la primera no provoca la muerte, pero no establece cómo continuar si tampoco funciona. La administración afirmó que no podía realizar procedimientos adicionales.
Pike se encuentra en estado crítico y recibe atención médica para mantenerla con vida, según han anunciado sus abogados en una rueda de prensa retransmitida por las grandes cadenas. «Eso es lo que nos han comunicado: se halla en estado crítico y recibe cuidados para salvarle la vida», explicó Randy Spivey, quien reconoció que desconocen su pronóstico.
El letrado aseguró que vio cómo el brazo derecho se le volvía morado, especialmente después de la segunda dosis, y que han recibido información sobre ampollas y quemaduras alrededor de los puntos de inyección. Spivey añadió que tampoco están claras las consecuencias en su salud en caso de que sobreviva. Expertos clínicos creen que Pike corre el riesgo de sufrir daños cerebrales permanentes por el descenso de oxígeno en su sangre tras recibir el cóctel de fármacos letales, cuya toxicidad podría causarle además otros perjuicios orgánicos.
«No fue simplemente un fracaso. Fue cruel y fue una tortura», afirmó Spivey. La defensa denunció repetidos pinchazos, falta de transparencia y retrasos para conseguir ayuda. «Nos mantienen a oscuras. Nos obligan a hacer conjeturas», añadió Stephen Ferrell. Ambos pidieron al gobernador que conmute la pena por cadena perpetua. Estudian nuevas acciones judiciales, aunque Ferrell precisó: «Queremos asegurarnos de que Christa se recupera y puede expresar lo que quiere».
Los abogados habían advertido de dificultades para acceder a sus venas y de una enfermedad sanguínea. Tras el intento denunciaron problemas con las vías, el medicamento y la respuesta de emergencia. Son acusaciones pendientes de comprobación. Haber administrado las inyecciones no permite establecer, sin una investigación hecha aun, cuánto fármaco alcanzó efectivamente la circulación ni atribuir el desenlace a una resistencia extraordinaria de la presa.
Otras ejecuciones fallidas
El precedente jurídico más conocido se remonta a 1947. El Tribunal Supremo permitió un segundo intento de ejecutar a Willie Francis, que había sobrevivido a un fallo de la silla eléctrica. La decisión rechazó que aquel accidente impidiera cumplir la sentencia. No constituye, sin embargo, una autorización universal, ya que las circunstancias del fallo y el sufrimiento infligido fueron cruciales al examinar la prohibición constitucional de castigos crueles e inusuales.
Kenneth Smith sobrevivió en Alabama a un intento de inyección hace no mucho, en 2022, porque no consiguieron establecer las vías necesarias. Fue ejecutado con nitrógeno en 2024. Su trayectoria demuestra que un procedimiento frustrado puede desembocar en otro método, aunque los obstáculos médicos y jurídicos de cada caso sean distintos.
La senadora republicana y candidata a gobernadora, Marsha Blackburn, ha reclamado recuperar la silla eléctrica y ha presentado el fracaso como una prolongación del sufrimiento de la familia de la víctima
En Tennessee, esa alternativa ya ha entrado en campaña política. La senadora republicana y candidata a gobernadora, Marsha Blackburn, ha reclamado recuperar la silla eléctrica y ha presentado el fracaso como una prolongación del sufrimiento de la familia de la víctima. La electrocución, sin embargo, ya está contemplada en la legislación estatal para determinados supuestos, incluida la elección de condenados por delitos anteriores a 1999. La propuesta electoral no resuelve por sí sola qué podría hacerse legalmente con Pike.
La víctima en este caso fue Colleen Slemmer, de 19 años, asesinada en 1995 tras una agresión con torturas en Knoxville. Pike tenía 18. Su defensa no niega el crimen, pero reclama considerar su juventud, sus trastornos mentales y los abusos sufridos. Slemmer tenía también una madre, May Martinez, que acudió a Nashville después de décadas esperando el cumplimiento de la sentencia.
La credibilidad del sistema arrastra fallos anteriores. En mayo, Tennessee suspendió la ejecución de Tony Carruthers tras más de una hora intentando establecer las vías intravenosas. En 2022 había paralizado otra ejecución por deficiencias en las comprobaciones de los fármacos. El protocolo de aplicar un solo medicamento surgió después de aquella revisión.
La pena de muerte existe desde la época colonial en Estados Unidos y estuvo solo paralizada por decisión judicial entre 1972 y 1976. Hoy, 27 estados la mantienen y 23 la han abolido. California, Oregón y Pensilvania tienen moratorias de sus gobernadores y Ohio mantiene las ejecuciones paralizadas mediante aplazamientos; a todos ellos se les suma ahora la suspensión temporal anunciada por Tennessee para el resto de 2026.
Los métodos autorizados dependen de cada jurisdicción: la inyección letal es el más utilizado, pero también están permitidos depende de en qué estado la silla eléctrica, el fusilamiento, el gas letal y la hipoxia por nitrógeno. El ahorcamiento permanece como posibilidad residual en Nuevo Hampshire para una condena anterior a su abolición
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