Francina Armengol durante el pleno de este martes, tras la decisión de la Mesa. EFE
Política CONGRESO DE LOS DIPUTADOS La Mesa vetó sin reunirse ni escuchar a los letrados del Congreso las enmiendas del PP y de Junts que pedían eleccionesEl Partido Popular estudia llevar a los miembros de la Mesa de PSOE y Sumar ante los tribunales por el veto "injusto a sabiendas" de su iniciativa y la de Junts, que piden a Sánchez disolver las Cortes.
Más información:La Mesa del Congreso impide que se voten las iniciativas de PP y Junts para que Sánchez convoque elecciones ya.
Alberto D. Prieto Publicada 16 junio 2026 20:52h Actualizada 16 junio 2026 20:54h Las clavesLas claves Generado con IA
La Mesa del Congreso vetó este martes las dos enmiendas de PP y de Junts que reclamaban la disolución de las Cortes y la convocatoria inmediata de elecciones sin reunirse ni escuchar a los letrados del Congreso.
Lo hizo mediante "una simple ronda telemática", tal como denuncian fuentes parlamentarias, pese a que los cuatro representantes del Partido Popular en el órgano de gobierno de la Cámara "reclamaron una reunión presencial" para debatir el fondo del asunto y poder pedirle criterio a los servicios jurídicos de la Cámara.
Así lo denuncia el PP en el recurso de reconsideración que ha registrado este mismo martes. La mayoría de PSOE y Sumar se negó a celebrar el debate, y se amparó sin más en el argumento de que ambas iniciativas "invaden competencias constitucionalmente reservadas al presidente del Gobierno”.
Pero la decisión llegó sin informe previo de los servicios jurídicos y con una motivación jurídica mínima, tal como aseguran los grupos afectados.
El escrito de reconsideración, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, advierte de que ese veto, sin deliberación formal ni respaldo técnico "vulnera derechos fundamentales de representación política" protegidos en el artículo 23 de la Constitución.
Junts insta a Sánchez a disolver las Cortes y convocar elecciones generales "ante la extrema debilidad del Gobierno español"La enmienda popular añadía un quinto punto a su propia moción, en el que "insta al Gobierno de España a reconocer que la legislatura actual ha llegado a su fin" y a "devolver la palabra a los ciudadanos" mediante elecciones generales "conforme a las previsiones constitucionalmente establecidas".
Junts, por su parte, había registrado otra enmienda media hora después aún más explícita para que el Congreso pidiera a Pedro Sánchez la disolución de las Cortes y la convocatoria de comicios, aprovechando una iniciativa del PP sobre la "extrema debilidad" del Ejecutivo.
Ese órdago de Junts desencadenó la reacción de la presidenta Francina Armengol, que decidió blindar al Gobierno utilizando la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa para frenar el debate antes de que llegara al pleno, donde tenían los votos para salir adelante y "demostrar que Sánchez ha perdido el apoyo de las Cámaras", según Ester Muñoz, portavoz del PP.
La decisión ha permitido al presidente del Gobierno esquivar esa votación, que habría visualizado su soledad parlamentaria y obligado a todos los grupos, incluido el PNV -que también ha pedido elecciones cuanto antes- a retratarse sobre un adelanto electoral.
La ofensiva de Junts se enmarca en la ruptura con el PSOE y Sumar por "incumplimientos reiterados" de los pactos de investidura, que ya anunció el pasado mes de noviembre, que el partido de Carles Puigdemont traduce ahora en presión directa para deslegitimar la continuidad de la legislatura.
Ir a los tribunales
El PP trató de aprovechar esa vía con su propia enmienda para capitalizar el desgaste del Gobierno. Convertía así el debate de una moción de control económico, defendida el miércoles pasado por Cuca Gamarra, en un plebiscito sobre la convocatoria de elecciones generales.
Fuentes oficiales del Grupo Popular confirman a este diario que estudian ya "todas las opciones jurídicas" contra la Mesa si no prospera el recurso de reconsideración, que dan por condenado.
En primer lugar, los populares preparan el terreno para un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración del artículo 23 de la Constitución, al entender que se les ha impedido ejercer su ius in officium al presentar y defender enmiendas en el pleno.
El PSOE vuelve a vetar que los guardias civiles sean profesión de riesgo en plena polémica por la tragedia de HuelvaAdemás, altas fuentes parlamentarias apuntan a la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo por la vía contencioso‑administrativa si se acredita un patrón de "mala fe" y "reincidencia" de la Mesa a la hora de bloquear iniciativas de la oposición.
La tesis es que un uso sistemático y arbitrario de la mayoría para impedir debates ya no sería un acto estrictamente parlamentario amparado por la autonomía de las Cámaras, sino un ejercicio abusivo de poder que puede ser revisado como acto administrativo lesivo de derechos fundamentales.
Los populares, en ese caso, podrían utilizar como antecedente jurídico la resolución de amparo que le concedió el Tribunal Constitucional, por unanimidad, el pasado mes de abril.
Entonces, la corte de garantías acusó a la Mesa del Congreso de "obstruir el proceso legislativo" con su costumbre de bloquear iniciativas alargando "indefinidamente y sin motivación" los periodos de enmiendas.
En ese tablero también figura la presión política desde la otra Cámara: en el Senado, voces de peso animan al PP y a Junts a documentar todos los vetos para construir un expediente sólido que permita encajar futuras acciones judiciales.
En paralelo, los populares no descartan promover iniciativas parlamentarias que cuestionen la neutralidad de Armengol y de la propia Mesa, alimentando el relato de "uso partidista" de los órganos de gobierno del Congreso.
"Giro arbitrario"
El escrito de reconsideración, firmado por Muñoz, se apoya en precedentes muy concretos de esta misma legislatura para acusar a la Mesa de un “giro arbitrario” de criterio.
Cita una proposición no de ley de Vox, calificada sin reparos el 29 de octubre de 2024, que "exige la inmediata dimisión en bloque del Gobierno presidido por Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales", sin que entonces se alegara invasión de competencias presidenciales.
Último cara a cara de Peinado y Begoña Gómez con fin incierto: tras dos años de tensión, el juez no anuncia aún las cautelaresEl texto recuerda también que en enero de 2025 la Mesa admitió por unanimidad una proposición no de ley de Junts que instaba al presidente del Gobierno a "considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza", competencia igualmente "reservada constitucionalmente" a Sánchez.
Los letrados, en una nota citada extensamente por el PP, defendieron entonces que estos instrumentos de control carecen de efectos jurídicos y son "meras tomas de posición" de la Cámara, que no pueden sustituir las facultades del jefe del Ejecutivo.
Muñoz sostiene que, al admitir aquella iniciativa, la Mesa "fijó criterio" para situaciones futuras, criterio que ahora se estaría quebrando de forma injustificada... y sin escuchar a los servicios jurídicos de la Cámara.
"Graves consecuencias"
Por eso acusa a la mayoría de haber adoptado un acuerdo "injusto a sabiendas" y basado en "criterios ajenos a la función de calificación", lo que, a su juicio, lo convierte en un acto arbitrario "que provoca una palmaria vulneración" de la Constitución.
El recurso subraya que la resolución que veta las enmiendas apenas contiene una frase genérica sobre la invasión de competencias del presidente, sin motivación suficiente.
Y advierte de que esa falta de razones vulnera la jurisprudencia constitucional que exige una justificación reforzada cuando se limita el derecho de participación política de los diputados y se impide al pleno "expresar su voluntad" sobre una iniciativa.
El PP remata la advertencia con un aviso de consecuencias personales para los miembros de la Mesa que han apoyado el veto: "Los miembros de la Mesa que con su voto han propiciado esta actuación no pueden sustraerse [a ellas], puesto que también están sujetos en sus actuaciones a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico".
A su juicio, una decisión "arbitraria" que se aparta de la ley y contradice precedentes idénticos "cumple los elementos de un tipo de conducta que comporta graves consecuencias" jurídicas para quienes la adoptan.
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