Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas.
Macroeconomía La mitad de los consejeros del Tribunal de Cuentas atacan al Gobierno por no presentar PGE e "incumplir la Constitución"Los votos particulares del análisis de la contabilidad pública de 2024 critican al Ejecutivo.
Más información:El Tribunal de Cuentas cuestiona que el Gobierno usara 2.300 millones de los fondos 'NextGen' para pagar pensiones
Eduardo Ortega Socorro Publicada 6 mayo 2026 02:40h Las clavesLas claves Generado con IA
El Tribunal de Cuentas ha aprobado, por la mínima, la contabilidad del Estado de 2024. Sin embargo, el informe correspondiente ha sido fruto de importantes discusiones en el órgano fiscalizador. Así lo prueban los votos particulares de cerca de la mitad de su cúpula.
De hecho, son cinco los consejeros que se muestran especialmente críticos con el Gobierno de Pedro Sánchez. Y no sólo por la contabilidad de 2024. Atacan al Gobierno por no haber presentado nuevos proyectos presupuestarios desde los de 2023 e "incumplir la Constitución".
Así lo indican José Manuel Otero, Rebeca Laliga, Miguel Ángel Torres y Helena Hernáez en un voto concurrente en el que expresan "discrepancias con la falta de análisis crítico" en el informe del órgano fiscalizador.
El Tribunal de Cuentas cuestiona que el Gobierno usara 2.300 millones de los fondos 'NextGen' para pagar pensiones"Consideramos que la falta de presentación por el Gobierno a las Cortes Generales de un proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2024 en cualquier momento previo al cierre del ejercicio 2024 constituyó un incumplimiento del artículo 134.3 de la Constitución. Y así debió quedar señalado" en el informe del Tribunal.
Por otro lado, también cargan contra el análisis por no contener críticas sobre "las insuficiencias de la normativa que regula las prórrogas presupuestarias". Así como tampoco "se examinan las consecuencias que dichas insuficiencias tienen a efectos de una correcta gestión presupuestaria".
Más duro todavía es Javier Morilla. En su voto particular, este consejero del Tribunal de Cuentas considera que el informe debería "destacar nítida y rotundamente que se ha producido un incumplimiento del mandato constitucional dirigido al Gobierno respecto a la obligación de presentar un proyecto de ley de presupuestos".
"El Gobierno surgido tras la celebración de las elecciones de 2023, no consta que elaborara un proyecto de ley de Presupuestos ni que se presentara al Consejo de Ministros para su aprobación ni, con toda certeza, que lo presentara al Congreso de los Diputados no ya en 2023 sino tampoco en 2024, con incumplimiento de la obligación constitucional", añade. Y hace énfasis en que esto ha ocurrido en años sucesivos hasta hoy día.
Sánchez considera "salseo" el plante de Sumar y lo zanja con un decreto que no tiene garantizada la aprobaciónTambién ataca el uso excesivo (y extensivo) que el Gobierno ha hecho de la prórroga presupuestaria. Y critica que el informe del Tribunal de Cuentas no aborde las "consecuencias derivadas del hecho de que las modificaciones presupuestarias de 2024 hayan supuesto que los créditos definitivos superaran en 77.341,9 millones de euros a los iniciales, así como los problemas derivados de una aplicación e interpretación extensiva de las normas con objeto de evitar las dificultades surgidas de la prórroga presupuestaria".
Como ya ha indicado este periódico, el informe también aborda un detalle que no es menor: el Gobierno usó 2.389,4 millones de euros de los fondos Next Generation para pagar gasto público relacionado con las pensiones.
Concretamente, según recoge el correspondiente informe, se emplearon para dotar las partidas de pensiones de Clases Pasivas y de complementos de pensiones mínimas. Algo que no debería ser posible, puesto que los fondos europeos no se pueden dedicar a gasto corriente, como salarios o pensiones.
En este caso, los miembros del Tribunal de Cuentas alegan que los argumentos legales que alega el Gobierno para poder hacer estos movimientos "carecían de fundamento y respaldo jurídico". O que los invocados "eran inadecuados y, por tanto, indebidamente aplicados".