La organización detecta falta de incentivos para la vuelta al puesto de trabajo en el sistema español de tratamiento de la incapacidad temporal, que sí se aplican en los países del entorno comunitario.
El informe que los técnicos de la OCDE han entregado al Gobierno con una comparativa internacional de los sistema de gestión de la incapacidad temporal puede suponer un respaldo a una de las medidas que el Ministerio de Seguridad Social viene trabajando en los últimos meses: la implantación de las denominadas como altas progresivas. Aunque el concepto entró en el debate público hace ahora algo más de un año, fuentes del diálogo social señalan a EXPANSIÓN que el departamento que dirige la portavoz del Ejecutivo y ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, mantiene la intención de seguir adelante con la medida a pesar de que no ha suscitado el apoyo ni de las organizaciones empresariales ni de los sindicatos.
Ahora, tras las advertencias de la OCDE en el informe revelado por EXPANSIÓN sobre un fuerte aumento del absentismo y las carencias en la gestión que aflora la organización en la comparativa internacional y que llama a resolver para garantizar la sostenibilidad del sistema, parece que el Gobierno podría encontrar vías de actuación entre las aristas del estudio elaborado para contribuir al debate en España. Una cuestión que ya detrae 18.000 millones de euros de las arcas públicas en prestaciones de incapacidad temporal y otros 16.000 millones de costes para las empresas.
Así, los expertos detectan una falta de incentivos para el regreso del trabajador a su puesto tras el proceso de baja que sí existe en el resto de países y que España carece de ellos. La tesis de la OCDE es que en España existe la generosidad (de la prestación durante la baja, a lo que en muchas ocasiones se suman los complementos salariales proporcionados por las empresas), pero no existen contrapesos en forma de incentivos para que el trabajador quiera volver y para que la empresa quiera reintegrarlo.
En este sentido, los expertos llegan a indicar que España debe de tomar nota de los países que teniendo sistemas igualmente generosos como el español, también aplican incentivos efectivos, acuerdos de gobernanza y prácticas para fomentar el retorno al trabajo.
Medidas aplicadas en el entorno comunitario
Basándose en el análisis de los cinco países (Austria, Bélgica, Alemania, Países Bajos y Suecia) de la gestión de la incapacidad temporal, la OCDE identifica diversas medidas de éxito que contrastan con el modelo actual de España y que podrían ser replicadas para frenar el aumento de las bajas. La medida más destacada es la incapacidad temporal parcial, que existe en países como Suecia y Bélgica. A diferencia del modelo español, este sistema permite bajas graduadas (al 25%, 50% o 75%), lo que posibilita que el empleado trabaje algunas horas mientras percibe la parte proporcional de la prestación.
En Alemania y Austria aparece un esquema de retorno gradual donde el empleado, técnicamente aún de baja, que comienza trabajando pocas horas que aumentan semanalmente según un plan médico. Dado que el salario durante este periodo es cubierto por el seguro y no por el empleador, las empresas tienen un incentivo directo para aceptar al trabajador; de hecho, Austria reporta que el 75% de los participantes en este sistema siguen empleados cinco años después. Asimismo, Alemania impone la Gestión de Integración Ocupacional (OIM) obligatoria, que exige legalmente a las empresas ofrecer un proceso de adaptación del puesto -como cambios de horario o mobiliario ergonómico- a cualquier trabajador que haya acumulado seis semanas de baja en un año, forzando una proactividad empresarial antes de que la situación se vuelva crítica.
En cuanto al control y la responsabilidad, Suecia establece hitos temporales estrictos con puntos de control obligatorios: a los 90 días se evalúa la capacidad para el trabajo habitual y, a los 180 días, se analiza si el trabajador puede desempeñar cualquier otra labor en el mercado laboral general. En una línea más severa, los Países Bajos cuentan con un protocolo que obliga a las empresas a documentar cada paso de la reintegración, bajo la amenaza de multas que incluyen el pago de un tercer año de baja si no demuestran esfuerzos suficientes, creando un incentivo financiero real para que el empleador se involucre activamente en lugar de desentenderse tras los primeros días.
También se exponen casos de figuras de apoyo presentes en Suecia y Austria, que actúan como intermediarios entre el sistema de salud, la empresa y la Administración para reducir la burocracia y la implicación del trabajador. La OCDE también sugiere replicar los programas específicos de prevención de Bélgica para el dolor lumbar y el burnout. Estos programas, financiados por agencias de riesgos profesionales, intervienen ante los primeros síntomas con fisioterapia y apoyo psicológico intensivo antes de que la dolencia derive en una baja de larga duración.
La propuesta del Gobierno
Para los casos de incapacidad temporal de larga duración (más de 180 días) la Seguridad Social plantea que esta sea progresiva cuando el trabajador haya recuperado la salud y tras recibir el alta médica. Una progresividad que tendrá una duración máxima de 30 días y será aplicable a trabajadores a jornada completa y también trabajadores a tiempo parcial con una jornada superior al 80%. Durante el periodo de reincorporación el empleado trabajaría la mitad de su jornada habitual, recibiendo la parte correspondiente del salario y una prestación equivalente al 50% de la prestación por la mitad de la jornada que no trabaja.
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