Voto desde el extranjero en las elecciones generales. EFE
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN La oposición, la Justicia y la Junta Electoral deben bloquear la 'ley de nietos' Publicada 13 julio 2026 01:20hLas dos últimas informaciones publicadas por este diario sobre la llamada ley de nietos confirman que, tras la política de nacionalizaciones masivas del Gobierno, hay un fraude electoral en marcha de carácter legal, con el horizonte de alterar el censo en beneficio del partido en el poder.
EL ESPAÑOL ha recordado que el propio Gobierno era plenamente consciente de este impacto. En 2023, un artículo de una publicación dependiente del Ministerio de Inclusión admitió que "el voto CERA podría ser determinante en el reparto de escaños tras las elecciones generales".
Entonces el Ejecutivo identificaba once circunscripciones sensibles en las que había escaños que dependían "de menos de 2.000 papeletas para cambiar de formación política". Tras el espectacular incremento de inscritos desde entonces, hoy serían 16 las provincias en las que los electores exteriores podrían ser decisivos.
En 12 de ellas, el mantenimiento de la tendencia electoral beneficiaría directamente al PSOE y a sus socios de investidura.
Este fenómeno no es una hipótesis de futuro, sino una dinámica que ya se está cumpliendo.
En las últimas cuatro elecciones autonómicas celebradas, el PSOE se impuso en el voto exterior a pesar de sufrir severas derrotas en el voto interior. Y en Aragón, Castilla y León y Andalucía, la brecha a favor de los socialistas en el extranjero con respecto al resultado doméstico se amplió notablemente tras la incorporación de los nuevos españoles.
A esta distorsión numérica se suma el evidente interés partidista mostrado por el PSOE en la gestión del proceso.
EL ESPAÑOL detalla hoy cómo Ferraz intervino y tomó el control directo de cuatro agrupaciones clave en Latinoamérica (México, República Dominicana, Uruguay y Argentina) entre 2022 y 2024.
Al sustituir a las direcciones locales por comisiones gestoras fieles a Madrid, la dirección federal del PSOE priorizó la captura de rentabilidad electoral en los países con mayor volumen de solicitudes.
La directriz del responsable del PSOE Exterior a los militantes de Buenos Aires resume con nitidez esta estrategia: "Junten votos".
Por más que el Ejecutivo intente descalificar las críticas tildándolas de conspiranoicas o de "terraplanismo electoral", la ingeniería demográfica en marcha es incontestable.
Desde las últimas elecciones generales, el censo exterior ha incorporado a casi medio millón de nuevos electores. Y al ritmo actual de altas, la cifra de nuevos votantes potenciales en el extranjero para las próximas elecciones puede alcanzar el entorno del millón y medio.
La gravedad reside en que la normativa permite a estos nuevos ciudadanos adscribirse a provincias con las que no mantienen un vínculo real. Lo que otorga al voto exterior el poder de decidir escaños clave en circunscripciones pequeñas que se dirimen por unos pocos cientos o miles de sufragios.
Ante este escenario, resulta imprescindible que la oposición, la judicatura y la administración electoral activen todos sus mecanismos de control para frenar este atropello democrático.
El papel de la oposición debe ser el de sostener la denuncia política iniciada por Alberto Núñez Feijóo contra esta manipulación censal.
Es urgente que el Partido Popular mantenga la exigencia de transparencia parlamentaria, reclamando al Gobierno el desglose pormenorizado, provincia por provincia, de todas las nacionalizaciones concedidas y de las solicitudes aún en trámite.
Por su parte, los tribunales de justicia tienen la responsabilidad de resolver con celeridad los recursos interpuestos. Y de pronunciarse sobre la legalidad de la Instrucción de octubre de 2022, emitida por el Ministerio de Justicia, la cual flexibilizó los requisitos de la ley ordinaria por la vía de una circular administrativa.
Una paralización cautelar de dicha instrucción es la vía legal más eficaz para congelar temporalmente la maquinaria de inscripción masiva.
Finalmente, la Junta Electoral Central, aunque carece de potestad para retirar la nacionalidad, está obligada a ordenar auditorías urgentes a la Oficina del Censo Electoral para verificar la limpieza de las altas. Y a endurecer las garantías del procedimiento de votación en el extranjero, maximizando el control de identidad y la fiscalización del voto por correo.
Impedir la adulteración del proceso electoral y preservar la representatividad real del voto de los residentes es una obligación que compromete a todos los actores del Estado democrático.