Alberto González Amador ha presentado su escrito de defensa ante el juicio por fraude fiscal, falsedad documental, falsedad contable y pertenencia a grupo criminal. Además de sostener su inocencia, la pareja de Isabel Díaz Ayuso esgrime la condena al ex fiscal general del Estado como prueba de la vulneración de derechos que ha venido sufriendo. Principalmente, por la actuación de Álvaro García Ortiz, pero también por las declaraciones desde el Gobierno, incluidas las del presidente, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Como cuestión previa, la defensa expone la «acumulación de vulneraciones de derechos fundamentales» con origen en «la actividad del Poder Judicial -Ministerio Fiscal- y del Poder Ejecutivo, eliminando el procedimiento penal justo» para el acusado.
El escrito de los abogados Carlos Neira y Gabriel Rodríguez-Ramos indica que el procedimiento por fraude «fue precedido por la actuación delictiva» del fiscal general, condenado por revelar a medios afines los correos en que la pareja de la presidenta madrileña asumía el fraude.
«El máximo defensor y garante sobre el papel de la legalidad sustantiva y procesal y de la tutela de los derechos fundamentales se transformó y transformó esa posición de garante en la atalaya desde la que lesionar, con una intensidad delincuencial, los derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia en este procedimiento».
"Sin precedentes"
Concluye el escrito que el procedimiento que llega a juicio «constituye, desde antes de existir y durante todos su desarrollo, la antítesis del procedimiento penal justo», resaltando que lo sucedido con González Amador «jamás ha sido conocido ni en España ni en ningún Estado democrático de derecho».
Al margen de esas vulneraciones y de sus consecuencias -se precisarán más adelante en el procedimiento-, la defensa mantiene «la inexistencia» de delito fiscal en 2001 y 2002, al no haberse superado los 120.000 euros que separan lo administrativo de lo penal. La Fiscalía de Madrid pide para González Amador tres años y nueve meses de prisión por fraude fiscal y falsedad documental. La acusación popular que ejercen el PSOE y Más Madrid añade delitos y eleva la cifra a cinco años.