CEOE y Cepyme analizarán las condiciones concretas de la convocatoria cuando se publiquen para evaluar la posible ilegalidad y recurrir ante la Justicia.
El anuncio de huelga general de los sindicatos con motivo de la derogación de los decretos de vivienda ha enervado a las organizaciones empresariales, que tildan la movilización de una maniobra para irrumpir el en debate electoral a costa de reventar la paz social en los centros de trabajo. Tal es la preocupación que se ha instalado en la cúpula de las patronales que aseguran que analizarán los términos de la convocatoria a los efectos de asegurar que cumple con la legislación laboral.
Por el momento, UGT y CCOO no han confirmado fecha del parón de 24 horas, aunque señalaron en el comunicado del acuerdo para poner en marcha la movilización que tendrá lugar en otoño. Este timing y el hecho de que las centrales sindicales admitan entre los motivos que esta se ha gestado después de que el Congreso echara por tierra los decretos de vivienda que han desembocado en el adelanto de elecciones generales hacen dudar a CEOE y Cepyme de la legalidad de la huelga.
En un duro comunicado de respuesta publicado este martes, las organizaciones dirigidas por Antonio Garamendi y Ángela de Miguel aseguran que la huelga general anunciada por los sindicatos mayoritarios horas después de la convocatoria anticipada de elecciones en el país "supone una medida de prensión que persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda". Es decir, una cuestión sobre la que la potestad regulatoria recae en las Administraciones Públicas y no en las empresas.
Es por ello que la patronal entiende que la huelga general anunciada no es de naturaleza laboral. "Consideramos inadmisible que se pretenda trasladar a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de una medida de presión que señala al Gobierno y a su gestión", denuncia CEOE y Cepyme.
En este contexto la calve de la convocatoria estará en la legalidad de la misma. "La información conocida hasta el momento no permite realizar una valoración definitiva -especialmente, sobre su encaje jurídico-, dado que la convocatoria está pendiente de ratificación, carece de fecha determinada y no constituye todavía el preaviso formal exigido legalmente", apuntan desde las patronales asegurando que analizará el pliego definitivo de la movilización, sus objetivos concretos, su ámbito "y el cumplimiento de los requisitos legales, defendiendo la seguridad jurídica y el normal funcionamiento de las empresa".
"Es indudable que es una huelga política y lo del término ilegal hay que decirlo el día que veamos la convocatoria real. Pero todo indica y parece que es ilegal, desde luego", aseguraba Garamendi en declaraciones para los medios.
Llamamiento al sosiego
En este punto, las patronales instan a los sindicatos a recapacitar para conservar los espacios de diálogo y el clima de paz social laboral en un momento clave ante las elecciones del 29 de noviembre. "Si algo tenemos algunos que hacer, especialmente los agentes sociales, es marcar la tranquilidad, la estabilidad y nuestra responsabilidad de la paz social, que es la clave, y no calentar la calle para dividir", reclamó Garamendi. El líder de la patronal defiende así la función institucional de los agentes sociales reconocida en la Constitución y ha rematado insistiendo en que "la mejor infraestructura en sociedad es la paz social".
Precisamente, esta es la postura que tomó el presidente del Instituto de Empresa Familar, Eloi Planes, que en preguntas de la prensa durante la clausura del XXIX Congreso Nacional no quiso pronunciarse sobre la convocatoria pero sí hizo un llamamiento a mantener un clima de calma ante la celebración de los comicios.
Más contundente fue en este mismo foro la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cargó contra la convocatoria de movilizaciones sindicales impulsadas, a su juicio, por aquellos que "no han creado puestos de trabajo ni saben lo que es jugarse el patrimonio".
"Una huelga general, ¿de quién, ahora y para qué? Si normalmente estas huelgas tienen que ver con los derechos laborales, ¿quién ha pensado en cuántos empleos en España se han quedado relegados por culpa de las cargas fiscales durante tanto tiempo y han imposibilitado a la clase media crecer?", cuestionaba la presidenta de la Comunidad de Madrid.
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