La política hídrica emprendida hace tres años por el Gobierno de Pedro Sánchez puede erosionar el PSOE en Murcia y la Comunidad Valenciana, tanto en las próximas autonómicas como en las generales. El recorte del trasvase Tajo-Segura es la bandera que López Miras y Pérez Llorca están agitando contra el Gobierno, al que acusan de condenar al empobrecimiento «por razones políticas» a dos territorios cuyo regadío aporta más de 3.000 millones al PIB nacional y 100.000 puestos de trabajo. La Planificación Hidrológica del Tajo aprobada implica un impacto económico y social que denuncian los barones populares, para beneficio propio y de Feijóo. Cuentan con el apoyo de los regantes, que ya señalan a los dirigentes regionales del PSOE como «cómplices». El trasvase ha entrado en campaña. «O se cambian las políticas hídricas que no funcionan o a los dirigentes que están al frente del Gobierno de España», advirtió ayer Pérez Llorca en un acto con el presidente murciano y los regantes en Pilar de la Horadada (Alicante).
El PSOE está muy expuesto en estos territorios. Hace un año, López Miras salió reforzado del Congreso de los Diputados al conseguir que todos los diputados del PP votaran a favor de una Propuesta de Ley para blindar el trasvase. No hubo disidencias y hasta los castellano-manchegos lo defendieron. No salió adelante por un voto -Feijóo no votó y Pedro Sánchez, tampoco-, pero el presidente murciano logró el objetivo de visualizar que los diputados socialistas murcianos y valencianos tampoco rompieron la disciplina y votaron en contra de la protección. Eso dejaba al PP y a Vox como los únicos partidos que defendían los intereses de regantes de la cuenca del Segura y un Pacto Nacional del Agua.
A estos argumentos respondieron los socialistas con una «hoja de ruta» que, a día de hoy, les expone aún más. En mayo de 2025, en el Congreso, el hoy delegado del Gobierno y líder del PSOE murciano, Francisco Lucas, defendió que el PSOE no quería «cerrar el trasvase», sino «lograr agua para siempre». La desalación es su solución, a pesar de que los regantes no dejan de advertir de que ese agua hace inviables determinados cultivos e, incluso, los daña.
El problema que se avecina es que no habrá agua desalinizada para cubrir el volumen que dejará de trasvasarse en cuanto se apliquen las nuevas reglas de explotación que el Consejo de Ministros guarda en un cajón esperando que el Tribunal Supremo, el próximo 5 de mayo, decida si avala los caudales ecológicos del Plan del Tajo y, por tanto, el recorte del trasvase. No guardan demasiadas esperanzas en el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) de que su recurso sea atendido por el Alto Tribunal, por eso llaman a «alzar la voz». Temen que ese pronunciamiento haga al Gobierno aprobar por Real Decreto las nuevas reglas, lo que supondrá la muerte de la infraestructura. Y lo hará sin necesidad de modificar la Ley del Trasvase de 2015, sino utilizando un atajo legislativo que evita buscar una mayoría parlamentaria que no tiene.
Lento crecimiento de la desalación
Mientras, el incremento de la desalación no lleva el ritmo esperado. El Gobierno ha invertido 97 millones de euros en la ampliación de la planta de Torrevieja para que genere 120 hectómetros cúbicos. Estaba previsto que alcanzara ese volumen este mes, pero las obras se prolongarán al menos hasta octubre y han supuesto un sobrecoste de ocho millones.
Además, solo podrá abastecer a una parte de las zonas que riegan con agua trasvasada, porque para el resto no hay tuberías de conexión. Tampoco hay planta fotovoltaica que la alimente y rebaje el coste de producción, actualmente un euro por metro cúbico y el 60% corresponde a la energía. La factura es de 55 millones cada año. La contestación social a la expropiación de campos en San Miguel de Salinas para el parque solar tiene paralizada esa infraestructura.
También hay protestas contra una segunda desaladora, también en Torrevieja, que fue licitada en julio, de la que se desconoce ubicación exacta y que debe nutrir al Campo de Cartagena y parte de la Vega Baja.