La Policía ha detectado en Ceuta varios pisos propiedad de ciudadanos ceutíes de origen marroquí utilizados para explotar sexualmente a niñas menores de edad inmigrantes que llegaron a la ciudad en la entrada masiva de finales de julio. La situación es de tal gravedad que un equipo de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) se ha desplazado a la ciudad autónoma para hacerse cargo de la investigación, según ha podido saber EL MUNDO.
Según las pesquisas policiales, las mafias captaron a las niñas una vez que cruzaron la frontera y, ya en territorio español, aprovechando su situación de extrema vulnerabilidad. El mecanismo detectado por los investigadores parte, en algunos casos, de una oferta que, en teoría, cubre sus necesidades básicas: comida y un lugar donde dormir. Bajo este reclamo, proxenetas marroquíes las llevan a pisos y chalés de ciudadanos ceutíes para obligarlas a ejercer la prostitución.
Los investigadores han comenzado a detectar cada vez más viviendas con estas características, lo que ha provocado una creciente preocupación. La Policía trata ahora de determinar quién está detrás de estas redes, cuál es su verdadera dimensión y el número de menores que podrían estar siendo víctimas de esta actividad.
La gravedad del fenómeno ha llevado incluso al desplazamiento a Ceuta de un equipo especializado de la UCRIF para reforzar las investigaciones. Los agentes están poniendo el foco en la identificación de estos pisos, en las personas que los gestionan y en las conexiones que puedan existir entre quienes ofrecen alojamiento a las menores y las organizaciones dedicadas a su explotación.
La preocupación policial se explica, además, por el perfil de las posibles víctimas: menores de edad, inmigrantes y, en muchos casos, sin una red familiar o social capaz de protegerlas. Su situación las convierte en un objetivo especialmente fácil para quienes buscan aprovecharse de su desamparo. La llegada a Ceuta, lejos de poner fin al riesgo al que se enfrentan, puede convertirse así en el inicio de un nuevo circuito de explotación. Esta realidad está adquiriendo una dimensión cada vez más preocupante y la Policía teme que el número de viviendas utilizadas para estas prácticas pueda seguir creciendo.
La explotación sexual de menores inmigrantes se convierte así en una nueva derivada de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad y en uno de los escenarios que más inquietud genera entre los agentes que trabajan sobre el terreno. En este caso, las redes no necesitan recurrir necesariamente a grandes infraestructuras. Basta con disponer de una vivienda, ofrecer un techo y comida a una joven que carece de alternativas y aprovechar después su situación de dependencia. Por eso los investigadores están tratando de localizar y desmantelar estos puntos antes de que puedan convertirse en estructuras estables de explotación.
La situación añade una nueva capa de gravedad a una crisis que ya estaba tensionando al límite los recursos de la ciudad y obliga a extremar la vigilancia sobre aquellos colectivos que presentan un mayor riesgo de caer en manos de las redes de explotación. La investigación policial pretende ahora establecer el alcance real de esta práctica, identificar a los responsables de los domicilios y esclarecer las relaciones que mantienen con las posibles redes de trata. El objetivo es evitar que estos pisos se conviertan en refugios para organizaciones que encuentran en la vulnerabilidad de las menores un terreno propicio para su actividad criminal. Para los agentes, el problema no es únicamente detectar los lugares donde presuntamente se produce la explotación. También resulta fundamental localizar a las menores y garantizar su protección.
En una ciudad sometida desde hace meses a una presión migratoria extraordinaria, la aparición de estos casos agrava la falta de capacidad para absorber una población inmigrante de tal magnitud. Este tipo de episodios supone una carga añadida sobre un dispositivo policial ya completamente tensionado. Los agentes no sólo tienen que responder a la presión migratoria en la frontera y en las calles, sino también investigar los delitos que se producen, detener a los responsables, custodiar a los arrestados y trasladarlos a los juzgados para ponerlos a disposición de la autoridad judicial.
Y todo ello en una ciudad en la que la presión sobre los servicios públicos continúa siendo extraordinaria y en la que miles de inmigrantes siguen pendientes de una solución. El propio Consejo General del Poder Judicial ha acordado reforzar los juzgados de Ceuta ante el incremento de denuncias y procedimientos derivados de la crisis, otra señal de que la sobrecarga no afecta únicamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El temor entre agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército es que esta situación se prolongue y que la excepcionalidad termine convirtiéndose en normalidad. La crisis de Ceuta, advierten, no puede resolverse simplemente aumentando puntualmente los turnos o enviando unidades durante unos días. Si la presión continúa, la falta de recursos puede terminar convirtiéndose en otro de los problemas estructurales de una ciudad que lleva ya semanas funcionando al límite.
La madrugada del pasado jueves, un grupo de entre 30 y 40 hombres extranjeros tendió una emboscada a cuatro militares del Grupo de Regulares que se dirigían a su punto habitual de vigilancia en la zona de Benzú. Patrullaban en un vehículo no blindado. «No Iban armados ni con equipo de protección adecuados», apuntó a este periódico un militar desplazado en Ceuta. Hubo 12 detenidos y un juez ya ha expulsado a 11 de ellos tras ponerlos la Policía Nacional a disposición judicial.