España asumirá tres millones de inmigrantes en situación legal con sus familias en un año a través del proceso de regularización extraordinario impulsado por el Gobierno. Así lo estiman altos mandos de Extranjería, que basan su cálculo en el efecto de las reagrupaciones familiares que prevén que soliciten los 1.200.000 peticionarios. Este asunto preocupa, y mucho, a los expertos en el área. «Por cada persona a la que se regularice su situación, se suman otras tres, como mínimo, si solicita y se concede una reagrupación».
Además, los jefes del área critican con dureza al Ejecutivo de Pedro Sánchez por, denuncian, apartar a la Policía Nacional «deliberadamente» del control de los trámites -es su competencia- para dejarlo en manos del Ministerio de Migraciones. Esta decisión, a su juicio, debilita los mecanismos de verificación de autenticidad documental sobre las personas que están en el proceso y abre la puerta, advierten, a una comprobación errónea, por ejemplo, de los antecedentes penales. La confusión sobre quién se iba a ocupar de tramitar los expedientes ha sido una constante a lo largo del proceso. La intervención de las brigadas de Extranjería queda reducida pues, revelan las mismas fuentes, a tareas meramente administrativas. «La Policía se limitará a documentar las tarjetas validadas por Migración».
El malestar es manifiesto al considerar que el personal del ministerio que dirige Elma Saiz «no está capacitado» para tramitar las solicitudes porque carece de «formación». «La voluntad del Gobierno es que entre todo el mundo», zanjan los altos mandos de la Policía Nacional. El Ministerio del Interior, por su parte, remite al Real Decreto. «Se va a pedir un informe policial tal como indica el Real Decreto» sin especificar nada más. El trámite que se clausurará, según las estimaciones de la cúpula policial, con un volumen regularizaciones que rompe cualquier previsión del Gobierno. «El sistema va a quebrar». Las peticiones registradas desbordaron al Ejecutivo Central y dieron la razón a la Policía Nacional, que desde el principio del proceso las situó entre 1,2 y 1,3 millones, más del doble de las cerca de 500.000 que el Gobierno estimó cuando aprobó la medida.
«Este proceso es algo que nadie en su sano juicio iniciaría. España somos una excepción, está claro», argumentan los altos mandos del área consultados. Temen que las mafias vean un filón en las reagrupaciones familiares que, vuelven a indicar, dinamitarán de nuevo las previsiones. «Pueden darse casos en los que personas de países extranjeros paguen a quienes estén ya en situación legal para que les dejen hacerse pasar por familiares como un hijo o unos padres. Es decir, pagar por papeles y certificados. Ahora ya se ven casos así, en los que incluso traen a testigos, pero se detecta rápidamente porque no son tantos solicitantes».
La Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional alertó desde el principio del escenario que el Ejecutivo central le puso enfrente. Se lamentó de no haber recibido directrices sobre cómo afrontar esta reforma estructural, calificada por el Gobierno como una «urgencia social» y e incluso redactó un contundente informe en el que dejaba clara su total desconfianza hacia el proceso y negaba, con datos, la «urgencia» en la que se apoyaba Pedro Sánchez.
El documento lo firmaba el comisario jefe central de Operaciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, Alfredo García Miravete. «Dado que el presente proyecto toma como antecedente directo la iniciativa legislativa popular tomada en consideración por el Congreso, el 9 de abril de 2024, necesidad detectada hace casi dos años, no parece que se trate de una situación sobrevenida, ni que pueda justificar suficientemente la tramitación urgente», razona un dossier cuyas conclusiones no ven claro el proceso. En él, advertía de que una regularización de tal magnitud podría acarrear «efectos negativos significativos». Entre ellos citaba un posible «efecto llamada» para nuevos flujos migratorios irregulares, así como tensiones sociales, problemas de seguridad ciudadana y de orden público. Hablaba incluso de la «desconfianza social» que se genera, apuntaba, «sobre gestión de fronteras». Insistía, asimismo, en el riesgo de saturación de servicios públicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales y pronosticaba que podrían no contar con la capacidad suficiente para atender el aumento de la demanda en un corto periodo de tiempo. «Existe el temor en amplias capas de la población de que una entrada masiva y rápida de nuevos inmigrantes aumente la carga sobre el sistema sanitario, educativo y los servicios sociales, los cuales podrían no tener la capacidad de absorción necesaria. La cifra de extranjeros y los plazos tan breves que prevé la norma para perfeccionar la regularización es inversamente proporcional a la capacidad de absorción del Estado español», recogía.
Contemplaba que, si el ciudadano afirma haber solicitado el certificado de antecedentes de su país y manifiesta que no lo ha recibido, pueda continuar el procedimiento mientras la Administración intenta obtener la documentación. En este tiempo los agentes han contabilizado «multitud» de casos de personas que han intentado entrar en el proceso de manera fraudulenta. Extranjería llegó a emitir una alerta interna a través de un oficio.