El 28 de abril de 2023 los concejales del PNV de Getxo Ignacio Gorostiaga e Irantzu Uriarte formalizaron la compra por 571.000 euros más IVA de uno de los 12 coquetos pisos que se pretendía construir en el corazón de Getxo (Vizcaya). El bajo del bloque 1 situado en la señorial calle de San Nicolás, con dos garajes y un trastero era un sueño para la pareja de ediles nacionalistas que estaba a punto de hacerse realidad porque el 18 de octubre de 2022, el Ayuntamiento dirigido por el PNV autorizó la licencia para rehabilitar el palacete que fue derribado dónde se iban a construir las viviendas de lujo.
Tres años y dos meses después, agentes de la Ertzaintza irrumpieron ayer en los despachos de Gorostiaga y Uriarte, en dependencias del área de Urbanismo y en la 'Casa Encantada' sede de los servicios informáticos para ampliar las investigaciones judiciales sobre la presunta trama política y técnica que facilitó un presunto pelotazo urbanístico.
Agentes de la Policía vasca se desplazaron ayer a pie -la comisaría se encuentra a apenas 100 metros- a la sede del Ayuntamiento de Getxo para registrar los despachos de los concejales del PNV Ignacio Gorostiaga y de Irantzu Uriarte. El mandamiento judicial ordenado por un juez de Getxo incluía también la búsqueda de pruebas en los ordenadores de técnicos del área de Urbanismo del Consistorio vizcaíno. Las investigaciones judiciales se iniciaron el 21 de octubre de 2024 por un presunto delito contra el patrimonio histórico por el derribo de un palacete en rehabilitación el 1 de agosto de 2024.
Los registros de la Ertzaintza en despachos de concejales nacionalistas vinculados con la operación urbanística del palacete obligaron a la alcaldesa de Getxo Amaia Agirre (PNV) a manifestar en una nota de prensa -evitó comparecer ante los medios- su «colaboración plena y activa» con el juzgado de instrucción para aclarar los posibles delitos cometidos en su Ayuntamiento. «Han estado escondiéndolo todo», respondió el portavoz del PP Eduardo Andrade -que sí atendió a todos los medios- para señalar el ocultamiento de la singular tramitación urbanística de este palacete cuya rehabilitación tenía como beneficiarios a los dos ediles del PNV señalados.
Andrade -como acusación popular- y el portavoz de EHBildu en el Consistorio -con una denuncia ante la Fiscalía- provocaron en octubre de 2024 que la Justicia accediera a la documentación que acreditó el interés de Gorostiaga y Uriarte en la tramitación urbanística de la rehabilitación de uno de los codiciados palacetes de Getxo. El Irurak bat era un edificio con una protección singular de «custodia municipal» que sus propietarios necesitaban vender ante la obligación de llevar a cabo importantes reformas. Después de un fallido intento para hacer viable su rehabilitación, el gestor de cooperativas de vivienda Ander Madariaga reactivó el proyecto de rehabilitación con algunos sospechosos cambios en la tramitación del mismo que los investigadores de la Ertzaintza ya incluyeron en su primer y extenso informe.
La Policía vasca advirtió en las investigaciones que trasladó a la primera juez encargada del caso -ya son tres los instructores que han intervenido- que el segundo proyecto de rehabilitación apartó al primer arquitecto municipal, que era Madariaga quien hacía las veces de promotor detrás de la sociedad cooperativa constituida y que la concejal Irantzu Uriarte llegó a votar a favor de la licencia para hacer la rehabilitación de la que iba a ser su vivienda de lujo sin informar de ello ni evitar su intervención.
Pero los vínculos de Uriarte y Gorostiaga -los dos aún concejales y con responsabilidades de gobierno- con el palacete salieron a la luz cuando las fachadas del palacete que se debían conservar fueron derribadas por los promotores de la obra. El 2 de agosto de 2024, dos agentes de la Policía Local certificaron en un atestado que del Irurak bat solo quedaban cascotes en una decisión que los responsables de la obra intentaron justificar por una fuga de agua.
La Ertzaintza advirtió del ahorro con costes que suponía el derribo frente a la obra nueva para construir los pisos de lujo en los que, entre otros, pretendían vivir la pareja de concejales nacionalistas. En el informe policial se estima este beneficio en 732.506 euros. La Policía vasca ya contaba con más información antes de los registros y el juez ha decretado el secreto del sumario.