Gualda se suma a Fernández y Lora en una cadena de causas que afecta a ayudas públicas por más de 760 millones
Regala esta noticia Añádenos en Google (Álex Sánchez) 06/07/2026 a las 00:07h.El mayor conglomerado societario del Estado afronta una tormenta judicial inédita desde que en 1995 sustituyó al viejo INI franquista. Los tres presidentes, bajo mandato ... de Pedro Sánchez en el Gobierno, al frente de la Pero el fango que mancha lo que venía haciendo 'marca España' va mucho más allá de los fondos de emergencia. El nombre de la SEPI aparece salpicado por escándalos más pedestres como los enchufes de las exnovias y amigas de José Luis Ábalos; las colocaciones de perfiles bajo sospecha como el de la 'fontanera de Ferraz', Leire Díez, en Correos; o los acomodos millonarios de piezas clave del partido, como el exgerente del PSOE Mariano Moreno al frente de Enusa, la empresa pública vinculada a la energía nuclear. Un acta de 2021 alude a la «promesa» de la presidenta de la SEPI para aprobar la ayuda de 112,8 millones a Tubos Bajo la tutela directa del Ministerio de Hacienda, el gigante gestiona el patrimonio estratégico del Estado en corporaciones de la talla de Telefónica, Indra, Redeia, Enagás, Navantia, Correos, Tragsa o la propia Enusa, donde han acabado militantes socialistas hoy bajo el foco de las presuntas corruptelas. Pero la exposición de la SEPI al abismo judicial estalló al convertirse en la ventanilla única del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Aquel mecanismo, dotado con 10.000 millones de dinero público para salvar firmas asfixiadas por el efecto del coronavirus, cerró con 30 operaciones autorizadas por el Ejecutivo de Sánchez que movilizaron 3.255 millones. La onda expansiva reventó las costuras del 'holding' este lunes. Ese día, el magistrado Santiago Pedraz imputó a la actual presidenta, Belén Gualda, y amplió el encausamiento a otra veintena de altos cargos y empleados. La investigación alcanza también a Mercasa, Enusa, Asturias y Forestalia por contratos, inversiones públicas y pagos a sociedades vinculadas a Hirurok La base de la imputación fueron las duras acusaciones de Anticorrupción, que ve indicios delictivos de calado: tráfico de influencias, malversación, prevaricación administrativa, organización criminal y uso de información privilegiada. El mapa fiscal sitúa en el centro al clan Hirurok —Vicente Fernández, Leire Díez y Antxon Alonso—, con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como presunto pilar del engranaje. Una estructura definida como un nexo de influencia permanente para moldear voluntades públicas a favor de intereses privados. Las pruebas recabadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil son consistentes. El 6 de julio de 2021, dos semanas antes de que el Consejo de Ministros aprobara el auxilio a la siderúrgica vasca Tubos Reunidos, una anotación encendía las alarmas: «Pese a la promesa de la presidenta de la SEPI... Los 112,8 millones de euros comprometidos por la SEPI están en el aire». El plan inmediato pasaba por que Antxon Alonso, dueño de Servinabar, jugara la baza del PNV demostrándole que manejaba información confidencial de las tripas de la sociedad pública. La presunta red buscaba forzar una presión directa de los nacionalistas sobre Moncloa para desatascar los fondos. Catorce días después, el 20 de julio, el dinero fue aprobado. Noticia relacionada
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