El tren que descarriló este domingo en Córdoba.
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN La tragedia fue fatalidad; el accidente, previsión insuficiente Publicada 19 enero 2026 20:44h Actualizada 19 enero 2026 21:26hEl fatídico descarrilamiento de un tren de Iryo que ha chocado contra un Alvia este domingo en Adamuz (Córdoba), el primer gran siniestro en la red de alta velocidad española, es ya el cuarto accidente ferroviario más mortal de nuestra historia.
Óscar Puente ha asegurado que "es un accidente muy extraño", dado que se ha producido en una recta, en una vía que terminó de renovarse el pasado mayo tras una inversión de 700 millones de euros, y con un tren de sólo cuatro años de antigüedad que pasó su última revisión el 15 de enero.
Es cierto que la tragedia ha sido fruto de la fatalidad.
Porque se trata de un hecho verdaderamente desafortunado que el Alvia procedente de Madrid se cruzara casualmente justo cuando la cola del tren saliente de Málaga invadía la vía contigua, sin lo cual no se habría producido la colisión.
Pero lo que no puede achacarse a la mala suerte, sino a la imprevisión, es el incidente que provocó el descarrilamiento del convoy.
Porque por mucho que las circunstancias del accidente sean "extrañas", como ha declarado el presidente de Renfe, es incontrovertible que Adif notificó al menos ocho incidencias técnicas en el tramo de Adamuz durante los últimos quince meses.
Además, los maquinistas del sindicato SEMAF ya alertaron a Adif y al Ministerio de Transportes, en una carta del pasado agosto, de que el aumento del número de trenes de alta velocidad, y el mayor peso ejercido por los convoyes sobre las vías, estaban provocando más fallos en la infraestructura viaria.
Por eso, los maquinistas solicitaron que se redujera la velocidad de los trenes a no más de 250 km/hora.
No se puede aducir, por tanto, que el operador no estuviera al tanto de un deterioro de las vías que estaba "produciendo una degradación profunda y acelerada en el material rodante, causando frecuentes averías".
Y tampoco eran desconocidas las quejas de multitud de usuarios en los últimos meses (recuperadas a raíz del accidente), que reportaron en sus redes sociales la creciente frecuencia de fuertes vibraciones y temblores en los vagones en que viajaban.
Junto con el mayor peso por eje que soportan los trenes con los que operan las nuevas compañías como Iryo, tanto los maquinistas como los técnicos del sector denunciaron como una de las claves de estos defectos la insuficiente inversión en mantenimiento con relación al crecimiento exponencial de usuarios de los últimos años.
Y en efecto, como destaca hoy EL ESPAÑOL, el tráfico en la red de AVE se ha duplicado desde 2019 hasta alcanzar el año pasado el récord histórico de viajeros, especialmente tras la liberalización del servicio iniciada el año siguiente y la generosa bonificación de este medio de transporte por el propio Gobierno. Pero el gasto en mantenimiento sólo se ha incrementado en un 19%.
No se trata de especular ociosamente sobre las causas del accidente, que aún deben ser esclarecidas por la investigación de la Comisión competente. La cual, descartada la hipótesis de un exceso de velocidad, se centra ahora en la rotura de una soldadura en el carril derecho.
Pero es inevitable acudir a los datos fácticos que indican un envejecimiento de la flota, y una infradotación (en comparación con el resto de países europeos) de las labores de conservación necesarias para acondicionar las infraestructuras de la red de alta velocidad más extensa del mundo en término de kilómetros por habitante.
Y ello no supone politizar la tragedia buscando precipitadamente culpables. Porque es razonable que las miradas se dirijan a la autoridad responsable, que en este caso es el Gobierno de España.
En ese sentido, resulta improcedente que, en el marco de una comparecencia institucional en el lugar del suceso, el presidente del Gobierno hable de luchar "contra los bulos y la desinformación", poniéndose la venda antes de la herida.
Porque es inevitable que se abra entre los españoles de buena fe un debate sobre la aparente saturación de unas infraestructuras inadaptadas al crecimiento poblacional vertiginoso de las últimas décadas, como apunta también el problema del acceso a la vivienda o a la atención sanitaria.
Pero también que los ciudadanos hagan memoria de otros incidentes recientes como el insólito apagón general del año pasado, indiciarios de que los servicios públicos acusan una notable degradación.
En el caso particular del tren, no se puede soslayar que venimos de un verano caótico de constantes retrasos e incidencias ferroviarias. A lo que se suma el robo de cables de cobre en la línea Madrid-Sevilla en mayo, que el Gobierno calificó de "sabotaje", o el vuelco de un convoy de AVE en el túnel de Chamartín en octubre, que tardó casi dos meses en ser retirado.
Igual que no cabe habituarse a esta clase de episodios bochornosos, tampoco se puede normalizar que en un país desarrollado se produzcan catástrofes con un saldo de fallecidos pavoroso: 40 muertos en el caso del tren de Adamuz, más de 200 en el caso de la dana.
El Gobierno está obligado a no reincidir en la estrategia exoneratoria que ha ensayado en las crisis previas, a depurar realmente responsabilidades esta vez, y a aplicarse a enmendar su deficiente planificación ferroviaria y el declive sufrido por las infraestructuras públicas bajo su mandato.