Donde reina el caos, aliñado con retrasos y silencios administrativos, el ministro Bolaños irrumpe para vender una realidad inexistente.
Hace solo unos días aparecía en la prensa el caso de toda una promoción de jóvenes que había aprobado la oposición a inspectores de trabajo y llevaba seis meses en su casa cobrando 1.200 euros al mes sin hacer nada. La historia es solo una pequeña cata de la ineficiencia y la arbitrariedad de un Estado cuyos responsables demuestran cada día el desprecio hacia el sufrido contribuyente que paga la fiesta, más preocupados probablemente por ofrecer impresiones antes que resultados. De otra forma no se entiende.
Toda esa promoción no engrosa las listas de parados, pero su aportación en estos momentos a la productividad de nuestra economía es negativa. Evidentemente, esos jóvenes aplicados que han cumplido y aprobado sus exámenes con alta nota no son los culpables de que quienes han convocado las oposiciones y tienen la obligación de ponerlos a trabajar al servicio de la sociedad sean incapaces de hacerlo, pero al menos tienen el consuelo de cobrar un discreto emolumento por tocarse los pies. El tema no sería especialmente grave si no fuera porque se trata solo de la punta de un enorme iceberg de ineficiencia en el seno del Estado.
Un importante número de jóvenes que va a hacer dos años aprobaron las oposiciones a los cuerpos generales de la Administración de Justicia llevan esperando en sus casas desde entonces, en este caso sin cobrar, que les adjudiquen sus plazas. Gastaron tiempo y en muchos casos dinero en preparadores y academias para abordar las pruebas que lograron superar para ahora quedar varados en el limbo.
No se trata de una excepción porque la siguiente promoción, la de 2025, está en la misma situación. Pasado este tiempo, la incertidumbre y la necesidad de sobrevivir que rodea a estos jóvenes sobradamente preparados les lleva a buscar trabajos temporales en un Burger King, en un bar o en unos grandes almacenes, debiendo en ocasiones ocultar en sus currículum que han aprobado una oposición para evitar ser rechazados.
Mientras tanto, gran parte de esas plazas o están vacantes o son cubiertas por miles de interinos que han accedido a través de bolsas de trabajo sin haber superado ningún proceso de mérito y sin reunir en muchos casos la preparación exigible para satisfacer el puesto. El uso de interinos es un recurso de la Administración para cubrir necesidades puntuales, pero ha acabado por convertirse también en un vicio habitual con el que se ocupan tareas que son permanentes para las que se deberían haber sacado plazas a concurso.
Se trata de una forma bastarda de consolidar empleo por la vía de la temporalidad, contraviniendo el principio de igualdad, mérito y capacidad que se debe exigir en el acceso al empleo público y que está recogido en el artículo 103.3 de nuestra Carta Magna. Este mandato constitucional es el que ha motivado que el Supremo haya reiterado que no cabe convertir a interinos en funcionarios de carrera sin pasar previamente por un proceso selectivo.
Y mientras esta realidad campa por España, el Ministerio de Justicia que dirige el ministro Félix Bolaños acaba de anunciar a bombo y platillo "la mayor convocatoria de plazas para jueces y fiscales de la historia", que, según reza el anuncio, dotará a nuestra administración de justicia de 500 jueces y 200 fiscales. No se sabe muy bien cómo cree Bolaños que todos esos nuevos jueces que anuncia y los 5.500 que ya están en activo van a realizar su trabajo si tras ellos no hay una estructura de personal y medios que agilicen los procedimientos. Una estructura que en la actualidad es tan precaria que provoca que un proceso judicial completo tenga una duración media de más de dos años, según los datos del CGPJ.
Aquí cuando se habla de medias quiere decir que en el ámbito penal pueden ser 15 meses para solucionar un asunto y tres años y medio en el contencioso administrativo. A los funcionarios se les acumulan cientos de expedientes encima de sus mesas y la Justicia va tan lenta que en muchos juzgados se están señalando causas para 2029 e incluso 2030. Y mientras esto ocurre miles de opositores están esperando la adjudicación de plazas de cinco procesos de los cuerpos generales del Estado. Muchos de ellos convertidos en funcionarios errantes con su oposición ya aprobada. En total se calcula que habría cinco mil plazas sin adjudicar.
Donde reina el caos, aliñado con retrasos y silencios administrativos, el ministro Bolaños irrumpe para vender una realidad inexistente. Dice Bolaños que la gran reforma de la Justicia ya está en marcha y que ya se ven los resultados positivos de la Ley de Eficiencia. ¿Dónde están exactamente esos resultados positivos?
El mal funcionamiento de la Justicia tiene un efecto dominó y perversas consecuencias sobre la sociedad a veces casi imperceptibles. No solo produce la inseguridad jurídica de la que huye la inversión, por la multiplicación de los costes, limitando con ello la creación de empresas y de empleo, tan necesarios para el progreso de cualquier país civilizado, sino que genera una letal pérdida de confianza de la ciudadanía. En esta situación cabe preguntarse si el Gobierno está a setas o a Rolex. Si tiene un real interés por mejorar la calidad de la Justicia o lo único que realmente le mueve es controlarla, después de haberla destrozado.
*Iñaki Garay es director adjunto de EXPANSIÓN
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