La primera vía fue Zaño Sociedad Consultora, empresa vinculada a Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta de Andalucía, exsecretario de Organización del PSOE andaluz y antiguo secretario de Estado. Díez cobró cuatro nóminas de 4.000 euros entre junio y septiembre de 2024. Los ingresos se realizaron los días 26 de junio, 27 de julio, 3 de septiembre y 26 de septiembre, por un total de 16.000 euros.
Díez cobró cuatro nóminas de 4.000 euros entre junio y septiembre de 2024. Los ingresos se realizaron los días 26 de junio, 27 de julio, 3 de septiembre y 26 de septiembre, por un total de 16.000 euros.
La Guardia Civil sostiene que esas nóminas «habrían sido realmente un método para que ésta recibiera cantidades con origen en el PSOE». La documentación intervenida en Ferraz muestra que Zaño emitió al partido cuatro facturas consecutivas, fechadas entre agosto y noviembre de 2024, por 7.500 euros más IVA cada una. El PSOE abonó así 36.300 euros, impuestos incluidos, mientras Leire recibió 16.000 euros netos.
Los agentes destacan que coincide el número de facturas y de nóminas y que existe una estrecha proximidad temporal entre unas y otras. También subrayan que el coste total soportado por Zaño por cada mensualidad de Leire ascendía a 7.505,17 euros, una cifra prácticamente idéntica a los 7.500 euros facturados mensualmente al PSOE.
El informe representa el recorrido del dinero mediante un esquema directo: el PSOE abonó 36.300 euros a Zaño y la consultora transfirió 16.000 euros a Díez. La UCO identifica una cuenta del partido en el BBVA como origen previsible de los pagos, aunque introduce una cautela: señala que ese extremo no puede afirmarse todavía «de forma concluyente» porque la información procede de la documentación contable aportada por el propio PSOE.
La segunda vía conduce a Ismael Oliver, abogado que asumió la defensa de Koldo García y al que los investigadores atribuyen participación en la estrategia de denuncias contra la Guardia Civil. El 28 de enero de 2025, Oliver Gruppe transfirió 27.225 euros a la cuenta de Leire. La cantidad coincide exactamente con los 22.500 euros más IVA que otro despacho vinculado al letrado, Estudio Jurídico I. Oliver & Partners, había facturado al PSOE.
La factura atribuía el pago a estudios de antecedentes, reuniones de trabajo, opiniones y conclusiones jurídicas sobre documentos mercantiles y valoración de hechos. Sin embargo, la UCO considera que se interpusieron las dos sociedades de Oliver «para hacer llegar fondos a Leire con origen en el partido». El dinero habría salido de una cuenta del PSOE en el Banco Sabadell, ingresado en otra del despacho profesional y terminado después en manos de Díez a través de Oliver Gruppe.
Los investigadores vuelven a advertir de que la cuenta de origen ha sido identificada a partir de los archivos contables entregados por Ferraz, por lo que este punto tampoco puede afirmarse aún «con rotundidad». La UCO reclama mantener una investigación bancaria amplia porque no descarta que los fondos hayan circulado entre distintas cuentas de las mismas personas físicas o jurídicas antes de alcanzar su destino definitivo.
La UCO reclama mantener una investigación bancaria amplia porque no descarta que los fondos hayan circulado entre distintas cuentas de las mismas personas físicas o jurídicas antes de alcanzar su destino definitivo.
El oficio incluye además los pagos realizados por el PSOE al abogado Jacobo Teijelo, que facturó al partido 125.000 euros más IVA mediante tres facturas. La Guardia Civil sostiene que Oliver fue utilizado como vía para transferir dinero a Leire y que Teijelo sirvió igualmente como instrumento para canalizar fondos destinados al propio letrado y a un tercero. Ambos, añade, prestaban servicios para la «presunta organización criminal».
La reconstrucción bancaria refuerza la línea que investiga el uso de fondos del PSOE para financiar las actividades de Díez. Según la tesis de la UCO, esos pagos daban cobertura económica a las gestiones desarrolladas desde 2024 para obtener información contra jueces, fiscales y guardias civiles, promover denuncias y tratar de interferir en causas que afectaban al partido y a dirigentes de su entorno.
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