La red habría utilizado al expresidente del holding público dependiente de Hacienda Vicente Fernández para ganar más de 937.000 euros
Regala esta noticia Añádenos en Google Vicente Fernández, en la comisión de investigación del Senado. (EP)Melchor Sáiz-Pardo y Almudena Santos
24/06/2026 a las 00:17h.La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el centro de la maquinaria de ... cobro de favores y mordidas de la la trama 'Hirurok' para influir en expedientes públicos a cambio de pagos. Esta red corrupta - formada por la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y el empresario Antxon Alonso; y a la que posteriormente se unió Santos Cerdán- es la base de la que en primavera de 2024, a raíz de los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, surgieron las 'cloacas', la maquinaria para tratar de malbaratar las investigaciones que salpican al PSOE, al Gobierno y al entorno familiar del propio presidente. Antes de meterse en esas maniobras contra la UCO y Anticorrupción, los investigados ya se habían embolsado en mordidas no menos de 937.000 euros.
remitido a la Fiscalía Anticorrupción en noviembre y mantenido hasta ahora bajo secreto de sumario por el juez Santiago Pedraz, describe una estructura que no habría actuado en un solo expediente, sino sobre varias empresas públicas o participadas: Mercasa, Enusa, Tubos Reunidos, Parque Empresarial Principado de Asturias y Forestalia.El documento policial no habla de una gestión aislada. Dibuja todo un patrón a la sombra de la influencia de dirigentes socialistas y responsables y exaltos cargo del Gobierno. Según la UCO, el grupo se habría valido de su «posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública» para orientar «diversos expedientes seguidos en la Administración pública» en beneficio propio o de terceros. Anticorrupción entiende que esos hechos presentaban indicios de prevaricación, malversación y tráfico de influencias cometidos por una organización criminal con repercusión en varios territorios y en una pluralidad de entes públicos.
Todas las miradas en el informe de la UCO se dirigen a un nombre: Vicente Fernández. La llave de entrada en ese circuito fue él. La Guardia Civil recuerda era hombre ya de confianza de María Jesús Montero en la Junta de Andalucía, desarrolló antes su carrera en la administración pública de aquella comunicada y fue nombrado el 23 de junio de 2018 presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. El informe no atribuye a la exvicepresidenta primera intervención alguna en los hechos investigados, sí fija que, durante la presidencia de Fernández -hasta octubre de 2019, cuando fue cesado al ser imputado en el 'caso Aznalcollar' sobre la irregularidades en la reapertura de la mina-, se nombró a responsables de varias sociedades del grupo público que luego aparecen en la investigación: Mercasa, Enusa o Cofivacasa.
La UCO recoge incluso una referencia del exra que «a Jorge lo nombré yo en 2019», en alusión a Jorge Guillermo Pipón, administrador único de Cofivacasa. Según sus informes, la manera en que el grupo Hirurok habría materializado sus capacidades sobre distintos procedimientos administrativos fue «precisamente a través de estos cargos públicos», «aunque no de forma exclusiva». Es decir, no necesitaban dominar formalmente la SEPI. Bastaba, según los agentes, con explotar el conocimiento, las relaciones y los nombramientos que Vicente Fernández había acumulado en el holding público.
Desde 2021
La UCO define la SEPI como una entidad de derecho público adscrita a Hacienda, con 14 empresas participadas de forma directa y mayoritaria y más de 100 sociedades indirectas. Entre las primeras menciona Correos, Mercasa, Enusa, Sepides y Cofivacasa, todas con incidencia en los hechos investigados. Ese mapa empresarial ofrecía, según la investigación, una red de ventanillas públicas por las que Hirurok podía intentar colocar informes, contratos, intermediaciones o decisiones favorables.
El grupo empezó a funcionar, según la UCO, en torno al primer trimestre de 2021. Antxon Alonso, socio en la sombra de Santos Cerdán, Vicente Fernández y Leire Díez, la 'fontanera' «comenzaron a actuar de forma conjunta y coordinada» bajo intereses «esencialmente económicos». Llegaron a autodenominarse Hirurok, «nosotros tres» en euskera. La Guardia Civil destaca que se coordinaban mediante reuniones presenciales o telemáticas, adquirieron una sociedad para desarrollar su actividad, fijaron dependencias en Madrid y establecieron canales seguros para comunicarse.
Leire Díez aparece en ese esquema no solo como 'fontanera política'. El informe recuerda que, entre octubre de 2018 y diciembre de 2021, fue responsable de comunicación de Enusa, una de las empresas públicas participadas mayoritariamente por la SEPI, y que después ocupó cargos de responsabilidad en Correos entre 2021 y 2024. Antxon Alonso, por su parte, no tuvo cargo en la Administración, pero la UCO le atribuye «estrechos vínculos» con miembros de ella y subraya que habría titulado de forma velada un 45% de Servinabar en favor de Santos Cerdán.
Red societaria
El dinero se canalizó principalmente a través de Mediaciones Martínez SL, sociedad controlada por Antxon. La UCO sostiene que esa mercantil habría emitido facturas entre el 27 de julio de 2021 y el 6 de agosto de 2023 por al menos 913.199,22 euros a sociedades que directa o indirectamente se habrían beneficiado de la actividad desplegada por Fernández, Díez y Alonso. Los datos bancarios elevan los fondos recibidos por Mediaciones Martínez hasta 937.715,05 euros entre octubre de 2021 y julio de 2023.
La tabla incluida por los investigadores permite ver el volumen del circuito. Mediaciones Martínez facturó a Reciclajes y Derribos Olite, Valeriano Urrutikoetxea, Tubos Reunidos, Grupo Aldesa, Servinabar, Alto Minerals, Madrid Aranda Empresa Constructora, Laam Arquitectura, Escribano Mechanical and Engineering, SDP Carrillo y Montes Abogados y Teknei IT. La UCO destaca que el grueso de esa facturación se concentró en sociedades vinculadas a Construcciones y Excavaciones Erri Berri y que, junto a Tubos Reunidos, Aldesa y Servinabar, superaba el 82% del total.
El informe, además, añade pagos posteriores a Mediaciones Martínez procedentes de Next Generation Caliope Innova y Universal Global Scale Worldwide, sociedades del grupo empresarial de Antxon, por 161.000 euros entre julio de 2023 y mayo de 2024, sin que se haya localizado facturación de soporte. También recoge pagos de Servinabar a Vicente por 183.149,43 euros en nóminas entre 2021 y 2023, pese a que los agentes no describen una relación laboral ordinaria.
El informe no reduce Hirurok a Tubos Reunidos. Esa fue la operativa más visible por el rescate de 112,8 millones de euros. En Mercasa, la UCO analiza un contrato menor con Servinabar sobre la sede de Paseo de La Habana. En Enusa, apunta a gestiones vinculadas a Acciona y a un despacho profesional. En Pepasa, rastrea una licitación de 2,8 millones. En Forestalia, sitúa pagos de 200.000 euros y operaciones societarias posteriores. Es decir, la red, según los agentes, convirtió conocimiento público en negocio privado. La SEPI era el punto de partida, el mapa de contactos y, en algunos casos, la ventanilla por la que pasaban empresas, expedientes y decisiones. El informe deja una fotografía incómoda: bajo el paraguas del 'holding' dependiente de Hacienda, antiguos cargos y personas vinculadas a sociedades públicas habrían usado durante años la arquitectura del Estado para cobrar por mover expedientes.
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