Los mensajes interceptados por la Guardia Civil desvelan cómo los investigados perfilaban las ofertas públicas de empleo y redactaban en secreto los concursos a los que luego concurrían
Regala esta noticia Añádenos en Google De izquierda a derecha, Vicente Fernández, Leire Díez y Antxon Alonso. (R. C.)Almudena Santos y Melchor Sáiz-Pardo
10/07/2026 Actualizado a las 07:18h.Entre finales de 2020 y principios de 2024, la compañía estatal Correos se convirtió en uno de los epicentros operativos del autodenominado grupo Hirurok, que ... traducido del euskera significa nosotros tres -en referencia a la exmilitante socialista Leire Díez, el empresario Antxon Alonso y el expresidente de la Sociedad Estatal Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernánez. El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reconstruye una hoja de ruta para asaltar la entidad pública, que comenzó con la colocación de la conocida como 'fontanera' del PSOE dentro de la empresa estatal pasando por el amaño de contratos de asesoría legal e imagen institucional a favor de bufetes aliados, presuntamente a cambio de mordidas.
Una vez dentro de la compañía, la toma de poder fue inmediata. Apenas un mes después de su incorporación, la 'fontanera' del PSOE presumía por mensaje ante el presidente Juan Manuel Serrano —que antes había ocupado la jefatura de gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal socialista: «Filatelia también controlada y bajo mi control». La maniobra culminó en marzo de 2022 con su nombramiento como directora gerente de Filatelia y Relaciones Institucionales —el departamento responsable de la emisión, comercialización y promoción de los sellos de correo y productos de colección, además de la gestión del Museo Postal—, desplazando al anterior responsable. Según la UCO, esta reestructuración se diseñó expresamente para que la Díez pasara a depender de forma directa y sin filtros de la Presidencia, concentrando bajo su mando las áreas con mayor capacidad de contratación.
En noviembre de 2021, la cúpula de Correos autorizó a Leire Díez a redactar los requisitos de su propio puesto antes de que saliera a concurso público
Asentada la red en la cúpula, comenzó el desvío de fondos públicos hacia bufetes aliados a cambio de presuntas comisiones ilegales. El grupo habría amañado adjudicaciones como la asistencia técnica de la Dirección de Filatelia por más de 180.000 euros, cuyo pliego fue elaborado directamente por un abogado de la firma beneficiaria, SDEP. En los mensajes interceptados, los cabecillas de la trama negociaban el reparto de los beneficios —pactando porcentajes en el chat mediante la fórmula «%SdP % VFG»— e instaban para formalizar los contratos antes de un eventual relevo tras en la Presidencia de Correos que hiciera peligrar el negocio.
Adjudicación de contratos
La investigación de la Guardia Civil destapa algunas de las presuntas irregularidades en los expedientes tramitados desde el departamento de Díez. En el contrato para la asesoría del convenio con la editorial Vicens Vives —adjudicado a SDEP por 13.900 euros—, el despacho beneficiario ya trabajaba en los borradores diez días antes de que Correos iniciase formalmente la licitación. Para cumplir el trámite legal de solicitar tres ofertas, el propio socio del bufete facilitó a la trama los nombres de dos profesionales afines a los que invitar —el denominado esquema «1+2»—, vulnerando los principios de competencia. Un patrón que se replicó en la licitación de 180.138 euros para la asistencia reputacional de la dirección, cuyo pliego fue elaborado por un abogado de SDEP.
Vicente Fernández habría percibido al menos 213.995,20 € de SDEP y 30.522,25 € adicionales a través de su firma Allies & Altera
El retorno económico que según habrían recibido según los informes de la UCO quedó registrado en las cuentas bancarias de los cabecillas de la red. La Benemérita certifica que el expresidente de la SEPI ingresó entre 2022 y 2024 al menos 213.995,20 euros procedentes directamente de las cuentas del despacho SDEP. A esta cifra se suman otros 30.522,25 euros percibidos por la sociedad instrumental Allies & Altera S.L. —administrada de forma única por el propio Fernández—, donde en correos de coordinación interna se explicitaba el cobro de conceptos como «la mitad de la cantidad pendiente de Correos» por valor de 17.937,50 euros. Asimismo, los atestados recogen un trasvase de 24.200 euros desde la constructora MAAR hacia la mercantil de la trama, Mediaciones Martínez -que la trama presuntamente utilizaba para blanquear las comisiones recibidas no solo en este caso, sino en el resto de actividades irregulares que habrían realizado-, tras ofrecerle Díez la adjudicación directa de obras dentro de la empresa postal.
El ocaso de la red en la compañía estatal se aceleró con el adelanto electoral de 2023. Ante la incertidumbre de un cambio político, Díez promovió de urgencia en julio de ese año una prórroga de 12 meses y una ampliación económica de 74.437 euros para el contrato del bufete SDEP. Tras la salida de Juan Manuel Serrano de la Presidencia en diciembre de 2023 y el cese formal de la propia investigada en febrero de 2024, la trama dio por concluida la explotación de Correos y reorientó sus actividades hacia las conocidas como 'cloacas', es decir, a intentar entorpecer algunas de las investigaciones que afectaban al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno.
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