El juez Pedraz reclama las informaciones reservadas y procedimientos disciplinarios abiertos contra guardias civiles que participaron en pesquisas sobre el partido y su entorno
Regala esta noticia Añádenos en Google Fernando Grande-Marlaska y la directora del cuerpo, Mercedes González Fernández.Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín
27/05/2026 Actualizado a las 11:54h.La imagen no pudo ser más icónica. Antonio Balas, el jefe del departamento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al ... que las cloacas del PSOE pretendían ver muerto, entrando este miércoles en el cuartel general del cuerpo, en la calle Guzmán el Bueno de Madrid, con una orden judicial en mano para exigir todos los documentos que apuntan a la represión laboral de los agentes que han sido incómodos por sus investigaciones a la esfera del PSOE.
pieza secreta del caso SEPI sobre la presunta financiación irregular del equipo de Leire Díez, la 'fontanera', para desacreditar a fiscales, mandos policiales y miembros de la Guardia Civil que intervenían en causas sensibles para Ferraz.El requerimiento, encabezado por el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, busca determinar si esos procedimientos internos pudieron ser utilizados como represalia contra investigadores de tramas que salpican al PSOE o a su entorno. La actuación se produjo en paralelo a la personación de agentes en la sede federal socialista para reclamar documentación sobre la contratación de Díez y los pagos que, según las pesquisas, se habrían encubierto mediante facturas falsas por trabajos ficticios destinados a financiar la red que lideraba junto a Javier Pérez Dolset y otros colaboradores.
Mecanismos de presión
La entrada en la Dirección General de la Guardia Civil apunta a una derivada especialmente sensible de la investigación: la posible utilización de mecanismos administrativos internos para presionar, desgastar o apartar a agentes que habían participado en causas incómodas para el partido. Los investigadores quieren comprobar qué expedientes se abrieron, quién ordenó incoarlos, con qué argumentos, qué recorrido tuvieron y si guardan relación temporal o material con las investigaciones que desarrollaban esos guardias civiles.
La UCO no busca solo la existencia formal de procedimientos disciplinarios. Pretende reconstruir si hubo una pauta, una selección de objetivos o una cadena de decisiones administrativas que pudiera revelar un uso desviado de esos instrumentos contra funcionarios concretos. La clave estará en cruzar los expedientes reclamados con las fechas de las investigaciones judiciales, las comunicaciones incautadas a los investigados y los encargos atribuidos a la estructura de Leire Díez.
Noticias relacionadas
red 'Hirurok' —«los tres» en euskera—, integrada por Díez, el empresario Antxon Alonso, dueño de Servinabar, y Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Hasta ahora, la Guardia Civil atribuía a ese grupo maniobras para orientar contratos, ayudas y adjudicaciones públicas entre 2021 y 2023, valiéndose de su capacidad de influencia sobre cargos públicos y de su acceso a organismos estatales o empresas participadas.
El salto de la investigación se produjo al detectar los agentes una posible vía de financiación desde el entorno socialista hacia las 'cloacas' de Díez. Los documentos y comunicaciones en poder de la UCO apuntan a que el PSOE habría recurrido a facturas «falsas» por «trabajos ficticios» para nutrir de fondos al equipo de la 'fontanera', que tenía entre sus objetivos malograr investigaciones que afectaban al partido o a su entorno y desacreditar a miembros de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción.
Esa es la razón por la que los agentes acudieron también este miércoles a Ferraz. En la sede federal socialista reclamaron documentación sobre la contratación de Leire Díez, exmilitante y exconcejal del partido, y sobre los pagos que pudieron realizarse a través de la gerencia del PSOE. La UCO investiga si esos abonos respondían a trabajos reales o si sirvieron para encubrir la financiación de una estructura dedicada a buscar información comprometedora contra investigadores, fiscales y mandos policiales.
La documentación recabada permitirá a la UCO reconstruir el circuito completo de la maniobra: quién encargó los trabajos, quién los autorizó, cómo se pagaron, qué información se buscó, contra quién iba dirigida y si existieron actuaciones internas contra guardias civiles que puedan vincularse a esa estrategia. La pieza secreta queda ahora pendiente del análisis del material incautado en Ferraz, de los expedientes reclamados al instituto armado y de los documentos intervenidos en los registros practicados este miércoles.
comentarios Reportar un error