Los agentes, que también han entrado en la SEPI en Madrid con un «requerimiento de información» rastrean si parte del dinero obtenido tras vender activos autorizados acabó en manos de la red del exdirigente socialista
Regala esta noticia Añádenos en Google Concentración de los trabajadores frente a la sede de la empresa en Bilbao. (Manu Cecilio) 04/06/2026 Actualizado a las 10:21h.La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registra este jueves la sede social en Bilbao de Tubos Reunidos, la empresa alavesa rescatada por ... la SEPI, en busca de documentación sobre una operación patrimonial de la que los investigadores sospechan que pudo servir para desviar hasta 10 millones de euros a la trama que la Audiencia Nacional atribuye a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Los funcionarios, de forma paralela, se han personado en la sede de la SEPI en Madrid en un «requerimiento de información» sobre la operación para salvar la empresa vasca con dinero público.
El registro se enmarca en la investigación del caso SEPI, la causa que analiza si la red formada en torno a Leire Díez, el empresario Antxon Alonso, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el propio Cerdán utilizó su influencia sobre sociedades públicas y administraciones para obtener adjudicaciones, ayudas o decisiones favorables a cambio de pagos o comisiones.
Tubos Reunidos ya figuraba en el sumario como una de las operativas bajo sospecha. El informe 89/2026 de la UCO sitúa «el rescate» concedido por la SEPI a la mercantil Tubos Reunidos SA «por un importe de 112,8 millones» como uno de los casos en los que el grupo Hirurok habría desplegado su capacidad de intermediación. Los investigadores sostienen que «los indicios recopilados ponen de manifiesto» que la red llevó a cabo «acciones tendentes al otorgamiento de esta ayuda».
Según ese informe, la contraprestación inicialmente detectada fue de 114.950 euros. La UCO afirma que el grupo habría percibido esa cantidad «a través de la mercantil Mediaciones Martínez», sociedad que aparece de forma recurrente en la investigación como instrumento de facturación de la red. No es, por tanto, una línea nueva para los agentes, sino una derivada ampliada de una operación que ya estaba judicializada.
La Guardia Civil recoge además una secuencia especialmente relevante sobre el bloqueo inicial del rescate. Según el sumario, en un momento en el que la ayuda a Tubos Reunidos «se encontraba bloqueada», Leire Díez y Vicente Fernández «propusieron acudir a Santos y Antxon para impulsar el mismo». La referencia a Cerdán y Antxon Alonso permite a la UCO conectar la operación con la estructura política y empresarial de Hirurok.
El informe añade que, «previsiblemente como resultado de lo anterior», las actuaciones del grupo consistieron, «según las palabras de los propios investigados», en al menos su «intermediación» con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco. Esa «intermediación», según la UCO, «podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda» pública.
La nueva diligencia se centra ahora en una operación posterior al rescate. Antes de devolver la ayuda recibida, Tubos Reunidos solicitó autorización a la SEPI para vender un inmueble y terrenos por un importe aproximado de 15 millones de euros. Los investigadores rastrean si alrededor de 10 millones de esa operación pudieron acabar, directa o indirectamente, en el circuito económico de la trama.
El sumario ya apuntaba a una segunda fase en la relación entre Tubos Reunidos y los investigados. La UCO afirma que, «una vez concedida» la ayuda, identificó «una segunda operativa» desarrollada entre 2024 y 2025 con el objetivo de conseguir «el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda». En esa segunda operativa, añade el informe, «habría podido participar Santos».
La conexión con Ferraz aparece de forma expresa. La UCO cita una reunión celebrada el 13 de noviembre de 2024 en el despacho de Cerdán en la sede del PSOE, en la calle Ferraz. En esa cita participaron «el propio Santos, Leire y dos directivos de Tubos Reunidos». La frase sitúa a la empresa rescatada en la sede socialista y ante el entonces número tres del partido en plena fase de gestión posterior de la deuda.
Tras aquella reunión, siempre según el informe policial, Vicente Fernández «habría facturado 40.000 euros a Tubos Reunidos». El documento remite, además, al informe 80/2026, dedicado específicamente a «los pagos percibidos por Mediaciones Martínez SL y Vicente Cecilio Fernández Guerrero provenientes de Tubos Reunidos SA».
La UCO busca ahora contratos, correos, justificantes, autorizaciones internas, comunicaciones con la SEPI y documentación societaria o inmobiliaria que permita reconstruir la ruta del dinero. La clave es determinar si la venta de activos fue una operación ordinaria de una empresa rescatada o si pudo utilizarse para alimentar financieramente a la red investigada.
Cerdán aparece en la causa como nexo entre la estructura política del PSOE y la trama de influencia en la órbita de la SEPI. Pedraz ya le ha situado en un plano superior al de los integrantes iniciales de Hirurok y le atribuye capacidad para intervenir en decisiones estratégicas. En Tubos Reunidos, la UCO investiga dos tiempos: primero, la ayuda pública de 112,8 millones; después, las gestiones posteriores sobre la deuda y los activos de la compañía.
La investigación sigue en fase indiciaria. Ni el rescate ni la venta de activos constituyen por sí mismos una irregularidad penal. Lo que la UCO trata de acreditar es si existió una conexión entre esas decisiones, la actuación de la red de Cerdán y el posible destino final de parte del dinero obtenido por la empresa. La novedad del registro es que los agentes buscan ahora el rastro de esos 10 millones que, según las sospechas policiales, pudieron acabar en manos de la trama SEPI-Cerdán.
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