Endurece el acceso a Europa y condena a la expulsión «por defecto» a muchos migrantes, según grupos humanitarios
Regala esta noticia Añádenos en Google Policías alemanes, en un control fronterizo. (Afp) 12/06/2026 Actualizado a las 19:28h.Mientras el Papa León XIV escuchaba en Canarias testimonios desgarradores de migrantes y lanzaba el mensaje de que «Europa no puede acostumbrarse a que el ... mar sea un cementerio sin lápidas», la Unión Europea (UE) ha iniciado este viernes la aplicación del Pacto sobre Migración y Asilo, de obligado cumplimiento para los Veintisiete. Dos años después de su aprobación, entró en vigor con el objetivo de blindar las fronteras comunitarias y el compromiso de agilizar los procedimientos de asilo y, a la vez, acelerar las devoluciones de personas sin derecho a residir en territorio europeo. Según ONGs como PICUM, el plan se centra en regular el asilo y traza una clara distinción entre los refugiados «legítimos» y el resto, que es condenado casi «por defecto a la deportación».
En 2015, Europa acogió a un millón de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes por motivos económicos procedentes de Oriente Medio, África, los Balcanes Occidentales y Asia del Sur. Más del 90% solicitaron asilo. En el seno de la UE se abrió un debate que ha alumbrado este Pacto que pone el foco en la frontera exterior, donde se realizará la identificación, el cribado y, en su caso, las devoluciones. Para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el plan «tiene un enfoque restrictivo de derechos y aborda las migraciones desde el punto de vista de la seguridad».
El nuevo reglamento, compuesto por una decena de apartados, es común para todos los socios de la Unión Europea. «Los días de 27 políticas migratorias se han acabado», subraya la eurodiputada conservadora alemana Lena Düpont. En resumen, el Pacto endurece los requisitos de acogida e impone un mayor control de fronteras. Bruselas pretende así determinar de forma rápida la identidad de los migrantes, en especial de los que «representen cualquier riesgo para la salud y la seguridad». El propósito es «remitir con rapidez» a los que incumplan las condiciones de asilo. Los controles se realizarán en puntos próximos a las fronteras de la UE y los migrantes podrán estar retenidos un máximo de siete días en grandes centro de asilo.
Durante esa estancia, serán sometidos a verificaciones de identidad, reconocimientos médicos, controles de seguridad y el registro en Eurodac, la base de huellas dactilares, donde también quedarán archivadas imágenes faciales y registros biométricos para los mayores de seis años –hasta ahora era a partir de 14 años–. Las autoridades comunitarias recuerdan que sólo el 20% de quienes ven denegada su solicitud de asilo regresan a su país de origen.
El Pacto incluye el principio denominado 'ficción de no entrada'. Es un mecanismo que permite tratar a los migrantes que han cruzado la frontera como si hubieran sido retenidos antes de ingresar en territorio europeo. De esta manera, pueden ser expulsados de forma inmediata, frente a los 15 días que tenían ahora para salir de forma voluntaria.
«Sólo si combatimos la parte ilegal de la migración, tendremos espacio para la migración legal y la protección de quienes lo necesiten de verdad», dice el comisario de Interior
En otra de las medidas, la nueva ley incluye un procedimiento exprés de 12 semanas desde la llegada del migrante irregular para completar el proceso de asilo. Hasta ayer, ese plazo se prolongaba en ocasiones hasta dos años. Además, la nueva normativa presenta un sistema de «solidaridad» –aunque no es obligatorio– con los países miembros de la UE más afectados por la presión migratoria, como España, Chipre, Italia y Grecia. Los otros socios comunitarios tendrán que acoger inmigrantes o contribuir con fondos. «Sólo si combatimos la parte ilegal de la migración tendremos espacio para la migración legal y para la protección de quienes realmente lo necesitan», defiende el comisario Brunner.
Centros de deportación
Además de facilitar el proceso de deportación con esta ley, el Ejecutivo comunitario ha redactado en otra iniciativa la base legal –sólo falta una votación y el resultado se prevé favorable– para crear «centros de retorno» fuera de Europa. Alemania, Países Bajos, Grecia, Dinamarca y Austria ya han iniciado los contactos con varios países para aplicar esa fórmula a la que se opone España. Bruselas actuará como garante de los derechos de los migrantes que sean deportados a esas instalaciones foráneas. De hecho, ya ha firmado acuerdos con Egipto, Mauritania y Túnez, y hay negociaciones con Senegal, Pakistán y Bangladesh, para desplazar allí a personas de cualquier nacionalidad.
La ONG PICUM-SOS Racismo cree que el Pacto dejará a un número mayor de personas en un «limbo administrativo, sin poder acceder a un permiso de residencia, ni a servicios esenciales o un trabajo digno». Critica la retención durante siete días en centros de la frontera para su identificación y considera que los «procedimientos de selección» están diseñados para derivar lo más rápido posible a los solicitantes de asilo hacia la deportación. No se les da, a juicio de esta organización, información sobre alternativas más allá de la vía del asilo, como permisos humanitarios o por razones familiares.
«El Pacto dejará a un número mayor de personas en un limbo administrativo, sin permiso de residencia ni servicios esenciales», alerta PICUM
PICUM pide que el proceso de evaluación tenga en cuenta las «vulnerabilidades», como discapacidades o problemas de salud, y lamenta que no se detallen las garantías con las que se aplicará la nueva normativa. Y recuerda que un tercio de los países comunitarios, España incluida, aún no disponen de un «sistema claro para proporcionar asesoramiento jurídico gratuito durante los procedimientos de asilo». Por eso, alerta esta ONG, existe el riego de que algunas personas sean deportadas «antes de que un tribunal pueda tomar una decisión final sobre su apelación después de un rechazo inicial de solicitud de asilo».
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