Invasores acampados en la playa del Trampolín, en Ceuta. EFE
Editorial EL RUGIDO DE EL ESPAÑOL La UE deja a Sánchez sin excusa para echar a los invasores de Ceuta Publicada 19 agosto 2026 02:42hLa Comisión Europea ha sido inequívoca. Todos los que permanecen ilegalmente en Ceuta deben ser retornados. Todos. Incluidos los menores no acompañados.
El portavoz de Interior de Bruselas lo ha dicho con claridad: la expulsión de todos los invasores está cubierta por el Derecho de la Unión.
Marruecos se ha mostrado dispuesto a readmitirlos. El Gobierno de Ceuta lo exige. La oposición lo reclama. Y una amplia mayoría de españoles rechaza la gestión actual.
Sólo el Ejecutivo de Pedro Sánchez se niega a actuar con la contundencia que la situación exige.
Mientras tanto, Ceuta se deteriora. Robos, okupaciones, agresiones sexuales, brotes de sarna, suciedad y un clima de inseguridad inconcebible en cualquier otra ciudad europea, y sólo comparable con algunos de los peores suburbios africanos.
El Consejo General del Poder Judicial ha tenido que pedir refuerzos judiciales precisamente por el incremento de delitos sexuales vinculado a esta crisis.
Y el Gobierno responde con más plazas temporales, más kits de comida y la habitual acusación de que quienes piden expulsiones pertenecen a la ultraderecha. Es una maniobra de distracción tan previsible como indigna.
El Gobierno dice que hay que respetar el Estado de derecho y tramitar cada expediente con todas las garantías legales.
Nadie pide arbitrariedad. Pero una norma pensada para el caso individual deja de tener sentido cuando se enfrenta a una entrada de decenas de miles de personas en 48 horas. Aplicar el procedimiento ordinario, lento y maximalista, a una situación extraordinaria no es rigor jurídico: es convertir el trámite en un obstáculo al objetivo mismo de la norma, que es el retorno efectivo de quienes entraron ilegalmente.
El positivismo extremo se convierte entonces en refugio de la inacción. En el pretexto de un Gobierno para enquistar la putrefacción y hacer inviable la permanencia de sus ciudadanos en Ceuta.
El Gobierno tiene margen. Puede agilizar protocolos, intensificar la cooperación operativa con Marruecos, utilizar vías de urgencia y aplicar el Derecho de la Unión con la eficacia que Bruselas está reclamando.
Elegir no hacerlo, mientras acusa a Juan Jesús Vivas de radicalismo por exigir lo que la propia Comisión Europea considera legal y necesario, es una decisión política, no una fatalidad jurídica.
Es priorizar el cálculo ideológico y el filibusterismo administrativo sobre la seguridad de los ciudadanos y la integridad del territorio nacional.
Es, lisa y llanamente, aferrarse al rigorismo burocrático para no afrontar su responsabilidad, que es la de proteger España, a los españoles y la soberanía nacional.
Ceuta no es un problema local ni una crisis inmigratoria. Es un test de la capacidad del Estado para defender sus fronteras y proteger a quienes viven en ellas. Cada día de retraso, cada día que los invasores permanecen en Ceuta, consolida la impunidad, debilita la autoridad y envía un mensaje inequívoco: entrar de forma violenta en España tiene recompensa.
Eso no es humanidad, empatía o solidaridad. Es irresponsabilidad, dejadez y omisión de socorro, por no decir complicidad con el invasor.