El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante el acto de demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid. Europa Press
Política La UE enmienda a Sánchez con la vivienda: "La propiedad es un derecho fundamental y la okupación genera inseguridad"La Eurocámara solicita a los Estados miembros que "adopten medidas más estrictas para proteger a los propietarios" y que efectúen "las órdenes judiciales oportunas de desahucio".
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Ángela Poves Publicada 28 febrero 2026 03:11hLas claves nuevo Generado con IA
El Parlamento Europeo reclama un cambio en aquellos gobiernos de Estados miembros que, a través de medidas legislativas, amparan de una forma u otra el fenómeno de la okupación, entre ellos el de Pedro Sánchez.
La institución ha hecho público su primer informe relativo a la crisis de vivienda, y en él respalda la protección de los propietarios. En concreto, asegura que la propiedad privada es un "derecho fundamental" y que la okupación genera "inseguridad".
La Eurocámara ve riesgos para el propio funcionamiento del mercado de la vivienda en caso de no garantizar la propiedad privada: "El hecho de que los propietarios puedan recuperar legalmente el control de sus viviendas no solo es una cuestión de equidad y justicia, sino que también es vital para mantener la confianza de los inversores y la oferta de alquileres".
El informe analiza las medidas de los Estados miembros en materia de vivienda y, respecto a la okupación, solicita a los gobiernos que "adopten medidas más estrictas para proteger a los propietarios".
"Hay que garantizar mecanismos jurídicos rápidos y eficaces para la recuperación de la propiedad, incluidas las órdenes judiciales oportunas de desahucio", añade.
Los condenados por okupación no podrán acceder a vivienda social durante cinco años en Madrid y AndalucíaDe esta forma, la Eurocámara respalda los desahucios que, sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez trata de limitar con el argumento de priorizar la protección de "colectivos vulnerables".
Indirectamente, el informe de la Eurocámara avala la tesis del PP, que considera que la política de vivienda de Sánchez ha generado "inseguridad jurídica, subida de precios, reducción de la oferta y más okupación e inquiokupación".
Y Junts fue clave el jueves a la hora de tumbar en el Congreso de los Diputados el decreto de "escudo social" del Gobierno porque incluía medidas que blindan la okupación.
Bildu y ERC votan en el Congreso junto al PP, Junts y PNV una reforma para agilizar los desahucios de 'okupas'El informe europeo aporta ahora un respaldo institucional a la tesis de que la okupación vulnera un derecho fundamental y va más allá al advertir que "puede generar deterioro urbano y tensión social, y socavar la cohesión social".
También incide en la necesidad de proteger a los pequeños propietarios, como en el caso de pensionistas que dependen de los ingresos del alquiler para complementar su renta.
Así, reclama una mejor cooperación entre Estados miembros para abordar y frenar la okupación, "garantizando el derecho a la propiedad y la seguridad jurídica de los propietarios como elementos importantes para garantizar la estabilidad y la seguridad económica".
Pide igualmente un mayor uso de recursos como Europol, cuando existan indicios de delincuencia organizada detrás de determinadas okupaciones. Y recuerda que "los ciudadanos de la UE tienen derecho a poseer, utilizar, disponer y heredar bienes adquiridos legalmente".
Aunque el informe no cuestiona explícitamente la legislación española, sí enfatiza la necesidad de encontrar un equilibrio "justo" entre la protección de propietarios e inquilinos.
Marlin, propietaria de un chalet okupado: "Abrieron en mi casa un lavadero de coches y la deuda es de más de 54.000 €"Por otro lado, el informe plantea soluciones para paliar el déficit de 10 millones de inmuebles que se necesitaría construir en la UE.
Según explica, el 11% de la población europea tiene que destinar, al menos, un 40% de su sueldo a la vivienda, y recuerda que casi la mitad de los residentes viven de alquiler.
Así, presta especial atención a las personas más vulnerables y a los jóvenes, y reclama medidas que les permitan acceder a hipotecas, como la reducción de los costes de transacción y exenciones de los impuestos para los compradores de primera vivienda.
La edad de emancipación media en la UE es de 26,5 años, pero en el caso de España, es de 30 años.
Entre otras soluciones, propone un paquete de financiación público-privada para impulsar la construcción del parque inmobiliario, simplificar los trámites administrativos y acelerar los procedimientos de concesión de permisos.