- ANDRÉS STUMPF Bruselas
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Bruselas descarta prohibir los motores de combustión para 2035, pero introduce exigentes requisitos para transformar el parque automovilístico con las grandes empresas como punta de lanza.
Las empresas españolas tienen un gran desafío por delante. Aunque la Comisión Europea ha eliminado la prohibición a la venta de coches de combustión interna a partir de 2035, las elevadas exigencias de descarbonización que se adoptarán a cambio seguirán requiriendo un elevado esfuerzo de transformación por parte de los fabricantes y de los compradores.
Según los datos recogidos en la normativa anunciada ayer miércoles por el Ejecutivo comunitario, las nuevas matriculaciones de vehículos corporativos en España deberán estar compuestas en 2030 en un 36% por coches eléctricos puros o por aquellos basados en hidrógeno. Se trata de una cifra que se eleva hasta el 55% en caso de computar también las matriculaciones de los llamados vehículos de bajas emisiones que generan entre uno y 50 gramos de CO2 por kilómetro, como los coches híbridos.
Para las furgonetas, que también quedarán afectadas por los nuevos requerimientos europeos, las cifras son algo más laxas para los próximos años dada la menor penetración del vehículo eléctrico en este segmento. Para las furgonetas, exigen que un 29% de las nuevas matriculaciones de las flotas corporativas sea eléctrico y que al menos un 32% sea de bajas emisiones.
"A partir de 2030, los Estados miembros deben garantizar que un porcentaje mínimo de los nuevos automóviles y furgonetas corporativos matriculados por grandes empresas sean de cero o de bajas emisiones, con un subobjetivo separado para los vehículos de cero emisiones", señalan desde la Comisión.
El Ejecutivo comunitario estructura sus exigencias en base a países y no a las compañías. Así, los datos se tomarán de forma agregada y los esfuerzos de algunas firmas podrían servir para compensar las dificultades a las que se enfrenten otras, según explican fuentes comunitarias.
En 2024, la cuota de vehículos 100% eléctricos vendidos a empresas en España fue alrededor de un 6% de todos los vehículos suministrados para fines corporativos, un reflejo de la baja adopción de este tipo de vehículos en el parque automovilístico corporativo del país. De hecho, menos de un 10% de las compañías españolas cuenta con coches eléctricos en su flota.
El porcentaje exigido a España, tanto para automóviles como para furgonetas, es el resultado de tener en cuenta criterios como el PIB per cápita y la madurez del mercado de coches eléctricos. Así, hay otros países como Suecia, Austria, Irlanda, Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos con requerimientos muy superiores y cuyas nuevas matriculaciones corporativas deberán ser eléctricas en un 58% ya para 2030 y en un 90% si se cuentan también los vehículos de bajas emisiones (ver gráfico adjunto).
Pero las exigencias no se limitan sólo a 2030. Para dentro de 10 años, fecha en la que antes de esta regulación entraba en vigor la prohibición de la venta de vehículos con motor de combustión, los requerimientos se elevan de forma considerable para todos los Estados miembros.
En el caso de España, el peso de los coches eléctricos en las nuevas matriculaciones corporativas deberá alcanzar el 64%, mientras que, teniendo en cuenta los vehículos de bajas emisiones, la cifra escala hasta el 76%. Para esa fecha, las furgonetas deberán alcanzar los mismos niveles que los coches, algo que les requerirá acelerar su transición teniendo en cuenta que parten de niveles mucho más bajos.
Grandes empresas
La Comisión Europea limita las exigencias recogidas en su normativa a las grandes empresas, aquellas que cumplen dos de estos tres criterios: tener un balance total de al menos 20 millones de euros, generar una facturación neta mínima de 40 millones de euros o mantener una media de 250 o más empleados durante el último ejercicio.
El Ejecutivo comunitario exime a las pymes de los requerimientos al entender que poseen menos vehículos -por lo que su impacto es menor- y que los balances de estas compañías podrían estar más constreñidos como para convertirse en la punta de lanza de la renovación del parque automovilístico europeo.
Además, las exigencias a las compañías buscan garantizar de golpe a los fabricantes que el apetito por los coches eléctricos se elevará en el corto plazo, algo que les incentiva a incrementar su producción.
Según los datos manejados por Bruselas, las flotas corporativas suponen el 60% de todo el parque automovilístico del bloque comunitario, una cifra que se eleva al 90% en el caso de las furgonetas.
"Al centrarse en las grandes empresas, la propuesta aprovecha su poder adquisitivo, dando a los fabricantes más certeza sobre la demanda de vehículos de cero emisiones y de bajas emisiones", explica la institución presidida por Ursula von der Leyen.
Bruselas también considera que la transición al coche eléctrico de las grandes empresas puede allanar el camino para que, poco después, sean los consumidores los que sigan ese camino. La Comisión asegura que, como los vehículos corporativos se utilizan con mayor intensidad que los particulares, acumulan kilometraje más rápido y entran antes en el mercado de segunda mano, algo que puede presionar los precios a la baja en este segmento.
"Un mayor desarrollo del mercado de segunda mano aumenta la disponibilidad de vehículos asequibles de cero y bajas emisiones para los particulares, a la vez que reduce las emisiones totales del transporte", indican fuentes comunitarias.
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