La UE reacciona contra Sánchez por pretender dar papeles a migrantes y regular internet al margen de las normas europeas

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, este miércoles en la clausura de la jornada 'FP y Empresa: la alianza que impulsa el futuro'. Efe

La Eurocámara convoca un debate de urgencia ante la "inquietud de muchos Estados miembros por la regularización masiva".

La Comisión le advierte de que el reglamento europeo no le permite perseguir a los directivos de las plataformas ni rastrear la "huella de odio y polarización".

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La UE critica los planes de Pedro Sánchez para regularizar hasta 800.000 inmigrantes en España, alertando sobre su impacto en la libertad de movimiento en el espacio Schengen.

Bruselas advierte que la propuesta española para controlar internet y rastrear la "huella de odio" excede las competencias nacionales y contradice el Reglamento Europeo de Servicios Digitales.

El Parlamento Europeo ha convocado un debate monográfico para abordar la preocupación de varios Estados miembros ante las iniciativas unilaterales del Gobierno español.

El Partido Popular Europeo y varios líderes comunitarios consideran que la regularización masiva de inmigrantes puede suponer un efecto llamada y debilitar la política migratoria de la UE.

La debilidad interna del Gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en un desafío abierto a las normativas europeas en busca de cambiar el foco mediático. Sus dos iniciativas más recientes, en plena crisis ferroviaria tras los accidentes de Adamuz y Gélida, en los que murieron 47 personas, así lo atestiguan.

Por un lado, la regularización masiva de entre 500.000 y 800.000 inmigrantes. Por otro, su iniciativa para controlar internet, presentada como una ley para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años.

Sin embargo, el proyecto del Gobierno añade otras medidas que rebasan su competencia. Los servicios digitales ya están regulados por un Reglamento Europeo "de obligado cumplimiento" en todos los Estados miembros.

Alberto Prieto sobre la reacción de la UE a las políticas de Sánchez.

Además, este miércoles se ha confirmado que el Parlamento Europeo ha convocado un debate monográfico en el pleno de la semana que viene. El objetivo es responder a "la preocupación de muchos Estados miembros" ante la iniciativa unilateral española.

Y es que estos cientos de miles de personas hoy irregulares no sólo pasarán a tener derechos ciudadanos en España. También tendrán libertad de movimientos por todo el espacio Schengen.

Rastrear la "huella de odio"

El portavoz de la Comisión Europea Thomas Regnier recordó este miércoles que el Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) es "de obligado cumplimiento".

El texto establece explícitamente que se trata de "un conjunto específico de normas uniformes, eficaces y proporcionadas en el ámbito de la Unión" que impiden añadir nuevas regulaciones a un Estado miembro.

Sin embargo, según su anuncio del pasado martes, Sánchez quiere añadirle a la normativa la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad. El objetivo sería establecer una "huella de odio y polarización" de los usuarios de las redes sociales.

Se trataría de activar una suerte de rastreadores algorítmicos similares a los que ya utilizan las propias aplicaciones. Pero estos podrían ser gestionados por el propio Gobierno, lo que le daría la capacidad para "convertirse en censor", según los expertos.

Por eso, la Comisión le ha advertido de que no puede hacerlo. Según fuentes de Bruselas, "la DSA es un Reglamento, no una Directiva. Por lo tanto, no precisa de trasposición, es de aplicación directa en los Estados miembros".

Además, añaden estas fuentes, "la DSA pretende evitar la fragmentación del mercado interior y por eso los Estados miembros no pueden legislar en las materias que la DSA armoniza".

O lo que es lo mismo: "Perseguir penalmente a los CEO de las plataformas que publiquen contenidos ilícitos no está previsto en la DSA. Y la Comisión entiende que esto también lo cubre la armonización".

Es decir, "aunque aquí podría haber dudas, dado que el Derecho Penal es competencia de los Estados miembros –salvo en el caso de los delitos europeos–, el Ejecutivo comunitario alegará, como contraargumento, que si introduces unas obligaciones a través del derecho penal, vacías de sentido la DSA".

"Sánchez improvisó"

Lo mismo sucede con la prohibición de acceso a menores.

"Una prohibición nacional general del acceso de los menores a las redes sociales podría ser problemática", añaden estas fuentes. Podría interferir con la libertad de prestar servicios digitales en toda la UE y "crear regímenes nacionales divergentes que la DSA trata de prevenir".

Según fuentes de la dirección del PP Europeo, "probablemente, Sánchez improvisó el pasado martes".

Desde el PP español comentan con exasperación evidente, que "juntar la norma para proteger a los menores en las redes sociales", que fue una iniciativa de los populares, vía enmienda, "y ese empeño suyo de censurar o perseguir 'la huella de odio y polarización' de los adultos usuarios de las redes".

Estos dos elementos distintos "no encajan en la misma norma y, sobre todo, perseguir los contenidos de esa manera no encaja en las leyes europeas", concluye un miembro del Comité de Dirección de Alberto Núñez Feijóo.

Regularización en la Eurocámara

Con respecto a la convocatoria del debate de urgencia en el pleno de la Eurocámara, la iniciativa estaba recogida entre las propuestas defendidas por Feijóo en la Declaración de Zagreb de los líderes del PPE.

Así lo explicaron fuentes del entorno del presidente del PP: "La inmigración es uno de los grandes temas, siempre desde el respeto al Pacto Migratorio y sin perder de vista la preocupación que genera en Europa la propuesta de regularización masiva de inmigrantes en España".

Ante "el anuncio irresponsable de Sánchez de regularizar a todos los inmigrantes irregulares en España (en torno a 850.000), el Partido Popular Europeo sostiene que la legalización masiva de inmigrantes irregulares debilita gravemente la política migratoria y defiende, en su lugar, una inmigración legal, ordenada y controlada".

Para los populares europeos, "en todo caso, debería guiarse por criterios individualizados y condicionados que no convierta la ilegalidad en una forma de residencia".

En este sentido, "Feijóo expuso que la regulación que pretende imponer Sánchez se hace dando la espalda al debate parlamentario y siguiendo criterios distintos de los fijados en la UE".

Durante las dos jornadas de trabajo en Zagreb, el presidente del PP mantuvo encuentros bilaterales en los que trató este asunto.

Se reunió con el canciller de Alemania, Friedrich Merz; el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis; el primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic; y el primer ministro de Polonia, Donald Tusk.

También, con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides; el vicepresidente de Italia, Antonio Tajani; y el vice primer ministro de Bélgica, Vincent Van Peteghem.

"Consecuencias en toda la UE"

Según fuentes del PP en el Parlamento Europeo, "nuestros socios europeos entienden que la regularización masiva impacta directamente al espacio Schengen y a la libertad de movimiento, uno de los principales valores de la Unión Europea. Se regularizan en España, pero se pueden mover con libertad a través del resto de Estados miembros".

"Las decisiones unilaterales tienen consecuencias para toda la UE", advierten estas fuentes. "Esta regularización puede suponer un 'efecto llamada' para quienes ahora ven en España la puerta abierta de entrada a la Unión Europea".

De hecho, aunque "aún no se ha materializado, ya estamos comprobando las consecuencias con largas colas de migrantes llegados incluso de otros países vecinos que están colapsando los servicios de extranjería. Esto inevitablemente incentiva el trabajo de las mafias que trafican con personas".

Varios fueron los jefes de Estado y de Gobierno que, en esa cumbre de líderes del PPE, mostraron su "preocupación" por esta regularización masiva, explican las mismas fuentes.

"Con este debate impulsado por el PP, y aprobado gracias a los apoyos del resto de los grupos de derechas en la Eurocámara, queremos poner de manifiesto las políticas migratorias del Gobierno de Pedro Sánchez, que van en contra de la política migratoria en Europa".

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