Magnus Brunner, el comisario europeo de Migración e Interior, en un acto en Berlín. Europa Press
Política La UE ve en la crisis de Ceuta la prueba de fuego al pacto contra la inmigración ilegal y le piden a Brunner que visite la ciudadVarios grupos de la Eurocámara presionan al comisario de Migración para que acuda a la ciudad autónoma como gesto de implicación.
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Alberto D. Prieto Publicada 23 agosto 2026 06:00h Las clavesLas claves Generado con IA
Las alarmas han saltado en Bruselas con la crisis de Ceuta. Para la UE, la invasión de la ciudad española supone la prueba de fuego al pacto comunitario contra la inmigración ilegal.
La avalancha de 80.000 personas que cruzaron desde Marruecos a Ceuta el 30 y 31 de julio es el primer caso que pone a prueba tanto el reciente Pacto de Migración y Asilo como la capacidad de la UE para proteger su frontera sur.
Varios grupos de la Eurocámara presionan ya al comisario de Migración e Interior, el popular austriaco Magnus Brunner, para que viaje en los próximos días a la ciudad autónoma —y quizá también a Melilla— como gesto fuerte de implicación.
La Comisión Europea, por su parte, intenta que el Gobierno de Pedro Sánchez ofrezca "algún gesto" que permita calmar la situación.
En Bruselas recuerdan que la política migratoria es competencia de los Estados miembros y que, "sin una petición explícita de España para desplegar Frontex", activar fondos de emergencia o aceptar mecanismos del Pacto, el Ejecutivo comunitario tiene "poco margen", más allá de declaraciones y cartas de apoyo.
El desasosiego interno se percibe en las ruedas de prensa diarias de la Comisión, donde "todos los días" se insiste en preguntar por Ceuta.
Eso ha hecho que la presidenta, Ursula Von der Leyen, sea consciente de que "el problema no está resuelto", pese a que Moncloa insiste en presentar la crisis como un episodio ya cerrado tras el retorno de decenas de miles de las personas que entraron a Marruecos.
El Gobierno desafía a la UE e inicia con 500 niñas el traslado de parte de los invasores de Ceuta a la PenínsulaDe hecho, fuentes comunitarias confirman a EL ESPAÑOL que el primer pleno de Estrasburgo tras las vacaciones tendrá como uno de sus ejes la crisis migratoria y de soberanía desencadenada en la ciudad autónoma española.
En ese pleno, que se celebrará en la semana del 16 de septiembre, Von der Leyen realizará su discurso sobre el Estado de la Unión. Se trata de la intervención de inicio de curso en la que, cada año, la presidenta de la Comisión fija prioridades y marca tono político.
"Esto asegura toda la atención de la UE", explica una fuente europarlamentaria, "y si tras el asalto a Ceuta de 10.000 personas en mayo de 2021 hubo un durísimo debate y una dura resolución, ahora se espera mucho más. Pedirán la palabra diputados de todos los países e ideologías".
Contra la regularización masiva
El Grupo Popular Europeo tiene los votos suficientes para que, en ese mismo pleno, se celebre un debate específico sobre los "flujos incontrolados" hacia Ceuta, con la mirada puesta en una resolución que condene la "instrumentalización migratoria" y cuestione la "regularización masiva" aprobada por el Gobierno español.
El PP ya lo ha impulsado y sondea apoyos para una resolución dura con Marruecos, que podría dividir de nuevo a los socialistas, rotos tras las el comunicado conjunto firmado por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, junto a la conservadora italiana Giorgia Meloni, en contra de la "inmigración descontrolada", en referencia directa a la crisis de Ceuta.
La decisión final sobre esa resolución está en manos de la Conferencia de Presidentes, equivalente a una junta de portavoces en España, que deberá validar el debate "en las primeras semanas de septiembre" y, en su caso, el mandato para negociar el texto.
"La clave política estará en cómo voten los socialistas españoles", apunta un eurodiputado, incidiendo en que la líder del grupo en la Eurocámara es Iratxe García, de obediencia sanchista, y empeñada en rechazar una condena explícita a Marruecos desde la Unión.
Además, según ha podido confirmar este periódico, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), "molesta por el plantón de los ministros Marlaska y Saiz" a inicios de agosto —cita a la que sí acudió Brunner—, convocará una nueva reunión específica para abordar la crisis, probablemente "en el formato del grupo de seguimiento de Schengen".
Y sobre todo, estudia enviar una misión urgente de eurodiputados a Ceuta.
Sería una visita para comprobar in situ el impacto del asalto, hablar con autoridades locales y fuerzas de seguridad, y testar sobre el terreno si la crisis fue sólo migratoria o una forma de coerción política, es decir, un episodio de "guerra híbrida".
De este último término se huye en los textos oficiales, pero sobrevuela todos los análisis en Bruselas sobre la conducta del régimen de Mohamed VI.
La respuesta a Marruecos
Lo ocurrido a finales de julio en Ceuta ha encendido todas las alarmas en Bruselas porque combina dos riesgos que la UE ya conoce: la agresión contra una frontera exterior y la utilización de una brecha migratoria como instrumento de presión política.
Fuentes diplomáticas y parlamentarias advierten de que ni España ni la UE pueden vivir "en sumisión permanente" ante Rabat.
Recuerdan que el rey alauí tiene "el grifo de la migración en su mano" y algunos llegan a plantear, como hipótesis, la suspensión de determinados acuerdos comerciales como "respuesta proporcional".
Aunque eso comporta el riesgo de "asumir explícitamente que hay una guerra híbrida" con un socio que es pieza clave de Estados Unidos en el Mediterráneo occidental.
Y la clave es que esto ya pasó hace cinco años. Entonces, el Parlamento Europeo condenó la actuación de Rabat.
El texto, promovido por el entonces eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, rechazaba "el uso por parte de Marruecos del control de las fronteras y la migración, en particular de menores no acompañados, como presión política contra un Estado miembro de la UE".
Así que desde el PP español se advierte de la reincidencia de un actor –el Gobierno marroquí–, de la actitud de sometimiento del otro –el Gobierno español– y se detecta, también, una oportunidad política.
Dirigentes populares creen que la carta de los 22 Estados miembros que forzó la reunión extraordinaria del Consejo de Interior de la UE a inicios de agosto ha ayudado a que se entienda mejor la presión que ejerce Rabat.
"Muchos no se preocupan de la entrada de tomates sin controles en el mercado europeo", explica una fuente del PP en la UE, "pero la inmigración es un asunto sensible para todos".
En aquella carta, se acusaba al Gobierno de Sánchez de poner en riesgo la seguridad de las fronteras exteriores y de aplicar políticas que funcionan como "factores de atracción" al regularizar en masa a 1,3 millones de personas.
Von der Leyen respondió por escrito subrayando que la Unión "no puede aceptar ningún intento de usar la migración ilegal como instrumento de presión contra un Estado miembro”.
Y usando la jerga de Bruselas, advirtió a Madrid y a Rabat con buenas palabras: propuso "reforzar las fronteras" y la "cooperación con Marruecos", con más "ayuda financiera y técnica" para impedir una nueva avalancha
En varias cancillerías se empieza a comparar la posición de España ante Marruecos con la de Polonia frente a Bielorrusia, al inicio de la guerra en Ucrania, o la de Italia y Grecia frente a Turquía y Libia la década pasada. Pero si es comparable el desafío, no la es la reacción.
Los flancos fronterizos
El mensaje que se repite es que la Unión no puede permitir que uno de sus flancos fronterizos sea violable sin respuesta, porque eso debilita no sólo la frontera sur, sino "la credibilidad de todos los demás perímetros exteriores".
En este contexto, lo ocurrido en Ceuta ya no se lee sólo como una crisis migratoria, sino como la combinación de agresión a una frontera exterior y explotación política de una brecha alimentada por mafias, desinformación y decisiones jurídicas y políticas previas.
La delegación española del PP en el Parlamento Europeo ya envió a principios de agosto una carta a todos los eurodiputados denunciando "la peor crisis de soberanía nacional de la frontera sur de Europa".
La misiva subrayaba que Ceuta "no es sólo una frontera española, sino la frontera exterior de Europa", y advertía de que lo que está en juego no es sólo la integridad territorial, sino la credibilidad del espacio Schengen y la supervivencia del propio proyecto europeo.
Los populares españoles ya acusaban al Gobierno de Sánchez de haber rechazado la oferta de refuerzo financiero, técnico y operativo de la Comisión, incluido un despliegue de Frontex.
Y recuerdan ahora que la presidenta Von der Leyen ha exigido el fin inmediato de las entradas irregulares en Ceuta, además de "la devolución de quienes han cruzado ilegalmente".
Mientras, líderes como el polaco Donald Tusk han reclamado a España una política fronteriza "más firme" para garantizar la protección de la frontera exterior.
Sobre las razones de la actitud marroquí, las fuentes diplomáticas admiten que "sólo cabe la especulación", a falta de datos comprobables de los servicios de Inteligencia.
Apuntan como posibles factores la visita de Sánchez a Argelia en julio, o la presión para ser sede de la final del Mundial de 2030.
Pero coinciden en que, más allá de esas hipótesis, lo cierto es que se ha abierto "otra crisis bilateral migratoria muy seria" entre España y Marruecos.
Con todo este tejido de antecedentes, el asalto a Ceuta está llamado a protagonizar el pleno sobre el estado de la Unión con Von der Leyen en Estrasburgo.
Ese debate será el lugar donde se crucen la lectura jurídica, la presión diplomática y la batalla política interna de la Eurocámara sobre si la Unión responde a la mayor crisis de su frontera sur con "firmeza proporcional" o con una "ambigüedad que deje abierta la puerta" a nuevos episodios de instrumentalización migratoria.
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