En la casi centenaria historia de la Fiscalía General del Estado hay varios ejemplos de conllevanza con el poder, pero no ha sido hasta la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno cuando se han producido los casos más flagrantes, convirtiéndola en la institución pública más politizada. Ni con TVE ni con la agencia Efe se ha llegado a tal grado de utilización partidista y de falta de neutralidad institucional, sólo comparable quizá con el CIS de Tezanos, sumido en un descrédito irreparable. El ajuste de cuentas ejecutado ayer por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, contra los críticos con su predecesor, el condenado Álvaro García Ortiz, así como el ascenso de los afines del llamado Equipo Fortuny son sólo las últimas maniobras al servicio de Moncloa dentro de una larga lista que pone en evidencia la concepción patrimonial del Estado que ha practicado el presidente del Gobierno a lo largo de seis años de mandato.
Ya lo quiso dejar claro el propio Sánchez en su reveladora entrevistan en RNE: «¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso». Fue en noviembre de 2019, dos meses antes de que María José Segarra, una fiscal general no suficientemente alineada con las tesis del Gobierno, fuera sustituida por Dolores Delgado después de que el Gobierno no consiguiera que Segarra obligara a los fiscales a acusar por sedición en el juicio del procés.
Delgado, por el contrario, sí obligó como ministra a cambiar la rebelión por la sedición, y muchas cosas más. Su salto directo de ministra de Justicia a fiscal general fue el primer golpe contra la independencia de esta institución. Después vinieron sus injerencias en los casos de Trapero o Stampa y su sesgada política de ascensos basada en criterios ajenos al mérito y la capacidad y anulados en varias ocasiones por el Supremo.
Ella misma estuvo en el centro cuando, al dejar su cargo en julio de 2022, se convirtió automáticamente por obra de su pupilo García Ortiz en fiscal de Sala del Supremo, máxima categoría a la que podía aspirar, en lugar de volver a su posición anterior. Este ascenso a medida fue anulado por el TS al apreciar una «desviación de poder». Aun así, García Ortiz volvió a nombrarla fiscal de Sala de Memoria Democrática y el TS volvió a revocarlo.
El caso más grave, en todo caso, ha sido el del propio García Ortiz, ejecutor fiel de las órdenes de Delgado que ha acabado convirtiéndose en el primer fiscal general condenado de la historia democrática de España por revelación de secretos en la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso. El fallo tiene una gran trascendencia histórica y política, pues confirma que un fiscal general se prestó para urdir una operación política en la que un pilar del Estado arrollaba los derechos de un ciudadano por ser pareja de una rival.
García Ortiz, cesado en diciembre de 2025 tras la condena del Supremo, tampoco ha dejado un charco político sin pisar. Apodado Don Alvarone por sus críticos y declarado inidóneo por el CGPJ, quiso impedir al Consejo Fiscal pronunciarse sobre la Ley de Amnistía; buscó obligar a los fiscales del procés a que informasen a favor de amnistiar al prófugo Puigdemont (ellos se negaron y los apartó del caso), y se enfrentó a la Fiscalía Superior de Cataluña por haber recurrido una aplicación de la amnistía, además de proseguir con la línea de nombramientos discrecionales en la que incurrió su predecesora.
García Ortiz ha dejado una Fiscalía rota, desprestigiada y con fracturas internas. Su sucesora Teresa Peramato, muy próxima a él y a Delgado, confirma con la purga de ayer -con ascenso de la esposa del ex fiscal incluido - que será difícil, como ella prometió, «sanar las heridas abiertas». Todo ello, unido a la utilización de la Fiscalía como arma en los casos judiciales del hermano y de la esposa de Pedro Sánchez, y en paralelo a una persistente campaña de desprestigio contra los jueces y los medios de comunicación independientes, muestra la degradación institucional a la que el Gobierno está conduciendo al Estado de Derecho.