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Imagen de la vivienda que tenía alquilada Loli Fernández a Larios en la vega de Maro. SUR Larios empieza a derribar construcciones en sus fincas agrícolas de la vega de MaroLa firma inicia un plan para modernizar las explotaciones y mantiene en tramitación el proyecto para promover un campo de golf, 500 viviendas y tres hoteles
Sábado, 17 de enero 2026, 18:36
el pasado diciembre a través de SUR, ya han comenzado los derribos de construcciones arrendadas en la vega de ... Maro, en Nerja, dentro del plan de la Sociedad Azucarera para «limpiar» y reordenar sus fincas agrícolas, en un contexto de extinción de unos 400 contratos de alquiler que afectan a alrededor de ochenta familias que residen en la zona oriental de la provincia. La demolición de la vivienda de la arrendataria Loli Fernández, este pasado viernes, ha encendido las alarmas entre los colectivos vecinales y agrarios, que denuncian «falta de información» y reclaman «protección» para las familias que residían en estas huertas.«La vivienda fue demolida con todos los enseres, sin avisar previamente a la arrendataria», denuncia la plataforma
El colectivo ha difundido un vídeo del derribo en redes sociales en el que se aprecia la maquinaria trabajando entre los restos de la vivienda y ha advertido de que se trata del inicio de una serie de demoliciones en las fincas de la compañía. «Esta vivienda en una finca en Nerja, propiedad de la empresa Sociedad Azucarera Larios, fue demolida con todos los enseres, sin avisar previamente a la arrendataria», señala la plataforma en su comunicado público. Fernández, que residía por temporadas en esta vivienda, ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil.
La actuación se enmarca en la decisión de Larios de poner fin a los contratos de arrendamiento de unas 400 fincas agrícolas en la vega de Maro, la mayoría utilizadas como huertas de recreo y, en muchos casos, como residencia habitual en autoconstrucciones que comenzaron siendo casas de aperos. Entre los afectados figuran alrededor de ochenta familias, una veintena de ellas con hijos escolarizados en el CEIP de Maro, según pudo conocer este periódico en diciembre. La plataforma ha solicitado documentación sobre los permisos del derribo a la empresa propietaria y al Ayuntamiento nerjeño, a través de sus abogados, sin haber obtenido aún respuesta. Están estudiando emprender acciones legales contra estas operaciones de derribo.
150 hectáreas
Fuentes de la empresa explicaron ya entonces a SUR que la extinción de los contratos se está realizando con un año de antelación y de forma escalonada hasta el verano de 2026, con el objetivo declarado de recuperar un uso «estrictamente agrícola» en unas fincas que suman en torno a 150 hectáreas. El plan incluye una «limpieza integral» con el derribo de construcciones irregulares, la retirada de depósitos de agua y otros elementos que la compañía considera contrarios al paisaje y al medio ambiente.
La vega de Maro ha pasado en las últimas décadas de albergar principalmente explotaciones de agricultores profesionales a convertirse, en buena parte, en un mosaico de huertas de recreo, segundas residencias y pequeñas edificaciones levantadas por arrendatarios locales y extranjeros. La empresa Larios admite que, de los alrededor de 400 arrendatarios actuales, solo unos 50 se dedican profesionalmente al campo, mientras que el resto corresponde a usuarios de ocio, muchos de ellos no residentes en la zona.
Los colectivos de Maro alertan de que esta transformación implica la pérdida de tejido social y proyectos agrícolas
Larios sostiene que la retirada de huertas de fin de semana, infraviviendas y asentamientos dispersos es una condición previa para avanzar hacia una agricultura «más ordenada y profesional», así como para despejar el horizonte jurídico y urbanístico de la finca. Sin embargo, los colectivos de Maro alertan de que esta transformación implica la pérdida de un tejido social y de proyectos agrícolas, incluidos algunos de carácter ecológico, que han echado raíces en la zona.
«La empresa (Larios) nunca se ha interesado en obligar a la gente a hacer cosas como pagar sus facturas de agua, limpiar sus residuos (agrícolas), o cuidar las infraestructuras como las carreteras, etc. A través de la asociación de aguas, hemos pedido muchas veces a Larios que cancele los contratos de las personas que no pagan el agua, pero no quieren involucrarse porque, al final, toda esta degradación, basura y abandono les favorece para cambiar eventualmente el uso del suelo», han asegurado a SUR desde la plataforma.
Proyecto urbanístico
Las demoliciones llegan mientras sigue encallado el desarrollo turístico proyectado por la compañía en unas 200 hectáreas de la vega, que contempla un campo de golf, unas 500 viviendas y hasta tres hoteles con unas 700 habitaciones. El plan, conocido como 'Maro Golf', permanece bloqueado por la incertidumbre sobre si la tramitación debe acogerse a la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) o a una innovación del planeamiento conforme a la anterior LOUA.
En este contexto, Larios defiende que su propuesta es «innovadora y sostenible» y aspira a situar a Nerja y la Axarquía «en la vanguardia de la Costa del Sol», integrando agricultura, golf y oferta hotelera de alta gama. La empresa subraya que la parte más oriental de la finca, dentro del paraje natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, quedaría preservada sin actuación urbanística, más allá de posibles acuerdos de mejora patrimonial.
El alcalde manifestó en el último pleno que «pinta que el uso agrícola de esos terrenos va a tener recorrido»
La recién creada Plataforma Acción por Maro y su Agricultura considera que las demoliciones suponen un «desalojo silencioso» de familias y arrendatarios que durante años han vivido y trabajado en estas huertas con siglos de historia. En sus publicaciones llaman a los vecinos y trabajadores del campo a mantenerse en alerta y anuncian que seguirán documentando casos como el de Loli Fernández, además de estudiar posibles acciones legales.
Desde el ámbito político, el PSOE de Nerja viene advirtiendo del «impacto social y económico» del fin de los arrendamientos y ha reclamado al Ayuntamiento que medie para buscar alternativas que permitan mantener o reconfigurar los contratos, especialmente en las explotaciones de agricultura ecológica apoyadas con fondos europeos. El alcalde, José Alberto Armijo (PP), manifestó en el último pleno, el pasado diciembre, que «pinta que el uso agrícola de esos terrenos va a tener recorrido» y que el proyecto urbanístico podría no desarrollarse tal y como se concibió inicialmente, por lo que abogó por «poner el foco» en el aprovechamiento agrario de la vega de Maro.
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