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Imagen de una parte de los terrenos en la vega de Maro, con cultivos bajo plástico y edificaciones fuera de ordenación junto a la antigua fábrica azucarera. E. CABEZAS Larios pone fin a 400 contratos de alquiler en fincas agrícolas de MaroLa empresa derribará las autoconstrucciones y asentamientos para modernizar las explotaciones y mantiene en tramitación el plan para promover un campo de golf, 500 viviendas y tres hoteles
Jueves, 18 de diciembre 2025, 00:16
en la zona de la vega de Maro en Nerja ... , la inmensa mayoría de ellas utilizadas como huertas de recreo e incluso como residencia habitual en autoconstrucciones que en un primer momento eran casas de aperos, por alrededor de ochenta familias, una veintena de ellas con hijos escolarizados en el CEIP de Maro, según ha podido saber SUR.Los arrendatarios, de los que apenas 50 se dedican profesionalmente al campo, han recibido ya la notificación
La compañía sostiene que se trata del paso definitivo en un proceso de ordenación iniciado hace más de dos décadas, cuando invirtió unos 12 millones de euros- alrededor de 2.000 millones de pesetas del año 2000- para indemnizar a los antiguos colonos por las mejoras realizadas en las parcelas y resolver los contratos rústicos históricos, tras las protestas que se produjeron en diciembre de 1996 con el encierro de un grupo de colonos en la Cueva de Nerja.
A partir de entonces, según Larios, los acuerdos se firmaron con agricultores profesionales, tanto con cultivos al aire libre como en invernaderos, aunque con el tiempo muchas fincas se han convertido en huertas de fin de semana o espacios de recreo, con una presencia creciente de arrendatarios extranjeros y residentes procedentes de otros puntos de la provincia e incluso de Granada. Las mismas fuentes admiten que, de los alrededor de 400 arrendatarios actuales, la mitad podrían ser extranjeros o no residentes locales, mientras que el resto se reparte entre vecinos de Nerja, Torrox, Vélez-Málaga y otros municipios de la Axarquía. Pagan de media 40 céntimos por metro cuadrado, lo que supone unos 1.000 euros anuales por una parcela de 2.500 metros.
«Un uso estrictamente agrícola»
La empresa con sede principal en Málaga asegura que, aunque los contratos prohíben expresamente los subarriendos, no siempre es sencillo distinguir entre agricultores profesionales y usuarios con huertas de ocio o pequeñas edificaciones de aperos que, en algunos casos, se han convertido, de facto, en viviendas.
El siguiente paso será la 'limpieza' integral de la finca, un proceso que fuentes de la empresa avanzan que tendrá un elevado coste por los derribos, gestión de residuos y eliminación de elementos que consideran contrarios al paisaje y al medio ambiente en unas fincas que ocupan alrededor de 150 hectáreas. El objetivo es eliminar huertas de recreo, infraviviendas y asentamientos ilegales, mientras se despeja el horizonte jurídico y urbanístico que permita, en un futuro, desarrollar, tras la correspondiente recalificación urbanística, «un proyecto turístico de alta cualificación», con la construcción de un campo de golf, 500 viviendas y hoteles, sobre 200 hectáreas, o si ésta no fuera posible, mientras tanto, mantener una explotación agrícola más ordenada.
Arriba, vista general de la vega de Maro desde la torre vigía; abajo a la izquierda y a la derecha, fincas en la zona. E. CABEZASLa compañía mantiene en tramitación el planeamiento para un complejo turístico, que incluye un campo de golf
En paralelo, la compañía mantiene en tramitación el planeamiento para posibilitar un gran complejo turístico en estos suelos, clasificados ahora como no urbanizables y de especial protección agrícola en el PGOU, que incluye un campo de golf en la franja litoral al sur de la antigua N-340 y hasta tres hoteles con unas 700 habitaciones, uno de ellos en la antigua fábrica de San Joaquín y Santa Ana y otros dos por debajo de la mencionada vía, junto a unas 500 viviendas.
El plan urbanístico contempla, además, preservar como paraje natural la parte más oriental de la finca, desde la zona de la torre vigía de Maro y la cala hasta el río de la Miel, sobre la que la empresa subraya que no tiene previsto actuar ni urbanísticamente ni con instalaciones turísticas, al estar dentro del perímetro del paraje natural de los Acantilados de Maro-Cerro-Gordo, más allá de posibles acuerdos puntuales de mejora patrimonial como en el antiguo Molino de Papel.
«De la mano de la Junta»
En este contexto, la empresa admite que el calendario del proyectado 'resort' depende tanto de la seguridad jurídica como de la viabilidad económica y de mercado, en un momento en el que consideran que existe una «locura» inversora por la oferta hotelera de calidad en destinos consolidados como la Costa del Sol. Mientras tanto, desde Larios admiten que el impacto más inmediato será el desalojo de familias y agricultores, la desaparición de decenas de pequeñas construcciones y depósitos de agua y la reconfiguración de un paisaje agrícola que, durante años, se ha llenado de asentamientos dispersos y huertas de fin de semana.
El final de los 400 arrendamientos conllevará el cambio de modelo a «una agricultura más ordenada y profesional»
Para Larios el final de los 400 arrendamientos conllevará el cambio de modelo hacia una agricultura más ordenada y profesional, con el objetivo de conseguir también un proyecto turístico de máxima cualificación que, sostienen, aportaría mayores beneficios al municipio y a la comarca. La notificación del fin de los contratos ha empezado a generar revuelo entre los arrendatarios que se quedan sin las parcelas, que han escrito en varias páginas en las redes sociales en las últimas semanas, mostrando su contrariedad y anunciando que están estudiando emprender reclamaciones por la vía judicial.
Fuentes de la empresa enmarcan estos cambios en el proyecto denominado 'Maro Golf', un desarrollo turístico que consideran «ilusionante y llamado a situar a Nerja y la Axarquía en la vanguardia de la Costa del Sol por su carácter innovador y sostenible, integrando el campo de golf, varios hoteles y la agricultura en un mismo paisaje». La promotora defiende que la reorganización de los arrendamientos y la retirada de construcciones irregulares son «condiciones previas» para poder materializar ese modelo, que figura en un convenio urbanístico ya sometido a información pública, aprobado en abril de 2021, y que aspira a ser «un referente global en turismo de calidad ligado al territorio».
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