Aquello no fue una predicción al aire, fue una advertencia de lo que estaba por venir
En EEUU, la fusión entre estado y empresas tecnológicas es una realidad
Amparo Babiloni
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Editora Senior - Tech Linkedintwitterinstagram590 publicaciones de Amparo Babiloni"Los ciudadanos se portarán bien porque estamos grabando y documentando constantemente todo lo que ocurre". Parece una frase sacada de 1984 de George Orwell, pero la dijo Larry Ellison durante una reunión financiera de Oracle. Hace dos años desde que pronunció aquellas palabras y hoy podemos decir que esta inquietante visión está más cerca que nunca de ser una realidad.
El ciudadano hipervigilado. En septiembre de 2024, Ellison proyectaba un futuro en el que la vigilancia masiva provocaría que todos nos comportáramos de forma cívica. El fundador de Oracle hablaba de cámaras en todas partes y una IA que procesaría todo para, llegado el caso "reportar el problema a quien corresponda. Ya sea el sheriff, el jefe o quien tenga que controlar la situación". En definitiva, un contexto de hipervigilancia en el que cualquier infracción quedaría registrada y tendría consecuencias. Esto, que suena a escenario de ciencia ficción, se ha ido integrando de forma silenciosa en la realidad de muchos ciudadanos, y no hablamos del crédito social de China, sino de Occidente, especialmente de Estados Unidos.
En XatakaLa cena de Trump con los líderes de las Big Tech no ha sido una cena. Ha sido el mayor acto de vasallaje tecnológico de la historiaLa fusión Estado-Tecnológicas. Históricamente, las tareas de vigilancia, seguridad y control fronterizo recaían en las propias instituciones públicas. Sin embargo, el gobierno estadounidense ha ido delegando progresivamente estas tareas críticas de seguridad en corporaciones tecnológicas. Paralelamente, la militarización de Silicon Valley es una realidad: han nombrado tenientes coroneles a ejecutivos de OpenAI y Palantir y las grandes tecnológicas ya no prohíben el uso militar de sus IA.
El gobierno busca la eficiencia tecnológica, pero a la vez está cediendo un poder enorme a empresas privadas, con el riesgo que supone anteponer intereses comerciales sobre cuestiones como la transparencia o el escrutinio democrático. La privatización del aparato de seguridad estadounidense ya se ha materializado en diversos frentes.
Objetivo: deportaciones. Una de las áreas en las que más se está recurriendo a la tecnología es el control fronterizo y la identificación de inmigrantes sin papeles. A principios de 2025, el New York Times contaba que el ICE y USCIS (la agencia encargada de procesar las solicitudes de inmigración) habían gastado 7.800 millones de dólares en tecnologías. Muchos de estos contratos se firmaron bajo el mandato de Biden, pero con Trump se ha llevado a un nivel aún más extremo.
Entre este arsenal destacan sistemas como ELITE, creado por Palantir, que funciona como un "Google Maps" para localizar posibles objetivos de deportación, o la aplicación Mobile Fortify, utilizada por los agentes para escanear rostros y comprobar el estatus legal en tiempo real. La persecución se complementa con herramientas forenses como Cellebrite para desbloquear y extraer datos borrados de teléfonos móviles, pruebas rápidas de ADN y el lucrativo negocio de la operadora de prisiones Geo Group, que obliga a cientos de miles de inmigrantes a usar tobilleras GPS y la app SmartLink para validar su ubicación con selfies diarios.
No sólo inmigrantes. Lo alarmante de esta infraestructura es cómo se alimentan estas herramientas. Para esquivar la obligación de las órdenes judiciales,