Manifestantes frente a al centro privado de dentención de Delaney Hall. REUTERS/Caitlin Ochs
EEUU Las 'cárceles privadas' del horror en EEUU: el ICE hacina en centros opacos a los migrantes y deja muertes sin reportarLa nueva ofensiva antiinmigración del 'trumpismo' cambia las redadas masivas por tácticas más sutiles que privan a los indocumentados retenidos de sus derechos básicos.
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Itziar Nodal Denver Publicada 21 junio 2026 01:48h Las clavesLas claves Generado con IA
La nueva maquinaria de la policía migratoria ya no se mide solo en redadas, deportaciones o agentes encapuchados entrando en juzgados. Ahora se trata de familias rechazadas a la puerta de un centro por llevar zapatos 'crocs' o ropa infantil considerada "provocativa".
También se mide en huelgas de hambre dentro de cárceles privadas, o en una orden interna para dejar de contar las muertes de quienes fallecen poco después de ser liberados.
La policía migratoria de Trump no solo está comprando camas, contratos y poder. Está ampliando también las zonas grises donde la responsabilidad desaparece.
La senadora de Idaho que pidió mano dura migratoria y hundió su negocio familiar: el 90% de los trabajadores son migrantesMorir cuando ya no cuenta
En esta nueva arquitectura, las historias más reveladoras no siempre ocurren dentro de los centros. A veces empiezan en la puerta, en una llamada que nadie devuelve, en una visita que se cancela, en un traslado que la familia no consigue localizar o en las primeras horas tras una liberación.
Ahí se enmarca la historia de Daphy Michel. De origen haitiano, había pedido asilo en Estados Unidos y había pasado por un centro de detención migratoria gestionado por el Gobierno federal a través de ICE.
Cuando salió, no salió del todo. Llevaba una tobillera electrónica, esa marca extraña que convierte la libertad en otra forma de vigilancia. Tres días después aparecía muerta en una parada de autobús de Pittsburgh.
Era marzo. Hacía frío. La causa fue hipotermia. Y esta misma semana el forense acaba de añadir una palabra mucho más incómoda al caso: homicidio.
Michel era una mujer vulnerable. Hablaba criollo haitiano, apenas podía defenderse en inglés y su familia ha explicado que sufría problemas de salud mental. ICE sostiene que no tuvo responsabilidad en su muerte porque ya había sido liberada.
Afirman que salió con sus pertenencias, con el teléfono cargado y con acceso al transporte público. La excusa parece sencilla: si ya estaba fuera, ya no era asunto suyo.
Daphi Michelle, la migrante haitiana que falleció al salir de un centro del ICE.
Pero ahí está precisamente la pregunta que atraviesa la nueva ofensiva migratoria de Trump. Qué ocurre cuando una persona deja de estar formalmente bajo custodia, pero acaba de salir de manos del Gobierno y sigue llevando encima una tobillera federal.
La muerte de Michel llega además en un momento especialmente relevante. Durante años, ICE estaba obligado a informar al Congreso no solo de las muertes ocurridas dentro de sus centros, sino también de las que se producían en los 30 días posteriores a salir de ellos.
La lógica era sencilla. Una persona puede salir enferma, desorientada, sin red de apoyo, sin recursos o sin un lugar claro al que ir. Lo que ocurre en esos días forma parte de la historia de la custodia, aunque ya no ocurra entre rejas.
La Administración Trump ha decidido eliminar esa obligación de reporte. A partir de ahora, esas muertes dejan de formar parte de la información que la agencia entrega regularmente al Congreso.
El cambio puede parecer burocrático, pero tiene implicaciones mucho más profundas. Reduce la capacidad de supervisión externa y amplía la definición de qué vidas pasan a formar parte de la zona indefinida.
Cárcel con código de vestimenta
Para quienes siguen dentro, la frontera tampoco termina en la celda. Se desplaza a la puerta de visitas. Uno de los ejemplos más claros está en Delaney Hall, en Newark.
Se trata de un centro privado que ha pasado en pocos meses de ser una instalación reabierta para absorber detenidos a convertirse en uno de los grandes símbolos de la nueva ofensiva trumpista. No solo por lo que ocurre dentro. También por lo que ocurre fuera.
Las familias llegan los fines de semana con bolsas, niños, ropa de recambio y horas de espera encima. Algunas se quedan en la entrada. No por una pelea ni por una amenaza, sino por un código de vestimenta que, según denuncian, cambia de un día para otro.
Crocs, sandalias, tacones, pantalones ajustados, camisetas sin mangas o ropa infantil considerada “provocativa”. La escena parece absurda hasta que se mide por sus consecuencias. Una madre que no entra. Un niño que no ve a su padre. Otra semana sin contacto.
En una cárcel migratoria, la visita no es un trámite menor. Es a veces la única manera de saber si alguien sigueallí, si necesita un abogado, si está enfermo. Bloquear una visita rompe un vínculo.
El centro, operado por GEO Group, tiene unas 1.000 camas y un contrato valorado en 1.000 millones de dólares durante 15 años. Pero su nombre ya no aparece solo en papeles de contratación. Aparece en protestas, denuncias y huelgas.
La silueta de un detenido en Delaney Hall. REUTERS/Caitlin Ochs
En mayo, cientos de hombres detenidos participaron en una protesta por las condiciones del centro. En junio se sumaron decenas de mujeres con una huelga de hambre y de trabajo.
Reclamaban mejor comida, atención médica, procesos más rápidos y la liberación de personas vulnerables, incluidas embarazadas, madres y detenidos con problemas de salud.
Fuera, las protestas han ido creciendo alrededor del edificio. Activistas, familiares, abogados, líderes religiosos y cargos públicos han acudido a la zona industrial de Newark donde se levanta Delaney.
También ha crecido la respuesta policial. Ha habido arrestos, enfrentamientos y uso de material antidisturbios. El senador demócrata Andy Kim denunció incluso haber sido alcanzado por proyectiles de pimienta durante una protesta.
El Gobierno niega abusos, rechaza que exista una huelga de hambre organizada y asegura que los detenidos reciben atención adecuada. Pero Delaney ya muestra una idea incómoda: cuando el sistema se expande, no solo crece el número de camas.
El congresista Andy Kim encabeza la manifestación contra Delaney Hal. REUTERS/Ryan Murphy
Crece también la pelea por cada visita, cada comida, cada traslado y cada cuerpo que intenta hacerse visible desde dentro.
El ICE que ya no cabe en una celda
Delaney muestra lo que pasa dentro. Daphy Michel, lo que puede ocurrir justo después. Pero la nueva etapa de ICE también se juega antes de llegar a un centro.
También en los juzgados, en las citas migratorias, en los programas de vigilancia electrónica y en los espacios donde muchos inmigrantes acudían hasta ahora para cumplir con el sistema, no para esconderse de él.
La imagen se ha repetido en varios tribunales de inmigración: personas que llegan a una audiencia, salen del edificio o cruzan un pasillo y se encuentran con agentes federales esperando. Detienen a inmigrantes que habían acudido precisamente a seguir su procesolegal.
Manifestantes frente a la tapia de Camp East Montana. REUTERS/Paul Ratje
En Nueva York, un juez ha limitado buena parte de esos arrestos civiles en tribunales migratorios después de que el ICE reconociera problemas de justificación en algunos casos.
Pero la señal política ya estaba lanzada. El juzgado, que para muchos era el lugar donde defender su caso, se ha convertido también en una zona de captura.
La tobillera de Michel forma parte de un sistema que durante años se presentó como alternativa al encierro y que ahora puede funcionar como una extensión de la custodia fuera de la celda. No hay barrotes, pero hay geolocalización.
El drama de Dylan, venezolano en Nueva York: de cumplir los requisitos de asilo a desaparecer un año en los centros del ICENo hay uniforme naranja, pero hay citas, controles, miedo a fallar un trámite y la sensación de que cualquier movimiento puede devolver a una persona al país del que huyó, incluso siendo solicitante de asilo político. La libertad queda convertida en una sala de espera.
Y cuando la detención llega, cada vez lo hace a lugares más grandes y más deprisa. En Texas, Camp East Montana, el mayor centro de ICE del país, tampoco está exento de polémica. Fue abierto con urgencia para absorber la ofensiva migratoria y una auditoría federal ha señalado fallos graves.
Historiales médicos incompletos, problemas de atención a detenidos con enfermedades crónicas, informes de uso de fuerza y muertes mal documentadas, pruebas perdidas o destruidas y millones de dólares mal gastados. El centro cambió de contratista, pero siguió funcionando.
Lo nuevo no es solo que ICE detenga más, aunque lo haga sin la publicidad del primer año del segundo mandato de Trump. Es que aparece en más sitios y deja menos espacios fuera de su alcance. Y en los informes que ya no se escriben cuando alguien fallece poco después de salir.