Las CCAA del PP plantan a Elma Saiz en la conferencia sectorial de inmigración acusándola de 'deslealtad y ocultación de datos'

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. EFE

Política CRISIS MIGRATORIA Las CCAA del PP plantan a Elma Saiz en la conferencia sectorial de inmigración acusándola de 'deslealtad y ocultación de datos'

En una declaración conjunta, acusan a la ministra de "opacidad" y de convocar tras 15 meses , pese a la obligación legal de reunirse dos veces al año.

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Alberto D. Prieto Publicada 23 julio 2026 12:31h Actualizada 23 julio 2026 12:43h Las claves

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Las CCAA del PP plantan a Elma Saiz en la conferencia sectorial de inmigración acusándola de "deslealtad y ocultación de datos". Las 13 autonomías que gobierna el PP sostienen, en una declaración conjunta, que el Ministerio "ha vaciado de contenido" la cita y sólo busca su aval a una política migratoria que califican de "opaca e irresponsable".

Las comunidades del PP formalizan su plantón a la XIV Conferencia Sectorial de Inmigración convocada por la ministra, también portavoz del Gobierno.

Consideran que la cita se ha convertido en una "simulación", eliminando su función de cooperación entre administraciones, y que la convocatoria llega 15 meses después de la anterior, pese a que la ley ordena una periodicidad de seis meses.

Las CCAA acusan a Saiz de "deslealtad institucional, opacidad y unilateralidad". Denuncian que el departamento "ha ignorado sus aportaciones", ha rechazado sus solicitudes y ha "vulnerado el reglamento" que regula el funcionamiento de la Conferencia Sectorial de Inmigración.

Al margen de quien gestiona

Los gobiernos autonómicos del PP subrayan que la ministra no ha convocado la conferencia en el plazo previsto por ley. Denuncian que el Ejecutivo ha "ignorado la periodicidad de seis meses acordada" y ha dejado a las autonomías fuera de las decisiones sobre política migratoria durante más de un año.

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Según esta declaración, el Ministerio ha utilizado este tiempo para diseñar una política migratoria "al margen" de las CCAA, que gestionan los servicios sobre los que recae el impacto, y en contra de las políticas europeas.

Los consejeros destacan que ahora se les llama sólo para que su presencia "sirva únicamente de aval" a esa estrategia.

Ocultación de información

El texto denuncia también la negativa del Ministerio a entregar el acta de la comisión sectorial preparatoria y a facilitar la grabación de esa reunión. Las CCAA sostienen que este derecho les asiste y que su vulneración refuerza la acusación de deslealtad institucional.

Critican que el acta de la anterior Conferencia de Inmigración, que el Ministerio quiere aprobar ahora, sea "una síntesis interpretativa" y no una transcripción literal. A su juicio, esto genera inseguridad jurídica, "pervierte el debate democrático" y merma la confianza en el foro.

Las autonomías denuncian además un veto informativo sobre la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Aseguran que, pese a sus reiteradas peticiones, siguen sin recibir información sobre las reformas comprometidas, los medios humanos y materiales necesarios para su despliegue y la planificación presupuestaria.

La regularización y las mafias

Apuntan que tampoco conocen la posición detallada del Gobierno en la cumbre europea de Armenia del 4 de mayo.

Recuerdan que allí España "votó en contra de sumarse a un acuerdo de 33 países para compartir información migratoria y reforzar la lucha contra las mafias", y critican que no se les haya explicado esa decisión.

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El documento insiste en que no se ha facilitado ningún estudio de impacto económico de la "mayor regularización de inmigrantes de la historia" sobre CCAA y entidades locales. El Ministerio sólo ha enviado, según el texto de la declaración, la memoria de impacto normativo del real decreto de regularización, lo que consideran "insuficiente".

Las CCAA alertan de que soportarán sobre sus servicios públicos la carga de esta regularización "masiva, sin planificación ni coordinación".

Señalan que el Ministerio "reconoció no saber cuántos inmigrantes serán finalmente regularizados", lo que abre interrogantes sobre el criterio del “Plan de Integración” y la procedencia de los fondos.

Los gobiernos autonómicos reclaman acceso a la "documentación reservada" sobre el proceso de regularización que, aseguran, el propio Ministerio dijo desconocer.

Consideran "alarmante" que el departamento ignore la existencia de esos documentos y, dejando claro que no dan por veraz esa alegación de Saiz, lo presentan como un ejemplo de la opacidad que denuncian.

Frente a esta gestión, el PP reivindica una "política de Estado" en inmigración, transparente y coordinada con todas las administraciones. Reclama cumplir los plazos de convocatoria de la Conferencia Sectorial y aplicar "sin ambages" los acuerdos del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

El partido defiende un modelo de inmigración legal "vinculada a las necesidades del mercado laboral" y al principio de afinidad cultural. Exige reforzar el control de fronteras, mejorar la coordinación entre administraciones y garantizar financiación adecuada a las competencias autonómicas.

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