El empresario Víctor de Aldama, el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Arte EE
Tribunales Las claves del juicio a Ábalos, lugarteniente de Sánchez: el fiscal pide para él 24 años de cárcelEl exministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE, en prisión desde hace cuatro meses, se enfrenta a partir de mañana en el Tribunal Supremo a su primer juicio por siete presuntos delitos de corrupción.
Más información:El Gobierno pide al TS a través de la Abogacía del Estado intervenir en el juicio a Ábalos para acusarle de malversación
María Peral Publicada 6 abril 2026 03:41hLas claves nuevo Generado con IA
"Los españoles no podemos tolerar la corrupción y la indecencia como si fuera algo normal, no podemos normalizar la corrupción".
La frase, arrojada el 31 de mayo de 2018 a la cara del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue pronunciada desde la tribunal del Congreso por quien a partir de mañana se sentará en el banquillo, acusado de dirigir una organización criminal y de cometer delitos de cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad documental y uso de información privilegiada en provecho propio.
José Luis Ábalos, a quien Pedro Sánchez encargó la defensa de la moción de censura que le aupó a la Moncloa a lomos de la lucha contra la corrupción y de la sentencia del caso Gürtel, acaparó durante años un enorme poder tanto en el Gobierno como en el partido.
Titular de la cartera que mayor presupuesto maneja en inversión pública, el Ministerio de Transportes, y secretario de organización del PSOE, Ábalos se convirtió en la mano derecha del presidente del Gobierno.
El mismo Gobierno que ahora pelea para que la Sala Penal del Tribunal Supremo le permita intervenir en el juicio, por medio de la Abogacía del Estado, para reclamar que Ábalos sea condenado como malversador de fondos por hacer que dos empresas públicas dependientes de Transportes contratasen a su amante. Jessica Rodríguez cobró 43.978 euros sin trabajar ni un solo día.
"Es cierto que tuve confianza política en él, pero en el marco personal era un gran desconocido para mí", llegó a decir Sánchez el pasado 2 de diciembre de quien le acompañó en 2016, pueblo a pueblo, en el famoso Peugeot para recuperar la dirección del PSOE.
De los otros dos ocupantes del Peugeot, Koldo García y Santos Cerdán, el primero estará junto a Ábalos en el banquillo del Supremo.
Cerdán, que sucedió a Ábalos en la poderosa Secretaría de Organización socialista, es investigado en una pieza separada de la causa que ahora está en la Audiencia Nacional.
Esa parte del proceso, referida al presunto amaño de adjudicaciones de Transportes, también afecta al exministro de Transportes y a su asistente, Koldo García. Pero el primer juicio contra ambos, que han tratado de evitarlo hasta el último momento, está señalado para este martes y hasta el próximo 30 de abril.
Los hechos
El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, y las acusaciones populares, que encabeza el letrado del Partido Popular Alberto Durán, acusan a Ábalos y García de haber cobrado comisiones ilegales a cambio de contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes que fueron adjudicados durante la pandemia de la Covid-19 a la mercantil que les indicó el empresario Víctor de Aldama, Soluciones de Gestión.
Esa misma empresa consiguió más contratos de mascarillas en otras Administraciones (Ministerio del Interior y servicios de salud de Canarias y Baleares) gracias a la influencia de Ábalos y Koldo.
Otros hechos se refieren a las gestiones desplegadas por el ministro y su asistente en distintos Ministerios para que se solventaran asuntos a favor de Aldama o de las empresas que él señalaba.
Así, Aldama fue recibido por Carlos Moreno, entonces jefe de gabinete de la exministra de Hacienda María Jesús Montero, para que gestionase un problema tributario de su empresa Pilot Real Estate.
Ábalos y Koldo propiciaron la difusión de una nota de prensa favorable al rescate de Air Europa, para la que trabajaba Aldama. A cambio, el empresario se hizo cargo de la estancia de ambos en un chalé de lujo en Marbella.
También por indicación de Aldama, Koldo García gestionó que Juan Ignacio Díaz Bidart, que era jefe de gabinete de la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, recibiera a los propietarios de Villafuel S.L..
Buscaban conseguir una licencia de operador al por mayor de productos petrolíferos. Durante las gestiones de Koldo, otra sociedad del dueño de Villafuel adquirió un chalé en Cádiz que Ábalos disfrutó varios meses.
Prevaliéndose de su posición, dicen las acusaciones, el entonces ministro hizo que Ineco y Tragsatec contrataran a Jessica Rodríguez, con quien mantenía una relación sentimental.
También promovió la contratación "arbitraria" en Logirail de otra mujer, Claudia Montes, aunque, a diferencia de la anterior, ésta sí acudió a trabajar.
Aldama se hizo cargo de los 82.298 euros que costó el alquiler de una vivienda de lujo para Jessica en el edificio Torre de Madrid.
Al menos desde octubre de 2019 y hasta julio de 2022, Aldama entregó a Koldo García 10.000 euros mensuales en efectivo para que se los repartiera con José Luis Ábalos, sostienen los acusadores.
Aldama
Es el tercer ocupante del banquillo. El fiscal y las acciones populares se apoyan en él para sostener buena parte de sus escritos de acusación, que recogen la confesión que el empresario hizo el 21 de noviembre de 2024 ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y ratificó luego ante el instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.
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El escrito de defensa de Aldama admite los hechos objeto de acusación y, por tanto, su condena por delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada. Pero rechaza los otros dos delitos añadidos por la acusación popular (falsedad documental y tráfico de influencias).
El fiscal reconoce que Aldama ha aportado documentos y ha hecho "manifestaciones relevantes, veraces, que se compadecen con el material probatorio que se ha ido incorporando al procedimiento, y, desde luego, no autoexculpatorias".
Por ello, le aplica la atenuante de confesión y pide para él siete años de cárcel, muy por debajo de lo que reclama para Ábalos (24 años de prisión) y Koldo García (19 años y medio).
El defensor del empresario, José Antonio Choclán, solicita que la atenuante sea muy cualificada, lo que dejaría la condena en tres años y medio de privación de libertad.
El empresario Víctor de Aldama, el pasado 12 de febrero en la audiencia preliminar ante el Tribunal Supremo. Tres asientos a su izquierda, el exministro José Luis Ábalos y, tapándose la cara, Koldo García. Pool
En la audiencia preliminar celebrada el pasado 12 de febrero, el fiscal no cerró la puerta a la pretensión de la defensa. "Es algo que deberemos ver en juicio", dijo Luzón. En otras palabras, hay que verificar los términos de la confesión de Aldama en la vista oral.
La negativa
El exministro Ábalos y su asistente, Koldo García, niegan todas las acusaciones.
"No existen ingresos ilegales, ni en las fechas señaladas por la acusación ni con anterioridad ni posteriormente", afirma el primero en el escrito de defensa.
"Niego de forma rotunda el relato de hechos" de las acusaciones, dice García.
Conscientes de que, aparte de Aldama, les señala el contenido de los mensajes de WhatsApp encontrados en los teléfonos de Koldo, las defensas van a utilizar un informe pericial presentado durante la instrucción por Santos Cerdán que concluye que esos dispositivos han sido manipulados. Los peritos de la Guardia Civil, que también comparecerán en el juicio, lo niegan.
Las defensas de García y Ábalos insisten en que su derecho de defensa se ve mermado porque no han tenido acceso a todos los dispositivos intervenidos al primero.
Ésta es una alegación que ha sido rechazada tanto por el instructor como por la Sala de Apelaciones y, tras la audiencia preliminar, también por la Sala de enjuiciamiento.
"La prueba que sirve de soporte a las acusaciones en este procedimiento", explican los magistrados, "es la exclusivamente relacionada en los informes policiales que obran en las presentes actuaciones, y se trata de la misma prueba con que cuentan las defensas. La defensa tampoco indica qué datos puedan encontrarse en alguno de los dispositivos examinados a los que no haya podido acceder y que tengan potencial eficacia defensiva".
La Sala
El tribunal encargado del juicio está integrado por Andrés Martínez Arrieta (presidente de la Sala Penal y ponente), Julián Sánchez Melgar , Manuel Marchena, Andrés Palomo del Arco, Eduardo de Porres, Javier Hernández y Susana Polo.
Esta última sustituyó a Vicente Magro que, a su vez, reemplazó a Ana Ferrer.
En cuanto a 'sensibilidades' ideológicas, es una Sala equilibrada, con cuatro miembros progresistas (Arrieta, Palomo, Hernández y Polo) y tres conservadores.
El juicio
Ábalos y Koldo serán conducidos al Tribunal Supremo todos los días desde la cárcel de Soto del Real (Madrid), en la que se encuentran desde el pasado 27 de noviembre por riesgo de fuga.
Los días en que hay sesiones de mañana y tarde, que son la mayoría, comerán en unas dependencias del alto tribunal. Esto ya ocurrió con los condenados por el 'procés' catalán.
Aunque lo han solicitado, el tribunal de enjuiciamiento ha rechazado poner a Ábalos y Koldo en libertad.
Están llamados a declarar 81 testigos, dos de los cuales -el ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol- lo harán por escrito.
A petición del exministro y su asistente, comparecerá el exgerente del PSOE Mariano Moreno. Los acusados tratan de acreditar que los ingresos que recibieron del partido eran "lícitos".
Sin embargo, la declaración de Moreno durante la instrucción y los informes de la UCO llevaron al instructor del Supremo a enviar los pagos del PSOE a la Audiencia Nacional para que investigue si pudo haber operaciones de 'blanqueo' de fondos ilícitamente percibidos.
Los acusados declararán al final, después de todas las pruebas (testificales, periciales y documentales). Aldama será el primero de los tres, tal como han pedido Ábalos y García.
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