´Política andaluza
Las contradicciones sobre la prioridad nacional marcan el día después del acuerdo de gobiernoGavira enmienda las explicaciones de Moreno y avisa de que el acceso a ayudas será mucho más restrictivo
Regala esta noticia Añádenos en Google Juanma Moreno y Manuel Gavira, el pasado jueves en el Parlamento. (María José López / Europa Press)Sevilla
03/07/2026 a las 18:31h.Resaca política de alta intensidad antes de la constitución del nuevo gobierno. El día después de que se formalizara el acuerdo de legislatura que ha ... permitido la investidura de Juanma Moreno gracias a los 68 escaños que suma el Partido Popular con Vox, ha evidenciado que la convivencia en el nuevo Ejecutivo de la XIII legislatura estará lejos de ser una balsa de aceite. La jornada del viernes ha estado marcada por las tempranas matizaciones entre los socios de coalición respecto a las medidas de control migratorio, el aluvión de críticas de la izquierda estatal y autonómica, que da por enterrado el perfil moderado del presidente, la firme advertencia del sindicalismo y el cerrado aplauso del sector agroalimentario.
Moreno reconoció que este escenario compartido no era su plan original
Esta visión integradora fue enmendada de inmediato por su próximo vicepresidente y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, Manuel Gavira. En televisión, el dirigente de Vox advirtió de que el arraigo será «únicamente uno de los múltiples requisitos» económicos, familiares y formativos que introducirán para blindar la «prioridad nacional» en el acceso a las prestaciones sociales y viviendas protegidas, escudándose en la escasez de recursos. Además, Gavira desveló que usarán el Parlamento andaluz para instar al Congreso a reformar la Ley de Extranjería, permitiendo a las comunidades conveniar la repatriación directa de menores no acompañados con sus países de origen.
Sanidad
El contenido de las 150 medidas del pacto ha provocado un terremoto político. El consejero en funciones de Presidencia, Antonio Sanz, sacó pecho de la batería sanitaria acordada, que incluye 29 puntos orientados a la reducción de listas de espera médicas y un plan de estabilidad laboral. No obstante, el foco se mantiene en la polémica medida número 100: una auditoría anual en los primeros seis meses de gobierno para calcular el coste sanitario directo e indirecto derivado de la atención a extranjeros. A ello se suman compromisos como el veto al burka y al nicab en espacios públicos antes de que acabe 2026, la supresión de ayudas a ONGs que colaboren con la inmigración ilegal, el fin del programa de lengua árabe en las aulas y la reducción a la mitad de las subvenciones institucionales a sindicatos y patronales a partir de los presupuestos de 2027.
Desde el ámbito social y de la oposición, la contestación ha sido frontal. El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, calificó el pacto de «muy mala noticia» y denunció que esconde un cambio de modelo que debilita el estado del bienestar. Martín censuró que se prometan más servicios con rebajas fiscales sin aclarar cómo se financiarán la sanidad, la educación y la dependencia, tachando de ataque directo el recorte de fondos a los agentes sociales. «Debilitar la voz de los sindicatos es debilitar la capacidad de defender mejores salarios y derechos. Vamos a analizar este acuerdo con lupa», aseveró.
En la arena parlamentaria, la portavoz del PSOE-A, María Jesús Montero, acusó a Moreno de perpetrar un «fraude» por ocultar este programa de «involución y retroceso» durante el debate, afirmando que es el barón del PP que más preceptos ha entregado a la «ultraderecha». En términos similares se pronunció el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, señalando que al candidato popular se le ha acabado el personaje de moderado y que «se ha comido con papas la prioridad nacional». El rechazo se extendió al Gobierno de España a través de los ministros Elma Saiz y Pablo Bustinduy, quienes afirman que al líder andaluz «se le ha caído la careta» metiendo a los ciudadanos en un «lío» por dar oxígeno a Vox.
Satisfacción en el campo
La única corriente de optimismo llegó desde el campo andaluz. Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y Cooperativas Agroalimentarias aplaudieron la «sensatez» de un pacto que garantiza la continuidad de las políticas rurales actuales en un momento crítico por la reforma de la PAC en Bruselas. El sector valoró que la Consejería de Agricultura permanezca en manos del PP y celebró medidas del texto como la revisión de la Ley de Cambio Climático de 2018 para eliminar trabas y costes burocráticos. Con las posiciones totalmente enconadas en el día uno de la coalición, Andalucía arranca un mandato de 68 escaños donde la gestión diaria medirá la resistencia de las costuras de este nuevo acuerdo de gobierno. Este domingo, Moreno asumirá como presidente de la Junta de Andalucía en la XIII legislatura.
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