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Don Juan Carlos, en Sanxenxo en 2022. EFESan Sebastián
Domingo, 1 de marzo 2026, 00:09
... Sánchez ha intentado poner orden en la narrativa del golpe de Estado de 1981, el tema sigue causando debate. Lo que parece haber dado un giro inesperado a esta historia es el papel de Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP, al principio escéptico sobre la relevancia de esos papeles desclasificados, ha cambiado de postura para hacer de ellos una bandera en su lucha política. Y en el proceso ha terminado por enredarse en un terreno pantanoso.Feijóo ha optado por alzar la bandera de la vuelta del emérito con la convicción de que, en un momento dado, la mayoría de la sociedad española apoya esa posibilidad. La desclasificación de los documentos sobre el 23-F ha servido, según su interpretación, para despejar cualquier duda sobre la implicación del emérito en los sucesos de aquel día, en una defensa de su figura que busca suavizar los cuestionamientos sobre su legado.
Sin embargo, hay algo que no encaja en esta ecuación: Juan Carlos I no dejó España por el 23-F, sino por sus escándalos fiscales. Los documentos recién desclasificados no aportan pruebas nuevas sobre su papel en la gestación del golpe de Estado, pero tampoco es que resuelvan de manera definitiva la complejidad de su relación con ese episodio histórico. La cuestión no es tanto si fue culpable o inocente en el 23-F, sino por qué ha estado ausente del país durante tantos años. Las causas de su marcha son otras y las razones por las que su retorno es tan problemático, mucho más profundas.
Juan Carlos I podría regresar a España siempre y cuando cumpla con sus obligaciones fiscales y legales. Nadie está prohibiendo su vuelta, pero, como bien señala la crítica, la manera en que lo haga es lo que marcará la diferencia. El regreso del monarca emérito, tal y como ocurrió en sus últimas visitas a Sanxenxo, ha sido todo menos discreto. La falta de prudencia y las tensiones que genera entre la Casa Real y el resto de la política española hacen que su presencia no sea bienvenida por todos los sectores. El comportamiento de Juan Carlos I, en lugar de contribuir a la estabilidad de la institución que él mismo representó, parece tener el efecto contrario: polariza, divide y cuestiona la legitimidad del actual monarca.
Felipe VI ha tratado siempre de mantener una distancia prudente respecto a los asuntos más controvertidos que afectan a la figura de Juan Carlos I. Fue quien tomó la decisión de apartar a su padre del centro de la vida política española, convencido de que la institución monárquica estaría menos expuesta a la controversia. Y no fue una decisión sin riesgos. Felipe VI asumió que la salida de España era preferible a tener que lidiar con sus escándalos desde dentro de la Casa Real.
La política de Feijóo podría tener consecuencias inesperadas para la Monarquía. El regreso del emérito, tal como lo plantean sus defensores, sería una especie de «salvavidas» para la institución. No obstante, este análisis es simplista. Esta es una herida abierta que Felipe VI debe gestionar con sumo cuidado. El hecho de que su propio padre haya cuestionado públicamente su comportamiento, acusándolo de haberlo 'repudiado', solo añade combustible al fuego. El PP, al parecer, no ha sopesado las implicaciones de este movimiento, que, lejos de debilitar a Sánchez, ha terminado por dispararse en su propio pie.
A estas alturas, la Monarquía en España ya no se juega su futuro en el 23-F. Lo que verdaderamente está en juego es su capacidad para adaptarse a las exigencias de una sociedad que pide más claridad, más transparencia y menos protagonismo de figuras controvertidas. La vuelta de Juan Carlos I, en lugar de ser una solución, se ha convertido en un obstáculo para esa regeneración.
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