- IGNACIO FAES
Las obligaciones de tributación sobre el tejido empresarial representan el 33,9% de la recaudación total en España, mientras que la media europea se sitúa en el 26%. España es el cuarto país que más encarece la contratación.
"El tejido empresarial español soporta una presión tributaria elevada que desincentiva la creación de empleo y la atracción de capital extranjero". Así lo advierte el informe Competitividad fiscal 2025, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), think tank de la CEOE, junto a la Tax Foundation. En 2024, la dependencia fiscal empresarial representa el 33,9% de la recaudación total en España, casi 8 puntos porcentuales superior a la media de la Unión Europea, que se sitúa en el 26%. En términos de PIB, la presión fiscal empresarial en España equivale al 12,5% frente al 10,3% de la media europea.
A esta factura corporativa contribuyen varios factores, tal y como señalan los analistas. El Impuesto sobre Sociedades español mantiene un tipo nominal del 25%, por encima del 21,5% de media europea. Además, el documento advierte de un problema de doble imposición. El IEE explica que si una empresa reparte dividendos, la tributación combinada (Sociedades más el IRPF del inversor) puede alcanzar un tipo máximo del 47,5%, muy lejos del 38,8% de la Unión Europea. A esto se suman unas cotizaciones sociales a cargo del empleador que equivalen al 9,5% del PIB, situando a España como el cuarto país de Europa que más encarece la contratación.
Además del coste económico, el IEE advierte de la elevada carga burocrática, la inseguridad jurídica y las normas cambiantes, que provocan que las empresas españolas dediquen una media de 150 horas anuales exclusivamente a gestionar y pagar impuestos, muy por encima de las 113 horas de la Unión Europea.
Esta elevada carga impositiva sobre las empresas se enmarca en un problema tributario general, según aprecia el informe del IEE. "El esfuerzo fiscal confirma que la carga tributaria soportada por los contribuyentes españoles es elevada en relación con su capacidad económica", subraya el documento. Las conclusiones destacan que el esfuerzo fiscal (el resultado de cruzar la presión fiscal con el PIB per cápita) soportado por los ciudadanos supera en un 14,1% la media de la UE y alcanza el 16,5% en el caso de la imposición directa.
Esfuerzo fiscal
El informe diferencia entre lo que el Estado logra recaudar (presión fiscal convencional) y la dureza del diseño de las leyes (presión fiscal normativa). Aunque la recaudación total en España sobre el PIB (36,8%) es ligeramente inferior a la europea, esto se debe, según el IEE, a problemas estructurales crónicos: una alta tasa de paro y una enorme economía sumergida. Sin embargo, para los ciudadanos y empresas que operan en la economía formal, las reglas del juego son más agresivas. De esta forma, la presión fiscal normativa (aquella derivada estrictamente del diseño legal de los impuestos) en España es casi un 17% superior a la media de la UE y de la OCDE.
Con estos datos, España ha perdido atractivo para la inversión y ocupa el puesto 34 de 38 países de la OCDE en el Índice de Competitividad Fiscal Internacional 2025, situándose 11,5 puntos por debajo de la media comunitaria y acumulando una caída de cinco posiciones desde 2018.
El informe también lanza una advertencia ante la recomendación de la Comisión Europea de elevar el IVA de la hostelería y la restauración del 10% actual al 21%. El IEE califica la medida de "error de política económica". Los expertos explican que "el turismo funciona en la práctica como una exportación, y encarecerlo drásticamente equivaldría a aplicar aranceles al principal motor económico del país".
Dada la alta sensibilidad al precio de los turistas internacionales y los estrechos márgenes del sector (entre un 3% y un 10%), las empresas no podrían absorber una subida de once puntos. El IEE opina que el resultado sería la destrucción masiva de empleo y un trasvase de visitantes hacia competidores como Grecia, Italia o Portugal. De hecho, el informe recuerda el precedente portugués de 2012, cuando una subida similar provocó el cierre de 20.000 locales, destruyó 100.000 empleos y obligó al Gobierno a revertir la medida cuatro años después al ver que la recaudación caía.
Frente a la tentación de subir impuestos, el Instituto de Estudios Económicos propone ensanchar las bases. Según los cálculos de sus especialistas, si España consiguiera reducir su desempleo y su economía sumergida hasta los niveles de los países europeos más eficientes, las arcas públicas podrían llegar a ingresar más de 50.000 millones de euros extra sin necesidad de tocar un solo tipo impositivo tanto a empresas como a familias.
El lastre de la economía sumergida
El informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) propone combatir la economía sumergida y reducir el paro. Según los datos recogidos en el documento (basados en estimaciones del Parlamento Europeo de 2022), la economía sumergida en España representa un alarmante 15,8% del PIB, casi dos puntos por encima de la media ponderada de la Unión Europea (13,9%). Este factor estructural, unido al tradicionalmente alto nivel de desempleo español, lastra de forma crítica la capacidad recaudatoria del Estado.
El IEE le pone cifras exactas a este agujero. Si España lograra reducir su actividad informal simplemente hasta igualar la media comunitaria, la recaudación aumentaría de forma automática en unos 13.231 millones de euros. El salto sería mayor si España consiguiera converger con el promedio de los cinco países europeos más eficientes en esta materia, donde la economía opaca es de apenas el 8,6%. Es en este escenario donde aflorar esa actividad dispararía los ingresos públicos a esos 50.260 millones de euros, un 3,2% del PIB, tal y como destaca el documento. De esta forma, el informe rechaza elevar la recaudación por la vía de subidas impositivas.
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