Pese el archivo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional por falta de competencia, las denunciantes acuden directamente al juzgado pidiendo una interpretación amplia de la ley para abrir una causa
Regala esta noticia Añádenos en Google El cantante Julio Iglesias. (EFE)C. P. S.
04/09/2026 Actualizado a las 16:39h.La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó en enero pasado las diligencias abiertas por la denuncia presentada contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual y trata ... , entre otros delitos, al considerar que los tribunales españoles no eran competentes para investigar los hechos. Sin embargo, las denunciantes no dan su brazo a torcer y han anunciado este viernes la presentación una querella en la Audiencia Nacional contra el artista.
Según sus testimonios, Iglesias habría aprovechado su posición de poder y su situación de vulnerabilidad para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades, en un clima de intimidación constante. De acuerdo con la querella interpuesta ahora, Rebeca y Laura describieron que éste las habría sometido a situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas y les habría impuesto condiciones laborales forzadas y degradantes.
Estos hechos -aseguran- podrían constituir delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre; delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y delitos contra los derechos de las trabajadoras por la imposición de condiciones laborales abusivas.
Además, Rebeca y Laura solicitan en su querella acceder a medidas de protección específicas mientras son acompañadas en su búsqueda de justicia. «Garantizar que puedan acceder a la justicia en condiciones de seguridad y dignidad es fundamental. Las mujeres que denuncian y alegan hechos relacionados con violencias de género, incluyendo la violencia sexual y las dinámicas de abuso de poder que la sostienen, necesitan del compromiso de los Estados con sus búsquedas de justicia», señala Jovana Ríos, directora ejecutiva del colectivo de asistencia legal Women's Link.
La asociación espera que el juzgado adopte una interpretación amplia, comprometida con la protección de sus derechos, en línea con la opinión de personas juristas y académicas de reconocido prestigio que confirman la jurisdicción de los tribunales españoles para investigar estos hechos.
Sostienen que el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) permite investigar y perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España. Según esta norma, si una persona española comete un delito fuera del país, España puede juzgarlo, siempre que ese mismo acto también se considere ilícito en el lugar donde ocurrió.
«Él no es invencible»
Una de las denunciantes, Laura, sostiene que su propósito «es que ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos por parte de él. Quiero llevar el mensaje de que las mujeres somos víctimas y sobrevivientes, no victimarias ni culpables», señaló en un comunicado. «Hago esto por tres razones: la primera, por mí; por todo lo difícil que ha sido este proceso y por todo lo que he tenido que enfrentar para poder superarlo. La segunda, por las mujeres que trabajan en las casas de él: quiero decirles que sean fuertes, que alcen la voz, que recuerden que él no es invencible. Y la tercera, por mi país, República Dominicana, para que él entienda que no puede venir a hacer lo que quiera sin asumir las consecuencias», añadió.
En un escrito de siete páginas, la Fiscalía justificó su archivo en enero pasado en que la Audiencia Nacional, «siguiendo los criterios» fijados por el Tribunal Supremo, ha interpretado «reiteradamente» que «España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país». Y precisó que, «especialmente», cuando las víctimas son extranjeras y no son residentes en España; cuando los presuntos autores también son extranjeros o no se encuentran en el país; o cuando siendo españoles tampoco están en territorio nacional; o cuando los hechos se investigan o pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron.
Por este motivo, la Fiscalía mantuvo que «no existe constancia» de que las autoridades de República Dominicana y Bahamas «hayan renunciado a ejercer su jurisdicción o se encuentren imposibilitadas para hacerlo». También señaló que «la totalidad de los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido fuera del territorio español» y que las denunciantes no solo carecen de nacionalidad española, sino que tampoco residen en este país, ni mantienen aquí «su centro de vida, intereses o actividad», «ni han viajado» con el artista a España.
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