María Jesús Montero y Arcadi España. A. Pérez Meca / EP
Valencia Las exigencias de Arcadi España a Montero que ahora tiene en su mano: "La reforma de la financiación es urgente"El ministro de Hacienda exigió en su momento una quita de la deuda, el fondo de nivelación y más inversiones valencianas.
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Marta Gozalbo Valencia Publicada 28 marzo 2026 02:43hSobre la mesa de todo conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, desde hace al menos 12 años, se encuentra una cuestión prioritaria: la reforma del sistema de financiación autonómica. También lo estuvo sobre la de Arcadi España, recién nombrado ministro del ramo en sustitución de María Jesús Montero.
Así lo reivindicó, de hecho, en 2022 en el 40º aniversario del Estatuto de Autonomía: "La reforma del modelo de financiación es urgente y necesaria para garantizar la igualdad y la equidad entre todos los españoles y poner fin a la discriminación que sufren las autonomías peor financiadas como la Comunitat Valenciana, con una falta evidente de recursos".
"Necesitamos soluciones estructurales y por ello seguimos reivindicando tanto el cambio en el modelo de financiación autonómica como una solución al problema de la deuda histórica", indicó tras incidir en que en "ningún caso" el debate debía "convertirse en una lucha entre las distintas comunidades".
Arcadi España, el economista de Ximo Puig, apasionado del ajedrez, que prefirió a Susana Díaz frente a Sánchez"Disfrutar de servicios públicos de calidad es un derecho de todos los españoles y españolas con independencia de donde vivan, y esa va a seguir siendo la hoja de ruta de la Generalitat: solicitar al Gobierno, a todas las formaciones políticas y al resto de autonomía que abramos el debate y que nos pongamos de acuerdo", defendió.
La salida de Montero del Ejecutivo para ser la candidata del PSOE en Andalucía, ahora, ha dado la vuelta a la tortilla. Y aquella exigencia que antaño España pedía a Madrid, la tiene ahora en su mano. El reto es mayúsculo, pues el clima para que consiga llegar a buen puerto no es el más favorable.
La propuesta del Gobierno, pactada con ERC, y que fue trasladada al resto de autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado mes de enero prevé que la Comunitat Valenciana reciba 3.669 millones de euros más que los que percibe con el sistema actual. Pero cuenta con pocos apoyos.
De hecho, todas las autonomías gobernadas por el PP rechazan el diseño al haber sido negociado de forma bilateral con Cataluña. En el caso de la autonomía valenciana, el Consell de Juanfran Pérez Llorca ya ha descartado sentarse a negociar antes de que el texto llegue al Congreso.
12 años caducado
El modelo actual, conviene recordar, fue aprobado en 2009 y con el tiempo se mostró especialmente negativo para los intereses de la Comunitat Valenciana, pues año tras año esta se encuentra en el ranking de las regiones que peor paradas salen en el reparto, según los informes que elabora Fedea.
La ley por la que se regula el actual sistema establece en su disposición adicional séptima que debe hacerse una "revisión quinquenal".
Pero sobra decir que esta obligación no se ha cumplido, lo que ha provocado que en los últimos años se haya convertido en el principal campo de batalla del Gobierno valenciano y, por competencias, del conseller de Hacienda. También de España en su momento.
Si bien lo reivindicó especialmente en su etapa como responsable de las arcas valencianas entre 2022 y 2023, la exigencia fue constante durante los Gobiernos del Botánico, desde que en 2015 Ximo Puig accedió al Palau de la Generalitat.
España no dejó de asistir a cada Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrase o a las reuniones con los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) y la patronal CEV, impulsores de la Plataforma Per un Finançament Just (Por una Financiación Justa).
Incluso, también participó, junto a otros representantes del Consell y del PSPV y Compromís, en la manifestación que congregó en 2017 a más de 17.000 valencianos para exigir el cambio de modelo.
"No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. No queremos ser ciudadanos de segunda, queremos una financiación igual a la media", fue el argumentario repetido como un mantra durante ocho años, si bien con más ahínco durante el periodo previo a la moción de censura a Mariano Rajoy.
Fondo de Nivelación
Pero no será la única cuestión que el ministro de Hacienda tenga sobre la mesa y que, en su momento, él mismo también exigió a Montero: el hoy ministro también reclamó el Fondo de Nivelación transitorio para que las autonomías infrafinanciadas, como la valenciana, pudieran tener ingresos adicionales para equipararse a la media.
En 2017, por ejemplo, todavía con Rajoy en La Moncloa su partido firmó una declaración institucional en el parlamento valenciano en la que exigía al Estado el "establecimiento de los mecanismos de compensación para que el nuevo modelo no nazca lastrado por la injusticia diferida de años anteriores". Esto es, el citado Fondo.
El mismo texto se volvió a validar dos años después, en enero 2019 y con Pedro Sánchez ya gobernando. Fue la manera que tuvieron Compromís y Podemos de forzar al PSPV a poner negro sobre blanco que sus reivindicaciones serían las mismas gobernara quien gobernara en el Estado. Ante todo, la agenda valenciana.
Deuda y dana
Junto a esto, los socialistas y España pidieron el "reconocimiento de los déficits de financiación acumulado directamente por el mal funcionamiento de los diferentes sistemas de financiación". Esto es, una condonación de la deuda derivada de la infrafinanciación.
Sus exigencias, ahora, serán sus deberes. Y tendrá que asumir en primera persona el reto de tratar de conjugar los intereses de los distintos territorios para lograr un acuerdo satisfactorio, como ya hizo en cada negociación presupuestaria cuando cogobernó con Compromís y Podemos.
Más allá de estas cuestiones que llevan años sin resolverse, también tendrá que encargarse de más asuntos pendientes que tiene el Ministerio. El primero, tratar de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado, pues desde 2023 no se han validado unos nuevos.
El Gobierno deja fuera del 'decreto anticrisis' las exenciones fiscales de la dana y promete meterlas en otro nuevoPero también la exención fiscal de las ayudas de la dana, la autorización del endeudamiento excepcional de la Comunitat para cubrir gastos derivados de la tragedia o la actualización de las entregas a cuenta, que es el dinero que les corresponde a las Comunidades Autónomas en base a la recaudación de impuestos y al sistema de financiación.
El Gobierno de Pedro Sánchez incluyó estas tres políticas junto a la subida de las pensiones y la paralización de los desahucios en un decreto ómnibus en enero.
Un mecanismo legal contemplado en la Constitución solo para casos "de extraordinaria y urgente necesidad" al que los gobiernos, sin embargo, recurren con asiduidad.
PP, Vox y Junts votaron en contra del texto, por lo que nada salió adelante. Y, apenas un mes después, ya en febrero, volvió a llevar a la Cámara Baja la revalorización de las pensiones del 2,7% por un lado, y el Real Decreto Ley con estas medidas en otro texto.
En esta ocasión, salió adelante lo primero, pero volvió a quedar encallado el segundo, donde se incluían de nuevo las cuestiones que afectan a la Comunitat Valenciana.
Esta misma semana, los socialistas llegaron al Congreso un tercer decreto anticrisis con motivo de la guerra de Irán. En él, Compromís había exigido que se incluyeran estos asuntos que siguen sin validarse. Pero no hubo suerte.
El Gobierno se comprometió, según explicaron desde la coalición, a incorporarlos en otra futura norma. España podrá ahora dar luz verde a que así sea.