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Felipe VI junto a su padre en la última imagen pública de ambos, en el funeral de Constantino de Grecia. Efe Las exigencias de la Casa del Rey a las que el emérito se resiste traban su regresoLa obligación de tributar en España y el veto a vivir en Zarzuela disgustan a Juan Carlos I, que recupera el foco tras la publicación de los papeles del 23-F
Madrid
Domingo, 1 de marzo 2026, 00:19
... España sin la presencia de quien ocupó la Corona y jefatura del Estado durante casi 40 años. La publicación de las controvertidas memorias en Francia de Juan Carlos I no habían hecho más que reavivar la polémica que hace diez años rodeó a su figura y, por extensión, a la institución de la que fue su principal valedor. Un asunto «complicado», reconocían entonces en la Casa del Rey, que se escudó en su renuncia a tener agenda oficial para no incluirle en la lista de invitados, aunque sí estuvo presente en el almuerzo familiar que Felipe VI organizó al día siguiente en El Pardo.Una decisión que adoptó, según recoge Juan Carlos I en su libro 'Reconciliación', para no perjudicar a su hijo después de tener un enfrentamiento con él por retirarle la asignación presupuestaria tras salir a la luz todas sus irregularidades financieras, algo que interpreta que hizo presionado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Este anuncio significa que me repudias. No olvides que heredas un sistema político que yo forjé. Puedes excluirme en lo personal y financiero, pero no puedes rechazar la herencia institucional sobre la que descansas», asegura que le dijo a Felipe VI.
Fue el 3 de agosto de 2020 cuando el emérito se subió a un avión privado rumbo a Emiratos Árabes Unidos acuciado por los escándalos. Y aunque desde entonces no ha dejado de manifestar su deseo de volver –en otro capítulo de su biografía explica que en su retiro en Abu Dabi piensa en España todas las noches–, sigue sin tener fecha de vuelta, aunque sus visitas cada vez son más constantes. Siempre se dio por sentado que su regreso podría contemplarse una vez que se hubieran archivado las investigaciones contra él. Sin embargo, nada cambió cuando su horizonte judicial quedó despejado en marzo de 2022, aunque se acreditaron comportamientos irregulares pero no perseguibles. El exjefe del Estado prefirió continuar viviendo en su retiro del golfo Pérsico, donde reside en una casa adaptada a su movilidad en la isla de Nurai y donde tiene su residencia fiscal desde 2023.
Salvaguardar su imagen
Regresar al país en el que reinó durante 39 años, algo que tanto el Gobierno como la Casa Real lo atribuyen exclusivamente a un paso personal del emérito, tendría, eso sí, condiciones. La principal –y que Juan Carlos I sabe– es la obligación de establecer de nuevo su domicilio fiscal en España y tributar conforme a la normativa vigente. Es decir, tendría que presentar una declaración de la renta cada año e informar a la Agencia Tributaria de todo su patrimonio en el extranjero. Zarzuela cree que es el único camino «para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas y, por consiguiente, salvaguardar la de la Corona como institución».
Un requisito que no satisface al monarca, quien disfruta como residente en el emirato de un régimen fiscal muy atractivo, con impuestos muy bajos y sin IRPF. Tampoco lo hace la prohibición de instalarse a su posible vuelta en el Palacio de la Zarzuela ni en ningún otro edificio de Patrimonio Nacional. Una exigencia que pesa en la decisión del padre de Felipe VI, que no quiere vivir en España sin hacerlo en la que fue su casa durante décadas y a la que renunció al marcharse a Abu Dabi, algo de lo que culpa directamente al Ejecutivo, quien siempre se ha mostrado muy rotundo en la condena de las irregularidades fiscales de sus actividades en el extranjero.
La «caza de brujas» del Gobierno
El rey emérito cree que Moncloa convirtió las investigaciones judiciales abiertas por su fortuna opaca «en una caza de brujas» que afectaba a todo su reinado y a su acción política. Pero confía en que un cambio de color en el Gobierno podría facilitar su rehabilitación pública.
No se equivoca. El PP cree que el monarca debería pasar la última etapa de su vida –en enero cumplió 88 años– en España «como un ciudadano más», a pesar de los «errores innegables en su trayectoria» que él mismo ha reconocido. De ahí que Feijóo, amparado por los documentos que avalan el papel clave del emérito en la desactivación del 'tejerazo', abriese el jueves la caja de los truenos tras informar a la Casa Real de sus intenciones. Una «metedura de pata» a ojos del Gobierno porque deja al actual jefe del Estado entre la espada y la pared.
Por mucho que la decisión de Juan Carlos I de volver a España sea «personal», debe contar con el plácet de Felipe VI. Y al Rey no le tembló el pulso en el pasado para levantar un cortafuegos frente a su progenitor y sus escándalos para proteger la institución que comanda.
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