Plus Ultra es la pieza maestra en torno a la cual gira la imputación del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. El ex mandatario ha sido vinculado con la aerolínea por dos vías: la primera, como presunto conseguidor de la ayuda de 53 millones concedida a la compañía por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a través del Fondo para la Solvencia de Empresas Estratégicas y la segunda, por su relación con la empresa Análisis Relevante, contratada por Plus Ultra para labores de lobby y de la que tanto Zapatero como sus hijas cobraron más de 600.000 euros por realizar informes de asesoría estratégica.
El rescate de Plus Ultra, en marzo de 2021, a través del fondo gestionado por la SEPI, suscitó el escándalo en círculos económicos que cuestionaban que la aerolínea pudiera ser considerada estratégica. En aquel momento, contaba con menos del 0,1% del mercado nacional, su flota oscilaba entre dos y cuatro aviones y sus rutas eran chárter. A ello añadía una delicada situación financiera que hacía muy dudosa su capacidad para devolver el préstamo. Desde el inicio de sus vuelos nunca había tenido beneficios y entre 2014 y 2019 había acumulado pérdidas millonarias. Pese a todo, y con el recelo de los peritos técnicos, que advertían de que la empresa llevaba un año en causa de disolución, la ayuda fue aprobada por el Consejo de Ministros, presuntamente, como señala ahora el juez, por las gestiones de Zapatero ante el Ejecutivo. Estas circunstancias consolidan el convencimiento de la oposición de que el rescate fue un ejercicio de corrupción desde el principio.
El documento confidencial que establece los términos y condiciones del préstamo a Plus Ultra estipulaba la constitución de una comisión de seguimiento integrada por «directivos de primer nivel de la compañía beneficiaria y miembros de la SEPI». Esta comisión quedaba encargada de «verificar el cumplimiento de las proyecciones del plan de viabilidad». Sus reuniones debían ser mensuales.
La compañía ha ido cumpliendo con los intereses del rescate (al 2%), pero no ha podido afrontar la devolución del principal: los 19 millones de préstamo ordinario no pudieron pagarse el pasado 14 de marzo, fecha de su vencimiento, y los expertos creen que tampoco podrá devolver en 2028 los 34 millones restantes del segundo préstamo participativo. En estas condiciones, la oposición pone en duda el celo de la SEPI en su labor de control.
El PP llegó a reclamar al Gobierno un listado de documentos e informes sobre el rescate -incluyendo el informe negativo que inicialmente realizaron los técnicos- así como su relación con Zapatero, pero el Ejecutivo negó su entrega escudándose en un real decreto de hace seis años que declaraba secretos los datos en poder del Consejo Gestor del Fondo de Solvencia.
Igualmente, el citado documento establece que el apoyo financiero se destinaría exclusivamente a cubrir las necesidades de circulante, es decir, nóminas, seguridad social, alquileres, impuestos, combustible ... Y añade, que no podría destinarse ni a otros fines ni a otras entidades.
Sin embargo, Anticorrupción y la UDEF han hallado indicios de un «uso indebido» de los 53 millones y sospechan que el dinero se ha utilizado para blanquear fondos de la corrupción venezolana. El PP cree, además, que 12 millones han sido empleados para pagar los intereses del rescate.
El acuerdo de apoyo público a Plus Ultra señala también como causa de «amortización anticipada obligatoria», el «cambio de control» de la compañía. En el caso de la aerolínea, los cambios de socios han sido muchos: en 2025, sin ir más lejos, los representantes de Snip Aviation y Flyspain, que llegaron a ser sus máximos accionistas, dejaron de ser consejeros y el control pasó a Julio Martínez Sola.
El auto del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, señala ahora a Zapatero como vértice de una red de tráfico de influencias para lograr el rescate de Plus Ultra como pieza clave para el lavado de dinero.