El PP ha identificado algunos "ámbitos prioritarios" para pactar con Vox. Son las medidas en las que menos difieren ambas formaciones. Por ejemplo, el documento promete "utilizar todas las competencias fiscales autonómicas para bajar impuestos a las familias, a los trabajadores y a quienes quieren emprender, ahorrar o acceder a una vivienda, sin otro límite que la garantía efectiva de los servicios públicos esenciales".
Es decir, una enorme bajada de impuestos. "La fiscalidad debe premiar el trabajo, recompensar el esfuerzo y facilitar el ahorro, no castigarlos", añade el texto marco. "Los españoles pagan demasiado para lo que reciben", incide el principal partido de la oposición.
instituciones de la Nación. Particularmente, nos comprometemos a proteger la separación de poderes, preservar el prestigio de las instituciones autonómicas que representemos y respetar a la Jefatura del Estado.
También plantea "reducir desde el ámbito autonómico la burocracia que asfixia a autónomos y pequeños empresarios", así como "simplificar trámites y a no poner ni una traba más de las estrictamente necesarias". "Nos comprometemos igualmente a no levantar barreras regulatorias entre comunidades autónomas que fragmenten la unidad de mercado y perjudiquen a quienes arriesgan su patrimonio para crear empleo".
Un ámbito fundamental para que el PP seduzca a Vox es el campo. Esto es lo que dice la propuesta: "Defendemos a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores frente a la sobrerregulación y las políticas que encarecen sus costes y ponen en riesgo su viabilidad". "El campo es competitividad, empleo y equilibrio territorial. Desde el ámbito autonómico impulsaremos medidas de simplificación administrativa, apoyo productivo y defensa de nuestros productores frente a la competencia desleal", insiste, sin concretar.
El segundo pilar de carga de Vox es el negacionismo climático. En ese punto, el equipo de Feijóo pone negro sobre blanco que "rechaza" las "políticas climáticas que destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan a la industria". "Nos comprometemos a defender desde el ámbito autonómico un mix energético completo, que incluya la energía nuclear, y a no aceptar cierres ni prohibiciones que comprometan la competitividad de nuestras empresas y el bienestar de las familias".
Violencia doméstica o machista
En el apartado inmobiliario, la promesa es "un shock de oferta: más suelo, menos burocracia urbanística, plazos más cortos y movilización del suelo público disponible. Facilitaremos el acceso de los jóvenes a la propiedad con las herramientas fiscales a nuestro alcance.
En un intento de propiciar el acuerdo con Vox, el PP habla en su documento de "violencias", y al enumerarlas cita la violencia "doméstica" -como la llama la formación de Abascal-, además de la violencia "machista" -de la que sí habla el PP-.
"La condena de toda forma de violencia debe ser inequívoca. Cualquier acuerdo rechazará expresamente las violencias políticas, terroristas, machistas, domésticas o de cualquier clase. Todas ellas las combatiremos con todos los recursos e intensidad que sea posible, y hacerlo exige también prescindir de cualquier partida que se haya demostrado inútil o contradictoria con este objetivo.
Otro de los aspectos clave de esta suerte de programa marco es la mano tendida a Vox para cercenar subsidios. Lo que Vox llama "paguitas". Pero, eso sí, sin dejar de "promover una solidaridad activa entre personas, especialmente hacia los más vulnerables". "Esto pasa por hacer un ejercicio de distinción entre las personas necesitadas y las aprovechadas. No perpetuaremos un sistema de subsidios en el que la gente trabaje para sostener a quien haya demostrado que no quiere hacerlo".
Inmigración y educación
Más allá de la clara discrepancia sobre la acogida legal de menores inmigrantes no acompañados, no parece que vaya a haber demasiados escollos para pactar las líneas maestras sobre inmigración: "España ha perdido el control de su política migratoria. La inmigración irregular ha alcanzado niveles intolerables y el Gobierno responde con regularizaciones masivas que transforman la irregularidad en un derecho. Esto es profundamente injusto con quienes han seguido las vías legales y se han esforzado por integrarse, y lo es también con los ciudadanos que ven cómo se deterioran la convivencia y los servicios públicos en sus barrios y municipios".
"Defendemos que quien venga a trabajar y a respetar nuestras leyes debe ser bienvenido, y que quien cometa delitos graves o haga de la delincuencia su forma de vida debe ser expulsado. Exigimos al Gobierno de España que controle las fronteras, que ejecute las expulsiones y que cuente con las comunidades autónomas antes de imponer decisiones cuyas consecuencias no asume", añade el texto.
Para incentivar la natalidad, el PP quiere convencer a Vox con "medidas fiscales y de servicios sociales que ayuden a las familias a tener los hijos que deseen, a prestigiar la maternidad y a reivindicar el papel fundamental del padre, eliminando las trabas que penalizan a las madres y a los padres en el acceso y mantenimiento del empleo".
Y en educación el documento subraya que "son los padres quienes deben decidir sobre la educación de sus hijos y su formación moral, conforme a la Constitución". "Nos comprometemos a impedir que las aulas se conviertan en espacios de adoctrinamiento ideológico, protegiendo la libertad de pensamiento de alumnos y familias". Es una frase que apela claramente a Vox.
En Extremadura, Aragón, Castilla y León o en Andalucía, el PP seguirá "promoviendo la prohibición del burka y el niqab como negación simbólica y práctica de su libertad".
En sanidad, lo que promueve el PP es "reforzar desde el ámbito autonómico la planificación de profesionales sanitarios, ampliar las plantillas allí donde más falta hacen y aliviar la sobrecarga que hoy soportan los equipos, especialmente en Atención Primaria".