- IGNACIO DEL CASTILLO
- Análisis. Lecciones francesas para las 'telecos' europeas
- El Gobierno español se opone a que la Comisión Europea vete a la china Huawei
Telefónica, Orange o Vodafone calculan que el coste real de reemplazar los equipos de los fabricantes chinos duplicará los entre 17.000 y 21.500 millones de euros previstos por Bruselas.
Los operadores de telecomunicaciones europeos están enmendando la plana a los cálculos de la Comisión Europea (CE) a la hora de cuantificar el coste estimado de sustituir los equipos de los proveedores chinos de telecos, como Huawei y ZTE, de todas las redes fijas y móviles de la Unión Europea (UE), tal y como exige el proyecto de la nueva ley de Ciberseguridad europea (Cibersecurity Act II o CSA2). La CE considera que los proveedores chinos representan un "alto riesgo" para la seguridad nacional de los países europeos por estar subordinados al Gobierno chino.
En enero pasado, cuando la CE presentó su proyecto CSA2, estimó el coste global del reemplazo de los equipos chinos para todos los operadores de la UE en una horquilla de entre 17.000 y 21.500 millones de euros en un plazo de cinco años. Pero el cálculo que están haciendo los operadores europeos es mucho más preocupante, de aproximadamente el doble, puesto que su horquilla inicial va de los 30.000 a los 40.000 millones de euros, según ha podido conocer EXPANSIÓN, aunque la cifra definitiva aún tardará algunas semanas en concretarse.
Se trata, en cualquier caso, de una cifra colosal y muy difícil de asumir sin consecuencias colaterales negativas para la mayoría de las operadoras de telecos europeas que tienen problemas de rentabilidad y deudas elevadas por la fuerte competencia y las consiguientes guerras de precios así como por la necesidad de desplegar redes de fibra y de 5G.
El coste español
Fuentes del sector en España consideran que el coste para las tres grandes telecos españolas -Telefónica, Orange y Vodafone- podría alcanzar los 4.000 millones de euros si a las redes móviles de 5G se le añaden los costes de sustitución de los equipos en las redes fijas. Por comparación, Telefónica España, la operadora que más invierte en red, destinó 1.522 millones de euros en capex en 2025.
La iniciativa de CSA2 de la CE ya ha provocado una respuesta común de las telecos europeas, con un documento fechado el 12 de mayo y auspiciado por las dos grandes asociaciones del sector, la GSMA (la patronal mundial) y Connect (la asociación de grandes telecos europeas que incluye a Telefónica, Orange, Vodafone o Deutsche Telekom). En el comunicado, las operadoras arremetían contra la CSA2 y argumentaban que las medidas propuestas son desproporcionadas.
Ejercicio masivo
El documento, como adelantó EXPANSIÓN el 16 de mayo, explica que se obligaría a un ejercicio masivo de "arrancar y reemplazar" (rip and replace) equipos de proveedores chinos, lo que desviaría recursos financieros y técnicos escasos en vez de dedicarlos a la innovación y el despliegue de redes de nueva generación como 6G o redes basadas en IA. El manifiesto también alerta de los riesgos operativos de una sustitución a gran escala, ya que un reemplazo forzado y acelerado de infraestructura crítica podría causar inestabilidad operativa -averías y apagones- y degradar la calidad del servicio para los consumidores, según las telecos.
Además, las telecos cuestionan la legitimidad de la Comisión Europea para adoptar estas medidas, señalando que la seguridad nacional debe seguir siendo competencia de los Estados.
Una ley más dura
La propuesta de la nueva Cibersecurity Act, presentada por la Comisión Europea, establece un escenario mucho más estricto que hasta ahora para la presencia de la tecnología china en las redes de telecos europeas. Fija un plazo de 36 meses (tres años) tras la aprobación de la norma, para que las telecos móviles retiren los equipos de fabricantes chinos en sus redes. Eso significa que si la CSA2 se aprueba a final de este año 2026, las redes móviles europeas deberían estar libres para finales de 2029 o principios de 2030 de equipamiento de "proveedores de alto riesgo", que es como se denomina en Europa a los fabricantes chinos, principalmente Huawei y ZTE. La norma propuesta es de mucha mayor magnitud e intensidad que lo que existía hasta ahora, ya que la anterior norma de ciberseguridad, concretada en la denominada Tool Box (caja de herramientas), establecía solo una recomendación y solo para las redes móviles de 5G.
Obligación
La norma ahora propuesta ya no establece una recomendación, sino una obligación. Y no se limita únicamente al 5G, sino a todas las redes móviles. Además, su ámbito de impacto se amplía mucho, ya que también afecta a las redes fijas y de satélites. En el caso de las redes fijas el reglamento no establece un plazo fijo inmediato para sustituir los equipos chinos, sino que faculta a la Comisión a que fije el periodo de transición, que se definirá más adelante tras realizar una evaluación que considere los riesgos de seguridad, la vida útil de los componentes y el impacto económico.
Además, la CSA2 también amplía el concepto de activos clave más allá del nodo central de la red (core network), hasta incluir la red de acceso por radio (RAN), los sistemas de gestión de red y las funciones de transporte y transmisión -las grandes redes troncales y regionales de fibra-.
El Gobierno español se posiciona en contra del veto a la china Huawei
El Gobierno de Pedro Sánchez también se manifestó públicamente en contra de la CSA2 el pasado martes 9 de junio, durante el consejo europeo de Telecomunicaciones, como adelantó EXPANSIÓN el 10 de junio pasado. En esa cita, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, señaló que "no puede ser que los Estados miembros no tengan ningún papel en la definición de las cadenas de suministro de nuevas tecnologías que afectan a la seguridad nacional". Esta postura de España se opone, por tanto, a que la definición de proveedor de alto riesgo se haga a nivel supranacional, desde la CE, al considerar que deben ser los estados nacionales los que decidan a quien declarar proveedor de riesgo, ya que eso afecta a la seguridad nacional.
España, que tiene el Gobierno más cercano políticamente a China de la Unión Europea -con numerosas visitas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de otras autoridades del Ejecutivo o del PSOE en los últimos años al gigante asiático-, se ha negado a considerar proveedores de alto riesgo y vetar a Huawei o ZTE, a pesar de que muchos de los países europeos lo han hecho en mayor o menor grado. De hecho, Pedro Sánchez ha mencionado en diferentes ocasiones a los proveedores chinos como por ejemplo Huawei, entre los socios para el desarrollo del 5G en España.
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