El constructor José Ruz, Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos en un fotomontaje. Arte EE
Tribunales Las trampas en el Ministerio de Ábalos para beneficiar a empresas: tachones en el pliego y citas incompletas de normasUn informe de la IGAE entregado al juez de la Audiencia Nacional detecta irregularidades en la adjudicación de varios contratos bajo sospecha del Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos.
Más información: La Intervención cree que el Ministerio de Ábalos favoreció a empresas con una fórmula que "distorsionó" la valoración
Javier Corbacho Publicada 16 marzo 2026 02:14hLas claves nuevo Generado con IA
Tachones en documentación oficial, fórmulas de cálculo que "distorsionan" las ofertas presentadas a una adjudicación pública, citas incompletas de normativa...
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha detectado diversas maniobras extrañas —más bien, lo que parecen trampas— en el seno del Ministerio de Transportes, cuando lo encabezaba José Luis Ábalos, a la hora de adjudicar ciertos contratos millonarios.
Así lo plasma la IGAE en un informe. El análisis fue encargado en septiembre de 2025 por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor de la causa conocida como caso Ábalos y en la que se investigan graves delitos de corrupción.
Tras la renuncia del exministro de Transportes a su acta de diputado, el procedimiento ha retornado a la Audiencia Nacional, donde continúa su tramitación. El informe de la IGAE ya está sobre la mesa del actual instructor del mismo, Ismael Moreno.
Una parte de la causa se refiere, precisamente, a supuestos amaños en adjudicaciones de Transportes en favor de determinadas empresas, a cambio del pago de comisiones ilícitas.
Los técnicos de la Intervención que han realizado el informe, adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, han puesto al descubierto lo que parecen irregularidades en la concesión de ciertos contratos de obra pública.
En concreto, el informe de la IGAE menciona el empleo de una fórmula novedosa para puntuar las ofertas de los licitadores que no hacía sino "distorsionarlas".
Ábalos contrata como abogado a Marino Turiel, quien elaboró su querella contra las autoras de la auditoría de TransportesAdemás de la falta de justificación para su elección, de manera inédita, en ciertos contratos, los interventores destacan que, en el pliego de una adjudicación, la fórmula empleada hasta entonces aparece tachada y sustituida por la nueva.
Ese cambio de criterio favoreció a la constructora Levantina en la adjudicación de una licitación de la Dirección General de Carreteras por importe de 60 millones de euros, más un modificado posterior de otros 9,7 millones más.
Levantina es propiedad de José Ruz, quien, como desveló EL ESPAÑOL, se reunió en varias ocasiones con Koldo García, el principal asesor y mano derecha de Ábalos. Existen imágenes de dichos encuentros, captadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Ruz, además, habría pagado dinero a otro de los investigados por esta supuesta trama de corrupción, Víctor de Aldama, considerado el conseguidor de la misma.
Según la investigación, el dueño de Levantina transfirió 50.000 euros a una de las empresas de Aldama un mes después de que, en julio de 2019, se publicara la licitación de las obras de la autovía A-12. Es decir, la misma en la que, para adjudicarla, se empleó la novedosa fórmula de cálculo.
Sobre la misma, la IGAE señala que permitió "incrementar notablemente las diferencias en puntuación de los criterios basados en juicios de valor, haciendo muy difícil que el [licitador] que ha obtenido la mejor puntuación en juicios de valor no sea el adjudicatario".
"No se alcanza a ver qué justificación tiene la aplicación de la indicada fórmula, que permite que diferencias pequeñas, que siempre son más fáciles de justificar por el valorador, se transformen en diferencias elevadas", exponen los interventores en su informe.
De hecho, la IGAE realizó una simulación para descubrir cuál hubiera sido el resultado si se hubiera empleado y concluyó que, sin esta alteración, la UTE finalmente adjudicataria (Torrescámara, Ortiz y Levantina) no solo habría perdido el contrato, sino que ni siquiera habría sido la segunda mejor oferta.
Costes... ¿imprevisibles?
Pero ésa no es la única irregularidad detectada. Las aparentes trampas no sólo afectaron a los pliegos iniciales de la adjudicación, sino que, según parece, se extendieron a los sobrecostes.
En el proyecto de soterramiento de la red ferroviaria de Murcia ciudad, adjudicado en 2019, la IGAE detectó que, al proponer una modificación del contrato —un sobrecoste— la Administración citó el anexo del pliego de forma sesgada.
A la hora de aceptar la llamada Modificación nº 1, se omitió la referencia que prohibía superar ciertos umbrales, recogidos tanto por una directiva europea como por la Ley 31/2007.
Al omitir este límite legal en los informes técnicos, la Administración permitió un modificado de 14,5 millones de euros que superaba, y por mucho, los 5,5 millones permitidos. Es más, casi lo triplica.
Ese incremento respondió a las denominadas "modificaciones no sustanciales". Ahora bien, a esta cifra hay que sumar otros 17.454.637 euros de sobrecoste, justificados por circunstancias sobrevenidas e imprevisibles.
Esta tarea —en concreto, el tratamiento de suelos contaminados por la obra— ya constaba en la memoria original del proyecto, aunque sin valorar. Por ello, la IGAE concluye que "difícilmente puede ser imprevisible".
Ángel Víctor Torres cenó en su casa con Ábalos y el constructor Ruz cuatro días antes de licitar la obra en la que le adjudicó 7M con la peor oferta económicaEn total, la Modificación nº 1, aprobada por el Consejo de Administración de Adif Alta Velocidad, alcanzó un valor de más de 30 millones de euros.
La conclusión del órgano fiscalizador es tajante: la omisión de la norma evitó que el contrato tuviera que ser resuelto obligatoriamente y, lejos de eso, permitió que la obra continuara en favor de la misma empresa bajo condiciones que incumplían la ley.
En este caso, la beneficiaria fue una UTE (unión temporal de empresas) conformada por Ferrovial, Agroman SA y Acciona Construcción SA.
El contrato para el soterramiento en Murcia, por valor de 158,8 millones de euros, se adjudicó el 24 de mayo de 2019 a dicha UTE.
Tras la Modificación nº 1, el precio se elevó a más de 190 millones de euros (IVA excluido). Un segundo sobrecoste (Modificación nº 2) le añadió 43.589 euros.
El pliego original no contemplaba ninguno de los sobrecostes. Pero, en un anexo, sí mencionaba que, de ser necesaria una modificación, ésta no podría superar los umbrales marcados por la ley.
No obstante, cuando el 29 de enero de 2020 se propone la primera modificación del contrato, se cita de forma incompleta el anexo anterior. Y eso permitió que el contrato no se resolviese, como así lo marcaba el anexo a los pliegos, en base a la ley.
El informe de la IGAE revela, a su vez, lo que parece una cuidadosa obsesión, por parte de Transportes, por no alcanzar el 20% de incremento en los precios de los contratos al plantear una modificación de los mismos.
El Gobierno canario de Torres también dio un contrato al constructor del 'caso Koldo' inflando la valoración subjetivaEste porcentaje es la frontera legal que obliga a solicitar dictamen al Consejo de Estado, un órgano consultivo que habría auditado los motivos de los sobrecostes.
En la remodelación del Puente del Centenario de Sevilla, la modificación se fijó en un 19,02%. En la Autovía A-68, tras dos modificados, la cifra se ajustó al 19,98%. En el caso del soterramiento en Murcia, de 19,72%.
Tanto Koldo como Ábalos y Aldama están siendo investigados en la rama del caso centrada en los supuestos amaños de obra pública.
No son los únicos en esa pieza. También lo están el exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pellegrini y los directivos Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel.
- Sevilla (Municipio)
- Murcia (Municipio)
- José Luis Ábalos
- Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana
- Koldo García Izaguirre
- Caso Koldo