El presidente del Gobierno llegará a 2027 en condiciones adversas pero no insalvables para revalidar la investidura. La legislatura que comenzó en 2023 se ha desarrollado bajo la máxima fundacional de su mandato: «Vamos a gobernar con determinación (...) con o sin el apoyo del legislativo». El que se haya llevado a término casi en su literalidad supone una mutación de facto de una democracia parlamentaria hacia otra de tipo presidencialista sin que nadie lo haya votado. España es hoy un país que se gestiona por decreto, en minoría y sin presupuestos. Es decir, desde el Ejecutivo y con una participación decorativa de las Cámaras que representan la soberanía nacional. La voluntad férrea de Pedro Sánchez es fuente de poder suficiente.
La corrosión institucional de este desafío ha incorporado un tipo de corrupción específica. Se deriva de declarar la guerra a la parte de la Administración fuera de control. Desactivado el legislativo, al pilar judicial del Estado se le identifica en el marco discursivo del Gobierno como enemigo de la Democracia. Sólo se salvan quienes participan de forma activa en el boicot a la alternancia, revestido en lenguaje oficial como «lucha contra la ultraderecha».
Ahí está el caso del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, cuya condena se origina en el uso de la Agencia Tributaria o la propia Fiscalía para atacar a una rival. Con todo, el ejemplo más palmario es el llamado caso Fontanera, un entramado nacido del psicodrama victimista del presidente durante su encierro en abril de 2024 y que se ha revelado como una cloaca de acoso y derribo a cualquier funcionario público que investigue al presidente. Así las cosas, Sánchez cuenta con tres balas para apurar sus opciones:
LA ECONOMÍA. Los vientos de cola son intensos. Los últimos datos de empleo están despejando los nubarrones que se formaron con la guerra en Oriente Próximo. El Gobierno ha elevado con razón la previsión de crecimiento al 2,6%, lo que supone una desaceleración mínima respecto a años anteriores. Los servicios de estudio principales la revisarán al alza en breve.
Salvo por la vivienda y la inflación, que no son poca cosa, Sánchez se beneficia de los buenos números macro, mientras que las administraciones autonómicas apechugan con los problemas micro generados por la falta de coordinación y reformas de calado, y del impacto sobre los servicios públicos del incremento de población. La disociación ideológica entre la marcha de la economía en general y la personal está matizándose. Los votantes del PP que creen que la situación es mala o muy mala han caído diez puntos desde 2023. La faltriquera de Hacienda está repleta tras encadenar años de recaudación récord.
EL MURO. Después del ciclo autonómico, el tablero electoral ha quedado oficialmente dividido en dos bloques separados por un muro que el presidente estableció en su discurso de investidura. Una profecía autocumplida. Las elecciones de 2027 serán binarias sí o sí. El presidente ha barrido el centro. Aunque el espacio electoral del PP está asumiendo sin traumas los pactos con Vox, queda por ventilarse el poder movilizador de las propuestas radicales de Santiago Abascal y su efecto magnético para Alberto Núñez Feijóo, que apunta maneras en materia de familia e inmigración.
El marco de esta derivada se ve reforzado por la eficaz posición internacional del propio Sánchez como antagonista de Donald Trump. Nunca ha tenido el presidente una valoración tan alta (4,81) y jamás ha abierto tanta brecha con Feijóo como en abril de 2026, justo después del ataque a Irán y su negativa a ceder las bases españolas para la operación militar. Siguiendo los pasos del canadiense Mark Carney, cada enfrentamiento con el líder MAGA supone un impulso a sus posibilidades.
LA JUSTICIA. Para hacer frente a la corrupción, el presidente del Ejecutivo no necesita asaltar el Poder Judicial. Le basta con destrozar su imagen. Es ahí donde desarrolla con mayor determinación su blindaje. El Gobierno ha establecido una doble coraza con la que trata de minimizar el impacto reputacional de las pesquisas judiciales y, a su vez, azuzar a su militancia. El escudo más endeble se construye a base de reinterpretar casi a diario la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la jurisprudencia del Supremo sobre las investigaciones penales.
Las evidencias no existen si afectan al Gobierno. Todo lo que no sea la detención in fraganti del sospechoso en la comisión del delito (y aún así habría que verlo) no es una prueba de nada, sino sólo un indicio que, debidamente desbravado en los medios oficiales, decae en sospecha infundada o directamente a maniobra golpista de algún juez fascista. La responsabilidad política queda diluida en la cháchara tertulianojudicial.
El segundo blindaje consiste en volcar la atención en alguna arista del proceso para orillar el fondo del caso de corrupción. En el juicio de Ábalos, se pone el foco en la celeridad de la condena y se oculta que ésta sólo fue posible porque lo juzgó el Supremo gracias a que Sánchez lo rescató como diputado. Se compara de forma falaz lo abultado de la suma de las penas de prisión con la de los asesinatos etarras, cuando éstos reciben condenas de miles de años. Y, por cierto, se les excarcela a cuenta de los pactos con Bildu.
La investigación contra Zapatero se vende como una supuesta venganza de Donald Trump contra Sánchez por la aportación de una grabación desde Estados Unidos y se ignoran las contribuciones de las fiscalías suizas y francesas o el uso palmario por parte del ex presidente de empresas pantalla para cobrar comisiones. Se llenan tertulias con los desbarres del juez Peinado soslayando que la mayoría de sus decisiones están refrendadas por la Audiencia. Las relaciones escandalosas de la jefa de la Guardia Civil o de la Fiscalía con una trama que persigue a sus subordinados se caricaturizan de forma infantil: «Sólo se tomaban dos cafés». El objetivo es atacar a los investigadores a la vez que se victimiza a los sospechosos.
La transmisión de esta estrategia a través del ecosistema de medios en los que TVE juega el papel central resulta efectiva. Por grotesco que parezca, decenas de periodistas afectos al Gobierno claman estos días contra las «filtraciones» como si el mismísimo trabajo de los periodistas no fuese otro que el que sus fuentes les filtren exclusivas.
Las encuestas del CIS, el El País y en La Vanguardia que apuntan a la pérdida de confianza de los ciudadanos en la Justicia han sido exhibidos por el Gobierno con golpes en el pecho como el despertar de la ciudadanía, en lugar como lo que son: el resultado de una estrategia diseñada para alterar la percepción de la imagen de los jueces.
¿SÁNCHEZ 2031? Con todas estas cartas sobre la mesa, el bloque de la derecha lleva una ventaja de entre diez y doce puntos. Aunque Sánchez haya demostrado ser ultracompetitivo en campaña y los errores no forzados de Feijóo sean tradición, la práctica desaparición de la izquierda no nacionalista en favor del PSOE no suma lo suficiente. Eso es tan cierto como que toda la retórica de laboratorio del Gobierno resulta ineficaz ante la contundencia de algunos aspectos indelebles de la realidad. No hay truco de ilusionismo que difumine el brillo obsceno de las joyas de un collar de esmeraldas de Zambia.