El Foco
'Lawfare', (del derecho y del revés)Hablamos de dos vertientes que a veces se confunden: la que remite a la judicialización de la lucha partidista y la que desvela procesos que criminalizan movimientos políticos
Regala esta noticia Añádenos en Google Ilustración. (Higinia Garay)Pedro Oliver Olmo
Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha
19/07/2026 a las 00:04h.La textura del 'lawfare' (utilización abusiva de procedimientos legales) parece judicial, pero sus profundidades son políticas. Una palabra que se hizo visible con las causas ... judiciales abiertas contra Podemos está ocupando el espacio público a golpe de procesos abiertos contra el entorno de Pedro Sánchez. Sin embargo, el 'lawfare' adquiere un tono diferente cuando se relaciona con la represión de tipo político. Hay muchos ejemplos en nuestra historia democrática, pero el más trascendente nos lo dio la instrucción y la sentencia del Tribunal Supremo contra políticos y activistas del 'procés', un episodio con miles de secuelas que obligó a reabrir un debate que parecía cerrado acerca de la existencia o no de presos políticos en un Estado democrático y de derecho.
Pero a mi juicio no es en el tablero partidista donde está lo más relevante del debate, aunque ocupe noticiarios, tertulias interminables y un reguero de enfrentamientos virtuales en redes sociales. El 'lawfare' desvela una vez más cierta discrepancia de fondo realmente trascendente para el futuro de la cultura política democrática: la que enfrenta a quienes niegan que la democracia pueda coaccionar y reprimir políticamente con los que denuncian que el cumplimiento formal de los procedimientos no garantiza por sí mismo la ausencia de efectos coercitivos y represivos. Una posición favorece el acatamiento y la confianza en las instituciones y otra impulsa la crítica y la movilización. ¿Quién gana? Las encuestas están detectando un creciente recelo ciudadano hacia la Justicia.
Esa discrepancia de fondo no es nueva. La historia del Estado liberal demuestra que ambas maneras de entender la legitimidad del sistema democrático se enfrentan constantemente cuando se trata de afrontar la gestión del conflicto social y la disidencia política. Lo bueno de todo esto es que el debate del 'lawfare' está abriendo reflexiones que ponen en valor la necesidad de un mayor garantismo democrático (aunque seamos escépticos, pues el corporativismo y el conservadurismo del sistema judicial no ayudan a legislar para la prevención de esas malas prácticas). Y lo malo es que, frente a este debate, se posicionan las visiones formalistas de la democracia, las que niegan cualquier relación del sistema democrático con eventuales reacciones represivas con fines políticos, y las que no quieren ver el 'lawfare' como la consecuencia extrema de una doble problemática que en España se está agudizando desde los tiempos de la represión del 'procés': la judicialización de la política y la politización de la justicia.
Reprimen los regímenes autoritarios y reprimen las democracias. No es un problema de casos aislados
La idea de que la represión política es un rasgo exclusivo de las dictaduras no resiste la evidencia histórica. Reprimieron los regímenes autoritarios y reprimen las democracias. No es un problema de casos aislados. Para interpretar esa lógica debemos entender sus mutaciones, sobre todo las de nuestra era digital: ¿cómo explicamos que en la democracia securitaria actual esté adquiriendo relevancia la burorrepresión, es decir, el uso del aparato administrativo para sancionar la protesta social y política? Podría decirse que la 'ley mordaza' está instaurando un régimen sancionador que hace posible una especie de 'lawfare' policial y gubernativo, un 'lawfare' del revés. Convierte de facto al policía en juez y parte. Desplaza muchos procedimientos sancionadores desde el ámbito judicial (con sus garantías y el principio de presunción de inocencia) hacia el administrativo, donde la palabra del agente goza de presunción de veracidad y la carga de la prueba recae sobre el sancionado.
Con todo, su uso político no se explica solamente por la acción policial. En esta modalidad represiva que tanto crece dentro de los sistemas democráticos se entrelazan presiones y actuaciones de instituciones y entidades diversas -policías, administraciones, empresas de datos, redes sociales y medios de comunicación- que producen efectos criminalizadores y represivos, aunque ninguna de ellas los reconozca expresamente. Y ahí, claro, juega también su papel el 'lawfare' a secas, el de algunos jueces.
Esto no es exclusivo del siglo XXI, hasta los obreros del XIX conocieron mecanismos semejantes. La sanción gubernativa que redactaba un policía se combinaba con el veto laboral, el chivatazo patronal y el fichaje de huelguistas. La diferencia es que la represión administrativa ocupaba un lugar secundario respecto de otras formas más duras. Aquellos procedimientos disciplinarios siguieron vigentes durante el siglo XX, hasta hoy; pero sistemáticamente la sanción administrativa se ha ido extendiendo sin que se note demasiado. Christian Davenport ha mostrado que las democracias tienden a desarrollar modalidades de represión menos visibles porque necesitan preservar su legitimidad. Una democracia que reprime necesita, sobre todo, que no parezca que reprime. Y la burorrepresión cumple muy bien esa función.
El 'lawfare' subyace en la lógica de la represión política que ha atravesado las épocas históricas. Con formas jurídicas cualquier tipo de 'lawfare' queda entramado en redes de poder que ejercen una coerción política inaceptable contra supuestos enemigos políticos. Sostener esto no es equiparar democracias y dictaduras. Reservar la idea de represión política para los regímenes autoritarios quizás esté otorgando a los malos mandatarios democráticos una coartada fácil de justificar a base de neolenguajes tramposos.
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